18
Sun, Apr

Caso Guadalupe: “Ha muerto una mujer, por violencia del estado”

Carta de lectores
Tipografía

Cristian Hugo Pettorosso, abogado penalista, escribe tras la noticia publicada en el dìa de ayer sobre la iniciativa de la familia de Guadalupe de formularle cargos al ex juez Jorge Videla.

 

Sr. Director:

Ha muerto una mujer, por violencia del estado.

Procuraré ser, en intento, escueto y sencillo en la redacción de este pensamiento, de este ensayo que anhela sanidad institucional, para que la mayor cantidad de personas pueden alcanzar a comprender, sin tantos tecnicismos legales, la dimensión -la real, no la aparente- del grave problema que tenemos en las estructuras de Justicia en esta provincia.

Hubo violencia, que la ejerció en forma primaria un femicida, quien ya no puede ser juzgado porque está muerto; y luego, no mucho más tarde, sucediera otro tipo de violencia, la más peligrosa, la institucional, generada ésta por falta de actividad del aparato judicial, donde una mujer, Guadalupe, que ya no está de la forma habitual que conocemos, anunciaba su temor a morir, mediante denuncias penales formuladas ante la policía, que nunca fueron tramitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Esa omisión de actividad esencial del estado, garantizada en la Constitución Nacional, quitó una chance de vida.

La Fiscalía es el órgano encargado de investigar los hechos delictivos que la gente hace conocer en una Comisaría. Por todo delito de acción pública que se denuncia en una dependencia policial -por dar ejemplos, amenazas; lesiones; daños; usurpación; robos; etc.-, debe tomar conocimiento y actuar la Fiscalía penal, porque se trata de delitos perseguibles de oficio, contemplados estos en el Código Penal.

Cuando la víctima, aterrada, denunciaba ante la policía que un hombre debidamente identificado -su ex pareja- la amenazaba, la agredía; debió el órgano fiscal moverse de inmediato como se procede en cualquier delito de ese tipo; esto es, abriendo un legajo penal, “una causa penal”, para tratar el hecho delictivo desde los mismísimos mecanismos básicos que el Ministerio Público Fiscal tiene en su deber de actuación: la ley procesal penal 2784 y la ley 27372, siendo esta última una norma nacional que dota de mayores herramientas aún, y obliga a los funcionarios de justicia a velar por la seguridad de las víctimas de delitos en un amplísimo abanico de derechos.

Guadalupe ya no habla, no puede hacerlo; pero lo hizo oportunamente, en las veces distintas que denunció a su ofensor; y el Ministerio Público Fiscal no hizo nada al respecto, dedicándose tan solo esperar que desde “otra ventanilla” del edificio de tribunales, le pasen actuaciones que nunca llegaron al primer destino donde debieran haber ingresado.

Con alarma y mayor preocupación, advierto cómo algunos integrantes de la “familia judicial” -que ahora pareciera desintegrarse por el divorcio de sus principales actores- tratan de pasarse tintas unos a otros, diciendo que como las denuncias ingresaban por la Oficina de Violencia -llevadas desde comisaría, claro- nada podían saber si nos les avisaban acerca de incumplimientos a restricciones impuestas o delitos de desobediencia a ordenes del juez civil por entonces interviniente. Ello es una mentira tan grande como el dolor que dejaron por la falta de oficio público que los embarga en tan triste caso.

Pretender distraer a legos, a gente a de pie, que poco o nada sabe de cuestiones legales; implica, desde alguna mirada crítica, cierta cuota de cinismo, de hipocresía, de soberbia y de abuso del poder que la ciudadanía les otorga a funcionarios judiciales que no cumplen con su deber; que pertenecen a una estructura plagada de errores que, por comodidad, no interesa cambiarlos; al menos, si no es a fuerza de sangre, como ocurre ahora, ya tarde, cuando pasándose facturas unos a otros, y otros tantos haciéndose los distraídos o hablando sandeces con retóricas anti-penalistas para quedar bien, generan en la sociedad la peor imagen de un servicio de justicia inútil y obsoleto frente a las nuevas doctrinas -no tan nuevas- que protegen a las víctimas en forma integral, ya no solamente por virulencia en el género. El Poder judicial debe ser eficiente, ágil, dinámico y represivo ante el delito, adaptable a las necesidades que van surgiendo, con especial acento en las víctimas; dejando de lados recetas románticas del garantismo de escritorio y de la falta de calle de algunos magistrados que jamás ejercieron la abogacía libre e independiente; de lo contrario, se genera violencia, y las muertes van marchando a la par del fastidio social.

Desatender a las víctimas sistemáticamente; minimizarlas porque no son parte en el proceso penal; archivarles las denuncias sin notificarlas o simulando publicidad de notificaciones en un vidrial de pasillo del primer piso de la Fiscalía del pueblo, que no lee ni se entera nadie, más que los magistrados, funcionarios y empleados que allí laboran; negarles audiencias y hasta vulnerar a mujeres víctimizadas a extremos de no formar de inmediato legajos penales por los delitos de amenazas y lesiones enmarcados en contexto de violencia de género, además de arbitrario, es a todas luces ilegal; y merece ello adecuada mensura.

Va de suyo, a ningún operador jurídico escapa, que pueden formarse legajos penales de paralelo al expediente de violencia que tramita en un proceso ley 2785. Uno no excluye al otro; pero desde algún prisma, se observa -parece- que se optara por la “ley del menor esfuerzo”, que se traduce en la práctica, en la mala praxis que enquista nuestro sistema, en menos expedientes que significan menor actividad; y esa merma de trabajo, como explicara, probablemente restó una oportunidad de vida a Guadalupe.

Pasaron años que todo fue igual, y para peor, ante la mayor demanda de la ciudadanía, fueron surgiendo interrogantes que maduran de propio peso: ¿nadie se dio cuenta de estas deficiencias?; ¿a alguien le importó?; ¿hacen falta más velorios y movilizaciones de pluralidad de organizaciones para que algo cambie ante tanta desatención de los deberes más básicos que exige tan elevada función que es administrar justicia?

Estoy convencido que tenemos la calidad del servicio judicial que nos merecemos, en la medida que nadie haga nada para cambiar lo que sea necesario.

Los jueces y fiscales son servidores públicos, así simple. Desde el trono más alto hasta el gradación más más baja, no son más que nadie, aunque algunos -los menos- sientan lo contrario, embriagados en años de abusos de función y relaciones inconvenientes sin que nadie los denuncie ante el Tribunal Superior de Justicia; y, envalentonados por el silencio y temor reverencial de la mayoría de los mortales, que palidecen a los excesos de poder que nacen del cargo indigno del que se tratare. Sus actuares están ligados a normas y reglas de conductas establecidas al momento que juran defender las instituciones del Estado de Derecho; y, si no lo hacen, es ya responsabilidad del “consumidor” de tan preciado servicio de justicia, del justiciable, en poner puntos sobre los ies.

Ya sabemos, a partir del popular “entre bomberos no se tiran de la manguera”, no esperamos que el cambio emane desde las propias filas de la casa judicial.

Es la sociedad quien tiene el derecho y las posibilidades de movilizar, por los canales legales, una mutación de este sistema disfuncional para obtener algo mejor, para un poder judicial que sea superador de las tachas que la gente grita al descreer en esta Justicia deficiente, garantista de los derechos de amigos del poder y celosa en la reprimenda de ladrones de gallinas.

Existen procedimientos para apartar a infieles, para sanear el servicio de justicia, para sancionar a quienes no cumplen con lo que prometieran ante la sociedad cuando asumieran el cargo que tienen el deber de honrar cada día, en cada audiencia, en cada despacho; respetando a la gente.

Guadalupe había denunciado penalmente varias veces al autor de los hechos ilícitos, y las mismas veces debió el Ministerio Público Fiscal proceder al tratamiento legal de esas noticias criminosas; y no se hizo lo propio desde los engranajes fiscales; habiendo podido hacerlo.

En la verticalidad del Ministerio Público Fiscal hay responsables, y hay que buscarlos, debiéndose indagar, para que den explicaciones de sus actos o la inexistencia de estos ante un órgano que ejerce su contralor; y que esas rendiciones de cuentas en la función pública, no se agoten en la farfulla vertida ante los micrófonos de prensa, tratando de justificar lo injustificable.

He leído por ahí que la familia de la victimizada iniciará acciones legales contra un juez civil. Celebro parado la medida adoptada por el colega que asiste la defensa de sus derechos constitucionales; y. de mi humilde opinión, que sirva a quien le guste, hay tela bastante para cortar, porque el banquillo de los acusados es amplio, y quedan butacas vacías para ocupar.

Cristian Hugo Pettorosso
Abogado penalista
cel. 221 498 3076
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.