18
Fri, Sep

Sobre el municipio, el Deliberante y el polémico concurso de los seguros

Carta de lectores
Tipografía

Ariel Domínguez escribe sobre el cuestionado concurso de precios para los seguros de la Municipalidad y sus consecuencias legales. 

 

Sr. Director:

La ley se da por conocida
Un tema que en los últimos días volvió a marcar la serie de desencuentros entre el Ejecutivo y el Deliberante, fue el de la conflictiva contratación de Seguros Generales del Municipio, que tras algunas escaramuzas que trascendieron las paredes del municipio y llegaron a los medios, por primera vez y según lo publicitado, se implementaría (postergación mediante) por Concurso de Precios, y no como correspondería -por montos y por plazo de duración-, a través de un proceso de Llamado a Licitación Pública, como se realizó hasta ahora.

Según el postulado, que hoy oficia de título y resulta un gran disparador, "la ley se da por conocida". Esto funciona de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Desde el más encumbrado funcionario, al más humilde vecino y viceversa.

Conozcamos la ley entonces.

Para tener en cuenta, en relación a las responsabilidades que le caben a funcionarios, empleados y autoridades que se desempeñan en el ámbito municipal, conviene aclarar que el marco regulatorio, establecido a nivel local, la Carta Orgánica Municipal, (COM) implementada en el año 2009, en su Artículo 120, (Capítulo III: Departamento Ejecutivo; Sección Primera; Disposiciones Generales) en su inciso 23, establece entre los Deberes y Atribuciones del Intendente municipal, “Llamar a licitación pública y adjudicar, de conformidad con las pautas establecidas en esta Carta Orgánica y las ordenanzas que lo regulan”.

La Sección Segunda del citado capítulo de la mencionada norma, referida al Departamento Ejecutivo, bajo el título: Funcionarios del Departamento Ejecutivo, en su Artículo 136, en el cual refiere a Responsabilidades, establece: Los secretarios refrendan los actos del Intendente en materia de su competencia, sin cuyo requisito no tendrán validez. Son solidariamente responsables por los actos del órgano ejecutivo en cuya formación o ejecución intervengan. Tienen el deber de excusarse en todo asunto en el que fuesen parte interesada. Deben concurrir a prestar informes o rendir cuentas de su gestión al Concejo Deliberante toda vez que éste lo requiera, en los tiempos y formas que establece esta Carta Orgánica.

Además de lo establecido en la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, la COM, norma vigente en el ámbito local, en su Capítulo IV, referido a: RESPONSABILIDAD CIVIL Y JUICIO POLÍTICO, establece:

Responsabilidad civil de los funcionarios y empleadosArtículo 254. Los funcionarios, empleados y autoridades de los distintos órganos del Gobierno municipal, sean electos o no, son personalmente responsables por los daños causados al municipio o a terceros, por actos u omisiones irregulares en el ejercicio de sus funciones.

La Municipalidad es responsable por los actos de sus agentes realizados con motivo o en ejercicio de sus funciones y en consecuencia, previo dictamen de la Asesoría Letrada Municipal, está obligada a promover acción de repetición por todo pago que realizare como consecuencia de un reclamo administrativo o condena judicial. Este artículo no puede ser modificado por el proceso de enmienda.

En un simple ejercicio de indagación, por este y otros temas que están en discusión en el ámbito municipal, hay una serie de preguntas que quedan flotando en el aire:

- Qué resultado tendrá para la administración pública local el observado proceso de convocatoria mediante Decreto del Ejecutivo a Concurso de precios por la contratación de seguros generales, que más allá de la oportuna observación efectuada desde el Concejo Deliberante, se prosiguió en el sentido inicial, prorrogando en una instancia posterior –que hubiese sido una clara oportunidad de corregir la medida inicial-  la fecha para la presentación de los oferentes, si dicho proceso, como sería de esperar no contara con el aval por parte del cuerpo Deliberativo.

- Cuál sería la orientación posible de un dictamen expedido por la Asesoría Letrada Municipal en algún proceso vigente contra funcionario o funcionarios del Ejecutivo Municipal, considerando que en la actualidad y aún contrariando lo establecido por la normativa vigente, fue nombrado por el propio titular del Departamento Ejecutivo?

- Qué rol y responsabilidad sería atribuible al Auditor Municipal, respecto a algún caso de erogaciones efectuadas, en las cuales, además del requerido refrendamiento por parte de un Secretario del gabinete municipal, cuenten con el visado oportunamente efectuado como actual método administrativo funcional? Dicho visado cuenta como aval? Para cumplir con su función de manera cabal, debería asentar su desacuerdo de manera taxativa?

- Una vez agotadas las instancias administrativas previstas, el sistema democrático local, se encuentra en condiciones de promover el mecanismo de Juicio Político previsto en la norma local a aquellos funcionarios que hayan faltado en el ejercicio de sus funciones? 

Las respuestas a algunos de estos y otros interrogantes básicos, que son requeridas por la comunidad, en pos de la necesaria transparencia de los actos de la gestión pública, debiéramos conocerlas en el corto plazo.

Ariel Domínguez 

DNI 23015361

 

Nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.