Avanza en Diputados la declaración de alerta hídrico ambiental en la provincia de Neuquén

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Durante la reunión de la Comisión H también se emitió un despacho en minoría con el voto del FIT. El despacho por mayoría se consensuó en el marco del tratamiento de dos proyectos presentados por Santiago Nogueira y Raúl Podestá.

Con el respaldo de once diputados de siete bloques políticos, la comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable emitió un despacho por mayoría para declarar la situación de Alerta Hídrico Ambiental en todos los cursos, cuerpos de agua y acuíferos de la provincia por el término de cinco años. La propuesta fue acompañada por los bloques del MPN, UP-UNA, NE-FG, Adelante Neuquén, FRIN, Libres del Sur y FPN-UNE. En tanto, se emitió un dictamen en minoría que plantea, entre otros puntos, declarar la emergencia hídrica y contó con el voto del FIT.

El despacho por mayoría se consensuó en el marco del tratamiento de dos proyectos presentados por los diputados Santiago Nogueira (Libres del Sur) y Raúl Podestá (NE-FG), respectivamente, que proponían declarar la emergencia ambiental de las cuencas hídricas. Las iniciativas tuvieron un extenso tratamiento en la comisión y el debate contó con la participación de organizaciones ambientalistas y representantes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), EPAS, y las subsecretarías de Ambiente y Recursos Hídricos.

El presidente de la comisión, Claudio Domínguez (MPN), explicó que la iniciativa plantea la creación de un Comité de Alerta Hídrico Ambiental que funcionará en la Legislatura y tendrá entre sus funciones la elaboración de un plan estratégico integral de alerta y la priorización de obras y acciones. Indicó que el proyecto contempla la creación de un fondo destinado a la ejecución del plan estratégico y a obras de preservación y recuperación del ambiente, al tiempo que fija un régimen sancionatorio. El Comité estará integrado por un secretario coordinador técnico, un representante de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, uno del EPAS, uno del Ministerio de Producción y Turismo, uno de la Subsecretaría de Salud, cuatro representantes de la sociedad civil, dos diputados, un representante de la AIC y uno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado.

El despacho determina que si pasados seis meses desde su constitución el Comité no elabora el plan estratégico de alerta, podrá hacerlo el Poder Ejecutivo. En ese sentido, mencionó que el Ejecutivo deberá realizar un inventario del estado de situación de cada sistema de tratamiento de efluentes cloacales de las distintas localidades y hará lo propio con las urbanizaciones o establecimientos. También resaltó que el proyecto establece criterios para que actividades con un potencial contaminante ajusten la calidad de sus efluentes a los indicadores o niveles de emisión y prohíbe las descargas pluvioaluvionales y pluviales al sistema de conducción de efluentes cloacales. En otro tramo, señaló que hay 61 rubros que deberán tratar sus residuos para acceder a una licencia comercial.

Su compañera de bloque, María Laura du Plessis, destacó que se trata de un proyecto operativo, que puede ser aplicado, y dijo que el objetivo fue lograr “una herramienta útil para empezar a trabajar en el saneamiento de los ríos”.

En tanto, Nogueira expresó su conformidad con el despacho logrado y con la incorporación de varios puntos planteados en su propuesta. En ese sentido, valoró la creación de un fondo especial, la participación de organizaciones de la sociedad civil en el Comité y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas en todo el proceso.

Por su parte, Podestá consideró que la iniciativa “es un gran paso que brinda una herramienta para proteger a futuro los cursos de agua de la provincia” y manifestó que la intención de su proyecto era realizar un diagnóstico de situación y corregir el rumbo para proteger la cuenca hídrica. A la vez, reclamó el tratamiento de un proyecto de su autoría para proteger el acuífero de Zapala.

Desde FPN-UNE, Mariano Mansilla celebró la iniciativa consensuada y opinó que “se puso la lupa donde había que ponerla como legisladores”.

A su turno, Patricia Jure (FIT) propuso un despacho en minoría que plantea la declaración de la emergencia hídrica, en reemplazo del alerta; la constitución de un comité autónomo de control con la participación de organizaciones de la sociedad civil; y la prohibición de toda actividad hidrocarburífera a ocho kilómetros de los ejidos. Además, consideró que el dictamen por mayoría “deja abierta la puerta a un proceso de endeudamiento” y debería contar con fondos genuinos.