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Mon, Jul

Apelarán el fallo que ordena restituir el balneario del lago Correntoso al municipio

Foto de archivo
Judiciales
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Así lo anunció el abogado de la comunidad mapuche Paicil Antriao, Virgilio Sánchez, que criticó la sentencia del juez civil de Junín de los Andes Andrés Luchino. El magistrado concluyó que la Municipalidad de Villa La Angostura probó que es la propietaria del predio.

 

El abogado Virgilio Sánchez, que representa a la comunidad mapuche Paicil Antriao, afirmó que apelará el fallo del juez civil de primera instancia de Junín de los Andes, Andrés Luchino, que condenó a la comunidad y los ocupantes del balneario del lago Correntoso a restituir el inmueble en un plazo de 30 días a la Municipalidad de Villa La Angostura.

El magistrado les impuso además a la comunidad Paicil Antriao y los ocupantes del predio la obligación de pagarle al municipio 58.640 pesos por los daños y perjuicios, más los intereses desde el 31 de octubre de 2011 hasta el efectivo pago a la tasa activa que percibe el Banco Provincia del Neuquén SA, y las costas del proceso judicial que comenzó en 2013, durante la gestión del exintendente Roberto Cacault.

El juez valoró a favor del municipio que acreditó con un título la propiedad del balneario, entre otras pruebas.

“Es interesante advertir que el “justo título”, que invoca el municipio, es una prescripción adquisitiva lograda contra Enrique Antriao y otros miembros de la comunidad mapuche en el marco del Decreto Ley 21.477, una ley de facto del año 1976, firmada por Jorge Videla y Arguindegui, que le permite a los municipios prescribir las tierras de los particulares a su favor con la simple firma de un acto administrativo”, advirtió el abogado de la comunidad mapuche.

“En este caso se hizo mediante el Decreto Provincial 3145/91 firmado por Pedro Salvatori, cuando fue gobernador de la Provincia”, recordó.

“Esa aberración jurídica fue convalidada por jueces de la dictadura cuando Enrique Antriao y otros miembros de la comunidad, ingenuamente creían que la justicia de esa época les daría una respuesta”, afirmó Sánchez.

“Todos esos títulos que el juez Luchino valora en su sentencia están viciados de origen y su fallo tiene el mismo temperamento de aquellos jueces de la dictadura militar genocida, que avalaron ese despojo”, sostuvo el abogado.

“Espero revertir ese fallo y si no, iremos hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, eventualmente, a los organismos internacionales”, anunció.

Antecedentes

Luchino intervino en la causa porque el juez en todos los fueros de Villa La Angostura, Jorge Videla, se excusó de entender en el expediente.

El magistrado sostuvo en el fallo que dictó el miércoles –al que LA ANGOSTURA DIGITAL accedió- que la inscripción registral del dominio del inmueble a favor de la Municipalidad de Villa La Angostura se acredita con el informe que se incorporó en el expediente.

“En el asiento registral constan los antecedentes pertinentes de donde surge publicitado que el título en virtud del cual la Municipalidad de Villa La Angostura adquirió el bien es de usucapión en los términos de la ley nacional 23.447 y el Decreto Provincial N° 1145/91 que implementaron tal régimen de regularización a favor de los entes públicos; mientras que la registración a los fines de publicitación a terceros se efectivizó mediante Minuta Administrativa N° 4 del 21/02/92 autorizada por la Escribanía de Gobierno de la Provincia del Neuquén con Entrada General N° 3852 del 18/03/92”, consignó el juez.

Mencionó que la municipalidad presentó el título suficiente mediante el cual la parte actora adquirió el derecho real de dominio en el cual sustenta la acción de reivindicación promovida.

“Sin perjuicio de que los demandados no han producido prueba alguna (más aún algunos de ellos siquiera han cumplido la carga procesal de comparecer al juicio a contestar la demanda), es evidente que respecto del lote objeto de autos no resulta de aplicación el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y la normativa nacional e internacional que garantiza los derechos de los pueblos indígenas al acceso y posesión de sus tierras”, afirmó el juez.

Titularidad

Y agregó: “Por la sencilla razón de que ha quedado ampliamente demostrado que el inmueble pertenece a la Municipalidad de Villa La Angostura (quien detenta título y modo –posesión anteriores al despojo) y no a la Comunidad Lof Paichil Antriao (hallándose acreditado que esta última posee el inmueble sólo desde el día posterior al vencimiento del contrato de concesión ocurrido el 31 de octubre de 2011, es decir que no es una tierra que “tradicionalmente ocupa” en el sentido que prevén la Constitución Nacional y el art. 2 de la ley 26.160, sino que la adquirido la posesión despojando a un tercero)”.

Dijo que en el caso bajo análisis, el inmueble objeto del pleito “evidentemente no se trata de una tierra que la Comunidad Lof Paichil Antriao tradicionalmente ocupa, sino por el contrario quedó acreditado que estaba siendo pacíficamente poseído por la municipalidad hasta el 31 de octubre de 2011…”

“En consecuencia la acción habrá de prosperar, desestimando la petición fundada en la ley 26.160 de suspensión de la ejecución de la sentencia toda vez que no se encuentran reunidos los requisitos exigidos en la norma para su aplicación, es decir que la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”, concluyó Luchino.

 

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