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Sun, Jan

Apelaron el fallo que condenó a la comunidad Paichil Antriao a devolver un lote

Judiciales
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Con la apelación presentada por el abogado de la comunidad mapuche, quedó en suspenso la orden de desalojo que había dispuesto el juez civil de Junín de los Andes en su sentencia. El lote se ubica en el barrio Epulafquen, en cercanías de la Hosterìa La Posada. 

 

El abogado de la comunidad mapuche Paichil Antriao, Virgilio Sánchez, apeló el fallo que el juez civil de primera instancia de Junín de los Andes había dictado el 22 de octubre pasado, que condenaba a la comunidad, junto con Saúl Quiroga, Susana Sepúlveda y demás ocupantes a restituir en 10 días un terreno ocupado a los propietarios, bajo apercibimiento de ordenarse el desalojo y una multa en caso de incumplimiento.

“Apelamos y se concedió el recurso con efectos suspensivos. Así que el desalojo que estaba ordenado en la sentencia quedó suspendido hasta que resuelvan las instancias superiores”, explicó el abogado.

Comentó que en su caso representa a la comunidad, “pero los efectos de mi apelación alcanzan a todos los demandados”.

En relación al fallo de Luchino, que admitió la demanda por reivindicación que habían presentado los titulares del lote, que está ubicado en cercanías de la traza de la avenida de Circunvalación, en el sector del puente sobre el río Correntoso, Sánchez lo calificó de “arbitrario”.

“Es un fallo arbitrario, porque desconoce lisa y llanamente el derecho de las comunidades indígenas”, sostuvo.

“Pareciera que para los jueces en la Constitución sólo existe el derecho a la propiedad privada, los otros derechos no existen”, afirmó.

Dijo que Luchino “no aplica el artículo 75, inciso 17, de la Constitución nacional que reconoce la Propiedad Comunitaria a las comunidades indígenas”.

Aseguró que el juez civil de Junín de los Andes además “desconoce el artículo 75, inciso 22, que incorpora los tratados internacionales en la materia, sobre todo el 169 de la OIT y, sin pudor alguno, desconoce una ley nacional de orden público, la Ley 26.160 que ha suspendido los procesos judiciales contra las comunidades hasta que se complete el relevamiento territorial”.

“Lamentablemente, el fuero civil de nuestra provincia está sustrayéndose arbitrariamente de precedentes de la Corte Suprema de Justicia e incluso de Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió Sánchez.

“Cuando llegamos a las instancias superiores terminan dándonos la razón, pero es un camino muy largo”, destacó.

“Es hora de que los jueces comprendan que a partir de la Reforma Constitucional de 1994 existen nuevos derechos que deben ser reconocidos”, recordó.

“Lamentablemente, se manejan de manera inquisitiva, como si estuviéramos en el siglo XIX. Los abogados que trabajamos con las comunidades indígenas muchas veces tenemos que hacer docencia para explicarles a los jueces el derecho que deberían conocer”, enfatizó.

El fallo

En la sentencia, que se dictó el 22 de octubre pasado, el juez recordó que Ana María Bianchedi de Terzolo y Mattana Besozzi Andrés Luis Ángel habían presentado la demanda por intermedio de un abogado contra Quiroga y toda persona que ocupara o pretenda tener derechos sobre el inmueble de su propiedad, ubicado cerca del puente sobre el río Correntoso.

En la demanda reivindicaron su derecho de propiedad sobre el lote y pidieron que se condene a los demandados a restituir el inmueble. Alegaron que son titulares del derecho de propiedad respecto del lote en cuestión y que fueron ilegítimamente desposeídos del inmueble. Después, ampliaron la demanda contra Susana Sepúlveda.

Como el juez civil de Villa La Angostura, Jorge Videla se excusó de intervenir tras haber sido recusado, la causa se envió al juzgado civil de Junín de los Andes, a cargo de Luchino.

La comunidad Paichil Antriao y las personas demandadas contestaron que Bianchedi de Terzolo, Besozzi y Ángel no eran propietarios ni poseedores del inmueble por lo que carecían de legitimación sustancial para reclamar.

Aseveraron que el lote era de propiedad de la comunidad por aplicación directa y operativa de las normas de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, Convención Americana de Derechos Humanos y otros Tratados Internacionales, así como el artículo 53 de la Constitución Provincial.

Luchino afirmó en la sentencia que quedó “plenamente acreditado” que los demandantes poseyeron el lote desde el 29 de diciembre de 1970, que son copropietarios en partes iguales, que su justo título está debidamente publicitado a terceros en el Registro de la Propiedad Inmueble desde el 18 de junio de 1973 (Escritura N° 258) y el 7 de noviembre de 1974 (Escritura N° 85).

El juez sostuvo que los demandantes continuaron ininterrumpidamente en la posesión hasta que fueron despojados por Roberto Cainzos, Alicia Antriao y Lucía Lorena Calo el 9 de febrero de 2011. Pero recuperaron la posesión el 19 de mayo de 2011. Luego, la volvieron a perder tras ser despojados por Quiroga y Sepúlveda, que habían alegado que actuaban como integrantes de la comunidad mapuche.

Dijo en el fallo que la comunidad Lof Paichil Antriao “había mencionado que el inmueble se encontraba bajo su posesión ancestral y que era de propiedad comunitaria en los términos del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, pero no produjo ninguna prueba para acreditar tal circunstancia”.

 

 

 

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