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Archivaron la denuncia contra los concejales por la licitación del transporte público

Judiciales
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Así lo dispuso la fiscalía de Villa La Angostura porque no halló elementos que permitan corroborar los hechos denunciados por Cristian Furlong contra los integrantes del Concejo Deliberante durante su actuación por la licitación del transporte de pasajeros.

 

La fiscalía de Villa La Angostura resolvió archivar la denuncia que Cristian Furlong había presentado a mediados de junio de 2017 contra los 7 concejales que aprobaron las ordenanzas de llamado a licitación pública y de preadjudicación del servicio de transporte público de pasajeros a la empresa Amancay.

La denuncia pedía investigar a los concejales por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Furlong cuestionaba el proceso de la licitación 03/2017. Según la resolución de la fiscalía, la nota que presentó Furlong para pedir a los concejales una prórroga “había ingresado antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas”.

“La nota en cuestión no hacía referencia a la adquisición del pliego respectivo, no acompañaba constancia de una que se relacionara al acto como tampoco figuraba domicilio”, indica la resolución de la fiscalía del 1 de febrero pasado.

La fiscalía consignó el dictamen del exauditor municipal Gerardo Minnaard que indicó que “el tratamiento que se dio al pedido de prórroga fue ajustado a derecho toda vez que el Ejecutivo dispusiera su contestación o el otorgamiento de la misma era de cumplimiento imposible por cuanto no refería domicilio a ese fin”.

Indicaron que Minnaard en su dictamen destacó que el pedido de prórroga por parte de Furlong “no podía ser acogido por no reunir los sitos exigidos a ese fin”.

“A partir de la información reseñada y emergente de la documentación arrimada a las presentes actuaciones no resulta dable advertir que la celeridad que se imprimió al procedimiento de licitación pública en el servicio público de transporte de pasajeros respondiera a un interés de beneficiar a un único oferente como señala el denunciante, sino más bien a la extrema necesidad de resolver la problemática social suscitada partir del abandono intempestivo de la prestación que brindaba la empresa de transportes Linsa SA”, sostuvo la fiscalía.

“Máxime si se considera que ante la primera novedad comunicada por dicha empresa de la imposibilidad económica de continuar brindando servicio de transporte y con un mes de anticipación el Concejo Deliberante dio a publicidad el proyecto de ordenanza en virtud del cual se llamaría licitación pública dando a la ciudadanía la posibilidad de registrar su oposición y manifestarse sobre contenido de la futura ordenanza que lleva el número 3227 /2017”, indicó la fiscalía.

Pedido de prórroga

“Huelga señalar que respecto al pedido de prorrogar el plazo de presentación de ofertas se expidió auditor municipal Gerardo Minnaard quién dio los fundamentos por los cuales no debió prosperar y por ende la improcedencia de suspender el procedimiento de adjudicación a quien sí cumplió con los requisitos exigidos por el decreto del Ejecutivo número 1306/2017”, señalaron.

“En dicho orden este Ministerio no vislumbra información que permite dirigir seriamente una investigación contra los concejales, que en ejercicio de sus funciones votaron y sancionaron las ordenanzas 3227/2017 y 3228/2017 y eventualmente formalizar la investigación preparatoria formulando cargos a su respecto cuando no hay indicios por el momento de que el hecho denunciado se corrobore con la denuncia propiciada”, concluyó la fiscalía.

“No restando medidas que practican y medidas pendientes de elevación es que corresponde archivar las presentes actuaciones a tenor de lo normado por el artículo 131, inciso 4, del Código Procesal Penal.

 

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