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Fri, Dec

Causa del combustible: imputados harán tareas comunitarias y donaciones para no ser juzgados

Judiciales
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El fiscal que investigó durante 2 años los hechos denunciados, propuso, junto con la defensa, el beneficio de la suspensión de juicio a prueba para 18 imputados. El juez avaló el planteo y si cumplen las pautas de conducta serán sobreseídos.


La causa por las presuntas estafas con la carga de combustible para los móviles de la municipalidad y del hospital local, que había causado enorme repercusión cuando trascendió en septiembre de 2017, no irá a juicio -por el momento- porque 18 de los 19 imputados fueron beneficiados con la suspensión de juicio a prueba.

Es decir, que deberán pagar entre 500 y 2500 pesos en concepto de donaciones a entidades de bien público vinculadas con la municipalidad o el hospital.

Deberán además hacer trabajos comunitarios, mantener su domicilio en la localidad y, por supuesto, no cometer otro ilícito. Si cumplen esas pautas de conducta, serán sobreseídos. El plazo de la suspensión de juicio a prueba va desde 1 hasta los 3 años, según la cantidad de hechos que la fiscalía les atribuye.

La defensora oficial Sol Valero y el fiscal del caso Ramiro Amaya presentaron el acuerdo ante el juez de garantías Mariano Etcheto en una audiencia, que se hizo este mediodía en el la Mutual Policial de Villa La Angostura, a la que asistieron los 19 imputados. También el apoderado legal del municipio, que es querellante en la causa, prestó su consentimiento al acuerdo.

También está imputado el exdirector municipal Gabriel Carvajal, que fue exonerado por decreto del intendente Guillermo Caruso tras un sumario administrativo que constató las irregularidades.

Hay otros 4 imputados que son empleados del hospital de Villa La Angostura y 7 acusados que trabajaban en la estación de servicio YPF Norte cuando ocurrieron las maniobras denunciadas, cuyos nombres no trascendieron aún.

Valero informó esta tarde tras la audiencia que la investigación preliminar no había estimado aún el perjuicio contra la municipalidad, el hospital y el propietario de la estación de servicio.

Un solo imputado no pudo acceder a la suspensión de juicio a prueba porque ya había sido beneficiado con una probation en una causa penal anterior.

Las denuncias se hicieron en septiembre de 2017 y la investigación preliminar, a cargo de Amaya, se extendió por 2 años y 2 meses. Las fuentes recordaron que el período investigado comprende desde julio hasta septiembre de 2017.

 

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