Fallo avala despido justificado de empleado hotelero por maltrato a compañeras de trabajo

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El juez de Villa La Angostura rechazó la demanda del trabajador despedido y concluyó que la empresa procedió de manera correcta. Valoró las denuncias que las mujeres hicieron contra el exempleado por varios hechos que rozaron, según el juez, la violencia de género. La sentencia fue apelada.

 

El juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Familia de Villa la Angostura, Jorge Videla, rechazó una demanda que un exempleado había promovido contra un complejo hotelero de la zona de Puerto Manzano que invocó la pérdida de confianza como justificación para despedirlo.

Videla validó el despido sin derecho a reclamar la indemnización por 25 años de trabajo. Consideró que es causa justificada, para que la empresa pierda la confianza en el empleado, el maltrato verbal y físico que este le propinó a un grupo de mujeres compañeras de trabajo.

El magistrado sostuvo en la sentencia que dictó a principios de este mes varias situaciones que rozan la violencia de género, porque las mujeres relataron desde comentarios inapropiados hasta situaciones de presunto acoso sexual. Las denuncias se hicieron después de que se lo despidiera al empleado en la Oficina de Violencia de Género que funciona en el juzgado local.

El fallo de Videla no está firme y el empleado despedido apeló ante la Cámara en todos los Fueros de San Martín de los Andes, que revisará la sentencia de primera instancia, informaron fuentes judiciales.

El empleado fue despedido a principios de abril de 2019, pero sin el telegrama correspondiente, sino que lo llevaron a una escribanía donde lo notificaron de la desvinculación tras 25 años de servicio para el complejo hotelero.

El hombre se negó a firmar el acta donde se lo notificaba del despido, quiso volver a su trabajo, pero ya no pudo reincorporarse.

Por eso, interpuso la demanda y reclamó el pago de 3,2 millones de pesos, más los intereses y las costas del proceso judicial, en concepto de indemnización por despido sin causa.

Alegó que se lo privó de ejercer su derecho de defensa y que, en consecuencia, que se lo despidió sin respetar el debido proceso previsto en la ley que rige los convenios laborales.

Rechazó de la demanda 

El abogado de la empresa negó los hechos que el demandante había planteado en la demanda laboral.

En la respuesta, la empresa explicó que “la relación laboral se desarrolló con normalidad hasta que comenzó a recibir denuncias de acoso, maltrato y humillaciones por parte de otras empleadas”. Mencionó que se le atribuyó al empleado presuntos comentarios sexistas, machistas y denigrantes hacia las mujeres que eran compañeras de trabajo.

El gerente de la empresa declaró que en varias ocasiones se le pidió al empleado que desistiera de esas conductas inapropiadas, pero no lo hizo. Y presentó las denuncias por escrito que le presentaron las empleadas contra el hombre.

Videla sostuvo en la sentencia que esas denuncias fueron ratificadas por las empleadas en la causa laboral, cuando fueron citadas como testigos.

El magistrado consignó en el fallo que no había denuncias hechas en la justicia contra el hombre de acuerdo a la ley 2786 que creó el régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se presentaron después del despido.

Videla sostuvo en el fallo que el demandante durante los últimos meses que trabajó para la firma “efectivamente profirió a varias de sus compañeras de trabajo un trato o bien maltrato inapropiado sostenido en el tiempo y consistente, principalmente, en comportamientos y comentarios sexistas y machistas, piropos obscenos y soeces y hasta incluso contacto físico inapropiado”. Fundó esa conclusión en las declaraciones de las mujeres afectadas.

El demandante presentó testigos que no acreditaron esas denuncias, pero el juez observó que “resulta lógico y natural que no existan otros testigos de estos episodios narrados por las trabajadoras”.

“Y es que esta clase de hechos que venimos analizando ocurren normalmente en un ámbito de mínima privacidad o, de alguna manera, escondidos o solapados de la mirada de terceros”, observó.

“Y ello no tiene otra explicación que el propio conocimiento de su autor de lo inapropiado de su accionar, del valor ofensivo y degradante de sus palabras y actos. Máxime en el marco de nuestro contexto social actual, en el cual la cuestión de la violencia de género se encuentra totalmente visualizada y entendida como uno de los grandes flagelos de nuestra actualidad”, advirtió Videla.

Recordó que al hombre se lo había apercibido verbalmente en múltiples ocasiones de lo inapropiado de su accionar y de la necesidad de un cambio en su actitud a fin de permitir el mantenimiento del vínculo laboral”.

El juez aclaró que la “pérdida de confianza invocada por la patronal se funda, conforme lo expresamente consignado en el acta notarial de notificación del despido, en las denuncias recibidas por parte de un grupo de empleadas del establecimiento y en el patrón de conducta sostenido por el empleado especialmente respecto de sus compañeras mujeres, que podría afectar la integridad física y psicofísica de las mismas y de los demás dependientes”.

“Considero que asiste razón a la demandada en cuanto los hechos debidamente acreditados y ya analizados constituyen sin lugar a dudas una injuria de suficiente entidad como para justificar su decisión rupturista”, afirmó Videla.

“Y es que los testigos dieron cuenta acabadamente de los comportamientos y comentarios sexistas y machistas, piropos obscenos y soeces y hasta incluso contacto físico inapropiado proferidos por el empleado a sus compañeras de trabajo”, enfatizó en el fallo.

Gravedad

“La gravedad de estos hechos justifica de por sí la finalización del vínculo laboral no pudiendo ser atenuada por la amplia antigüedad del trabajador ni invalidada por la falta de una suerte de proceso sumario interno que, como vimos, no resulta exigible en nuestro ordenamiento laboral”, aseguró.

“No puede lógicamente pretenderse que la empleadora tolere este tipo de situaciones, rayanas con la violencia de género, en su establecimiento ni mucho menos permanecer al margen en una situación tan delicada. Por el contrario, era su deber tomar cartas en el asunto y así lo hizo”, explicó. “Nótese que nos encontramos en una época de profunda transformación en la que el movimiento feminista se encuentra en plena lucha por el cambio del sistema patriarcal imperante siendo uno de sus estandartes la erradicación de la violencia de género”, enfatizó.

Aunque aclaró: “Si bien entiendo que no se ha configurado un caso de violencia de género, al menos en su sentido legal estricto, sí interpreto que se ha probado un trato tanto verbal como físico completamente inadecuado e inadmisible en el ámbito laboral que, sin lugar a dudas, tuvo su fundamento y resulta agravado por la circunstancia de que su autor fue un hombre mientras que sus víctimas fueron mujeres”.

“Tal comportamiento, como ya lo sostuve, no puede ni debe ser tolerado por la patronal por lo que considero que su respuesta, consistente en el despido directo practicado y analizada desde el punto de vista del derecho laboral, resulta totalmente acertada”, concluyó Videla, que rechazó la demanda y le impuso el pago de las costas, que suman más de 900 mil pesos, al empleado despedido.

 

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