Imputaron al matrimonio de empresarios y se quedan en Villa La Angostura

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El juez admitió los cargos que el fiscal le atribuyó por violar la cuarentena obligatoria, pero rechazó el pedido de la fiscalía para que se les ordene irse de la localidad.

 

El juez de garantías Juan Pablo Balderrama admitió los cargos que el fiscal Ramiro Amaya formuló contra Francisco Raúl Marseillan y Marcela Macchiavello por haber violado presuntamente la cuarentena obligatoria dispuesta por el Presidente como medida sanitaria para evitar la propagación de la pandemia causada por el nuevo coronavirus.

El defensor particular de los imputados, el exconcejal del MPN Guillermo Hensel, no se opuso a la formulación de los cargos, pero anticipó que demostrará que el matrimonio no cometió el delito que le atribuyó la fiscalía.

El juez habilitó la investigación por un plazo de 4 meses -tal como había pedido Amaya- para que la fiscalía de Villa La Angostura y la defensa demuestren sus teorías del caso, que son diametralmente opuestas.

Sin embargo, Balderrama rechazó el pedido que había hecho Amaya como medida de coerción contra los imputados. El fiscal había solicitado que se les ordene irse de Villa La Angostura y regresar a su domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Amaya alegó que hubo un abuso por parte de los imputados en las autorizaciones que habían gestionado y advirtió que vinieron de una zona donde hay circulación comunitaria del virus a Villa La Angostura, que no tiene casos positivos. Sostuvo que Marseillan y Macchiavello no están exceptuados para desarrollar tareas esenciales como para permanecer en esta localidad.

Por eso, pidió que se presentaran en 48 horas en la comisaría Primera de San Isidro, próxima a su domicilio. Y advirtió que quisieron hacer turismo.

El defensor se opuso a la medida pedida por el fiscal y la calificó de excesiva. Alegó que la mujer por su trabajo como directora de Droguerías del Sud recorre el país y Marseillan tiene obras privadas que es una actividad autorizada en la provincia de Neuquén. Sostuvo que por ese motivo pudieron circular desde Buenos Aires hasta la localidad.

Hensel sostuvo en la audiencia que se hizo este miércoles que la mujer y el hombre se hicieron los test a principios de este mes -antes de viajar- y ahora en Villa La Angostura y los dos estudios dieron negativos.

La decisión

El juez observó que en los cientos de causas que tramitaron en estos cuatro meses en Villa La Angostura por personas que fueron acusadas de violar la cuarentena, no recordaba que se hubiese pedido una medida coercitiva como la solicitada por Amaya.

Advirtió que el fiscal no brindó ninguna evidencia o información que demuestre que el matrimonio abusó de las autorizaciones para hacer turismo.

Observó que justamente el objetivo final del artículo 205 del Código Penal es evitar la propagación de una pandemia, obligar a viajar 1600 kilómetros a los sospechosos de regreso a Buenos Aires es exponerlos al contagio, cuando se hicieron dos test que dieron negativo. Y le advirtió al fiscal que la figura del “destierro” había sido abolida hace mucho tiempo.

Balderrama fundamentó su decisión de no hacer lugar al pedido fiscal, para que se vayan de la localidad y regresen a su domicilio en Buenos Aires, con el artículo 14 de la Constitución Nacional.

“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”, dice ese artículo de la Constitución Nacional.

El hecho atribuido por la fiscalía

Amaya acusó al matrimonio por el hecho que ocurrió la tarde del 14 de julio pasado. Según Amaya, los acusados violaron el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) ordenado por el Presidente en un decreto del 19 de marzo pasado. Medida que fue prorrogada por otros decretos varias veces.

Recordó que los imputados arribaron en un vehículo Volvo a la localidad y en el puesto de control de Muelle de Piedra fueron interceptados por personal policial. Explicaron que se dirigían a su vivienda que tienen en el barrio Cumelén y presentaron dos permisos que, según la fiscalía, no están dentro de las actividades exceptuadas como esenciales. El certificado del hombre indicaba que lo exceptuaba por tratarse de personal afectado a obra pública y a la esposa como persona afectada a la actividad de equipamiento médico e insumos.

Para sustentar la acusación presentó el acta de procedimiento policial, informes del municipio que consignan que la firma Droguerías del Sud, de la que Macchiavello es directora, no son proveedores del Estado municipal y un informe del secretario de Obra Públicas, Catastro, Planeamiento, Infraestructura, Medio Ambiente y Fiscalización de la municipalidad, Fabián Arévalo, que indica que Marseillan está solo registrado como director técnico en dos obras de su propiedad, no vinculado a obras pública en la localidad.

El fiscal también mencionó el acta del secuestro en la vivienda de Cumelén, cuando incautaron el sábado 5 declaraciones juradas pertenecientes a los sospechosos con las actividades exceptuadas que desarrollan, entre ellas, las dos que presentaron en el control policial cuando entraron a la localidad.

 

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