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Wed, Apr

La causa por la ocupación del camping Correntoso lleva 8 años sin definiciones

Ayer se volvió a frustrar otra instancia judicial. Foto: Confederación Mapuche Neuquén
Judiciales
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La demanda la presentó en 2013 el exintendente Cacault. El juez civil de Junín de los Andes Andrés Luchino admitió a finales de 2019 el reclamo y ordenó restituir el predio al Municipio. Pero la comunidad mapuche Paichil Antriao impugnó ante la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes, que tiene que resolver.

 

A finales de 2011, la Municipalidad esperaba poder recuperar el camping del lago Correntoso porque había vencido la concesión que se le había otorgado a Hugo Montes para que explotara comercialmente el predio.

Sin embargo, no restituyó el inmueble. Y varias familias que se identificaron como miembros de la comunidad mapuche Paichil Antriao de Villa La Angostura se instalaron en el camping. Alegaron que se trataba de un acto de recuperación de lo que consideran parte del territorio mapuche arrebatado décadas atrás por el Municipio.

A finales de 2012, el exintendente Roberto Cacault presentó una denuncia penal contra Montes y su esposa por el delito de usurpación. Y al año siguiente interpuso una demanda civil para recuperar el predio.

La causa penal se cayó porque en mayo de 2015 la fiscalía retiró los cargos contra la mujer, que fue sobreseída. Pero siguió adelante contra Montes que fue juzgado y absuelto a finales de ese año.

A la Municipalidad le queda solo la causa civil como para tratar de recuperar el camping. Esa causa es la que sigue dando vueltas desde 2013 sin definición por parte de la justicia neuquina.

A finales de 2019, el juez civil de primera instancia de Junín de los Andes Andrés Luchino admitió la demanda del Municipio y condenó a Montes y todos los ocupantes a restituir en predio en pocos días. Caso contrario, ordenaban su desalojo.

El juez le dio la razón a la Municipalidad. Sostuvo que demostró que tenía la posesión del camping y que fue desposeída. Concluyó que era la propietaria del inmueble.

Pero la defensa de la comunidad mapuche impugnó esa sentencia ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del interior de la provincia, que tiene sede en San Martín de los Andes.

El abogado Virgilio Sánchez es el apoderado legal de la comunidad y con la apelación pretende que la Cámara revoque el fallo de Luchino.

La diligencia

La inspección ocular que la presidenta de la Cámara de Apelaciones, Alejandra Barroso, había dispuesto para hacer ayer por la mañana en el camping con los abogados de las partes y el intendente Fabio Stefani y referentes de la comunidad mapuche era para sumar información antes de dictar el fallo.

Pero la diligencia se suspendió por un planteo que habían hecho el miércoles los abogados del Municipio que sorprendió a los miembros de la comunidad mapuche Paichil Antriao.

El werken de la zonal Lafkenche, que incluye a la comunidad Paichil Antriao, Florentino Nahuel, expresó su descontento con la actitud que asumió la Municipalidad. “Los abogados del Municipio sostuvieron que nosotros estábamos esperando este momento de la inspección para generar disturbios”, afirmó Nahuel. “No es nuestra forma de actuar”, aseguró.

Los abogados del Municipio, Adolfo Hugo Burgenik y Edgar Mario Bertero, plantearon el miércoles ante la Cámara de Apelaciones que la Municipalidad había “tomado conocimiento –a través de la difusión de diversas versiones periodísticas que han circulado en medios locales durante los últimos días- acerca de la posibilidad de actos de resistencia y de disturbios” al momento de hacer la inspección ocular en el camping del lago Correntoso.

Recordaron que desde el tribunal habían convocado a los abogados y al intendente Fabio Stefani para que participara de la diligencia judicial.

Por ese motivo, solicitaron a la presidenta de la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes, Alejandra Barroso, que se adoptara “las medidas de seguridad necesarias que garanticen la integridad física de quienes debemos hacernos presentes, así como también de los bienes del dominio municipal que oportunamente fueron otorgados en concesión al demandado”.

La jueza respondió en un escrito que “atento lo que surge de las manifestaciones vertidas por dicha parte y siendo que, a criterio de la suscripta, ante la inminencia de la diligencia, no se cuenta con tiempo suficiente para analizar las circunstancias que se alegan en la presentación a despacho, y, en su consecuencia, disponer y llevar a cabo las medidas que puedan resultar necesarias o eficaces, en su caso, para garantizar adecuadamente la seguridad de todas las partes y sus letrados, así como de los magistrados/as y funcionarios/as que deben llevar adelante dicha medida, es que he de disponer se suspenda provisoriamente la misma”.

Buena relación con Stefani

“En ningún momento salimos a los medios a decir nada”, afirmó Nahuel. Dijo que pedirán para cuando se haga la inspección en el camping que se incorpore el protocolo mapuche para este tipo de diligencias.

“Si vienen funcionarios judiciales y autoridades municipales, queremos que respeten a nuestras autoridades mapuches”, sostuvo. Aclaró que el protocolo es una recepción de bienvenida. "De pasar a ser legítimos dueños de este espacio (por el camping) ahora pasamos a ser usurpadores", lamentó. Y reivindicó que son los legítimos dueños de esas tierras.

Y afirmó que con el intendente “hay una relación política porque lo respetamos como autoridad política”.

“Veníamos trabajando con el intendente algunas cuestiones como instalar un tanque de agua para abastecer a las familias de la comunidad que están en el cerro Belvedere”, contó Nahuel.

“Es la primera vez que logramos colaboración de un intendente para tratar de resolver un problema que afecta a la comunidad”, valoró. “Stefani está entendiendo la problemática de la comunidad y no le escapa al problema”. Por eso, estaban sorprendidos con el planteo de posibles actos de violencia que obligó a suspender la diligencia judicial.

A todo esto, la jueza convocó a las partes a una audiencia para el 19 de febrero.