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Thu, Jun

Las tierras en litigio cercanas a la Laguna Calafate pertenecen al IPVU

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Así lo resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, en un fallo que dictó en agosto de 2015, donde anuló una Resolución del IPVU que había aprobado la cesión de lotes a integrantes de la familia Curipán.

 

El conflicto por tierras ubicadas en cercanías de la laguna Calafate, que protagonizan integrantes de la familia Curipan, se resolvió en la justicia provincial hace 3 años.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén admitió una demanda de la provincia y resolvió anular la Resolución 679 que el IPVU dictó en 2006 mediante la cual aprobó un acuerdo transaccional entre el organismo provincial y los demandados: Lucinda Oses de Curipán, Carlos Alberto Curipán y Juan Luis Curipán quienes habían recibido en propiedad exclusiva el dominio de casi 5 hectáreas.

Para el máximo tribunal de la provincia, “el IPVU al autorizar la firma del convenio transaccional, mediante la Resolución Nro. 679/06, y por medio del cual cedió en propiedad una tierra de su titularidad, de una superficie de 5 hectáreas” excedió la finalidad establecida en su ley de creación, y que le otorga la competencia para actuar.

Por eso, al declarar la nulidad las tierras en conflicto volvieron a pertenecer al IPVU. El fallo del TSJ se dictó el 12 de agosto de 2015.

Aunque la demanda se había iniciado tiempo atrás a partir de la presentación de la demanda de la Provincia del Neuquén que solicitó la anulación de la Resolución 679/06, del 7 de agosto de 2006, dictada por el IPVU.

La Provincia señaló que, mediante esa resolución se aprobó

un acuerdo entre el IPVU y los demandados, Lucinda Oses de Curipán, Carlos Alberto Curipán y Juan Luis Curipán, quienes recibían en propiedad exclusiva el dominio de 50.901,40 metros cuadrados, propiedad del organismo provincial (expediente administrativo 3967-

011863/05).

La Provincia aclaró que a la fecha de la interposición de la demanda no se había perfeccionado el traspaso de las tierras. Y mencionó los vicios de la Resolución 679/06, que “la convertían en un acto ilegítimo y lesivo a los intereses de la administración pública, porque reconoció derechos posesorios, ante una supuesta ocupación ancestral que fue con anterioridad desestimada judicialmente”.

No son comunidad indígena

La provincia alegó que los demandados no acreditaron la condición de comunidad aborigen de la familia, ni cuentan con personería jurídica que los reconozcan.

Por eso, sostuvo que el IPVU se extralimitó en su competencia y, sin cumplir en debida forma el acuerdo logrado, resulta imperiosa su anulación.

Los demandados respondieron y alegaron que cancelaron la deuda por tasas municipales. Expresaron que a pesar de dicho pago y la confección de los planos respectivos, el organismo provincial se negó a firmarlos.

Alegaron que el IPVU jamás detentó la posesión de los lotes objeto del acuerdo.

Sostuvieron que se encuentra acreditado su ocupación y la de Santos Curipán y su hijo Emilio Curipán (cónyuge y padre de los presentantes) desde veinte años antes de la creación del Estado Provincial neuquino; que la ocupación ancestral no fue el único ni el principalfundamento de la transacción.

Indicaron que acreditaron la posesión sobre los lotes en forma individual y no como una comunidad tal como afirma, sin sustento, el Decreto 1391/11. Y defendieron la legitimidad de la Resolución 679/06. Por eso, pidieron el rechazo de la demanda.

Los fundamentos

Los jueces del TSJ Oscar Massei y Evaldo Darío Moya recordaron en el fallo que el fiscal general de la provincia dictaminó que no existen dudas que la propiedad de la tierra en cuestión, es del IPVU.

Pero propuso que se convoque a las partes a una audiencia conciliatoria, que se hizo, pero no hubo acuerdo.

Massei y Moya señalaron que “conforme surge de las constancias administrativas, el inmueble en cuestión es parte de una mayor fracción que, en primer término, perteneció al

Estado Nacional (era territorio nacional) luego, pasó a manos de la Provincia del Neuquén y más tarde, fue donado al IPVU”.

“Esto es reconocido por los demandados al mencionar la autorización que el Sr. Curipán en el año 1933 recibió de la Administración de Parques Nacionales, sin perjuicio de la connotación realizada al alegar que, “obtuvo permiso para vivir en su propia tierra”, indicaron los jueces.

“Por su parte, la interposición de una acción de usucapión evidencia que los demandados reconocen que la titularidad de las tierras se encuentra en cabeza del IPVU (demandado en dichos actuados), sin perjuicio de los fundamentos, formales o materiales, que motivaron el rechazo de la pretensión”, advirtieron Massei y Moya.

“En definitiva, todo lo expuesto lleva a concluir que la Resolución 679/06 otorgó la titularidad de las tierras a los aquí demandados, en base a considerar el derecho individual de propiedad que invocaban con fundamento en la existencia de una posesión ininterrumpida desde el año 1935, de conformidad con las normas del Código Civil que regulan la transmisión de los inmuebles (arts. 577, 2601, 2602 y ccdtes. del Código Civil)”, recordaron los jueces.

“Reconocida, entonces, la propiedad de las tierras en cabeza del IPVU –conforme constancias registrales referenciadas- resulta necesario considerar la facultad del organismo para celebrar el acuerdo realizado, más precisamente, para ceder en propiedad las tierras de su titularidad”, indicaron.

No cumple los fines

“Desde esta perspectiva, cabe concluir que el negocio jurídico –cesión de tierras en propiedad- que se patentiza en el convenio transaccional, no cumple con los fines y objetivos específicos del ente. Esto así, dado que las tierras cedidas en propiedad tienen una superficie mayor que la que cabe destinar a proveer una solución habitacional a los demandados –finalidad que otorga competencia al órgano-“, observaron Massei y Moya.

“Es que aunque dentro de las atribuciones del IPVU se encuentre la de adjudicar viviendas e incluso lotes –a fin de brindar soluciones habitacionales-, se advierte que el planteo de autos –acotado a una transacción que importa ceder tierras, en una superficie mayor que la necesaria para la localización de una vivienda- excede tales facultades”, consignaron en la sentencia.

Los jueces del TSJ indicaron que el IPVU acordó con los demandados –Lucinda Oses y sus hijos, Carlos Alberto y Juan Luis Curipán- entregarles, en forma individual, la propiedad de los inmuebles denominados como remanente Lote 77 II (R1) y remanente Lote 77 II (R2) de la localidad de Villa La Angostura, “pero soslaya considerar la situación de otros pobladores; que, en el caso, son integrantes de la misma familia –Curipán- que invocan posesión ininterrumpida respecto de las mismas tierras, reeditando el conflicto y tornando ineficaz la finalidad perseguida”.

“Los vicios patentizados en la Resolución 649/06, impiden tenerla por válida, con legitimidad suficiente para generar y consolidar derechos subjetivos a los demandados, sin contemplar lo pertinente respecto de aquellos que solicitan igual tratamiento”, concluyeron los jueces del TSJ.

 

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