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Sat, Oct

Mapuches presentaron recurso para que la Corte Suprema anule un fallo que los obliga restituir un lote

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Así lo informó el abogado de la comunidad Paichil Antriao. Quieren que la Corte revoque la resolución del TSJ, que dejó en pie la sentencia del juez civil de Junín de los Andes que les ordenó en febrero del año pasado devolver el predio lindero a Puerto Elma a los dueños de La Posada.

 

El abogado de la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao Virgilio Sánchez presentó el recurso extraordinario contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén que rechazó el reclamo de los mapuches y dejó en pie el fallo que les había ordenado restituir a un particular un lote lindero a Puerto Elma, en Villa La Angostura.

La pretensión del abogado de la comunidad es que el TSJ habilite la vía para que la Corte Suprema revise la resolución impugnada y la anule.

Sánchez recordó que impugnan la resolución del 27 de julio pasado del TSJ que declaró inadmisible el recurso que habían presentado contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes.

Justamente, la Cámara de Apelaciones había confirmado en agosto del año pasado el fallo del juez civil de primera instancia Andrés Luchino, que a mediados de febrero de 2019 admitiera la demanda que Carlos Popik y TIJE SA (dueña de La Posada) habían presentado para recuperar el lote ocupado por miembros de la comunidad mapuche.

Luchino condenó a Elma Quiroga, José Miranda y la comunidad mapuche Lof Paicil Antriao y demás ocupantes a restituir la posesión del inmueble que ocupaban al propietario, en un plazo de 30 días.

El abogado sostuvo que el fallo impugnado del TSJ “ocasiona un gravamen concreto y actual a la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao por cuanto deja firme la sentencia de primera instancia que declara de propiedad privada de un particular, una parte del territorio sobre el que la Comunidad ejerce su ocupación tradicional con todas las condiciones que la Constitución Nacional (artículo 75 inciso 17) y los tratados internacionales incorporados a ella así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales1establecen para el reconocimiento de la propiedad indígena”.

Sánchez observó que las normas federales que sostienen el pedido “se invocaron expresamente en todas las instancias con anterioridad al pronunciamiento y éste fue contrario a las pretensiones sustentadas en dichas normas”.

“Sin perjuicio de ello, y aun cuando fue citada en esos términos, la ley 26.160 debió aplicarse de oficio en virtud de su artículo 6”, advirtió.

“Además, como en el caso está en juego la eventual responsabilidad del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, corresponde a la Corte federal desempeñar el papel garante del legítimo accionar del Estado”, enfatizó el abogado de la comunidad.

Antecedentes

Sánchez recordó que la causa se originó en 2005, cuando Carlos Alberto Popik inicia demanda de reivindicación contra Elma Quiroga y José Miranda.

El demandante sostuvo entonces que mediante escritura pública adquirió el lote en disputa. Afirmó que cuando intentó tomar posesión del predio no pudo hacerlo porque éste se hallaba ocupado por los demandados. Por eso, solicitó en la demanda que se le restituya en la propiedad que reclama con todos sus efectos.

Los demandados rechazaron el planteo del particular. Alegaron que como miembros de la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao han ejercido la posesión pacífica del predio durante más de 20 años por lo que, incluso de conformidad con las normas de derecho común, le corresponde la propiedad a la Comunidad en base al instituto de la usucapión del Código Civil. Y recordaron antecedentes históricos.

Sánchez recordó que se presentó la comunidad mapuche y solicitando participar del proceso judicial.

Después, se presentó Tije Inversiones .SA que alegó que era cesionaria de los derechos que Carlos Popik tendría sobre el inmueble, “aceptándose su intervención como tercero voluntario sin desligar a la actora original de su condición de parte”.

Luchino dictó el 14 de febrero de 2019 la sentencia que admitió la demanda contra Quiroga, Miranda y la comunidad mapuche.

Argumentos

Pero Sánchez advirtió en el recurso extraordinario presentado, para intentar llegar con el caso a la Corte Suprema, que quedó en claro que la comunidad invocó “el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional como garantía de la protección de la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupa”.

“La garantía internacional a la protección de las tierras y territorios indígenas, receptada en nuestra Constitución Nacional y en la jurisprudencia de la Corte Suprema, no puede encontrar un valladar en decisiones provinciales, como las de la Cámara y del Tribunal Superior, que se niegan a considerar y aplicar el derecho federal en juego interponiendo una normativa local interpretada con el mayor rigor formalista”, aseguró Sánchez.

“La segunda razón por la cual la posibilidad de que la decisión cuestionada comprometa la responsabilidad del Estado no es una conjetura abstracta, consiste en que los argumentos por los cuales el Tribunal Superior provincial ha omitido la aplicación de las garantías a la propiedad comunitaria indígena carecen de validez en el derecho internacional para impedir una denuncia contra el Estado argentino”, observó.

“La negativa de los tribunales de la Provincia del Neuquén a considerar el reclamo comunitario a la luz del derecho federal e internacional invocado transgrede una directiva ya establecida por la jurisprudencia de la Corte”, sostuvo.

Recordó que la sentencia de primera instancia del juez civil Luchino resolvió que la posesión comunitaria no resultaba “tradicional” ya que a partir de 1946 el lote originario de propiedad de las familias Paisil y Antriao fue subdividido y vendido a terceros.

“La Cámara de Apelaciones agregó a ese argumento que, como los miembros de la comunidad, Elma Quiroga y José Miranda, habían firmado un convenio de desocupación, independientemente de que lo cumplieran o no, habían reconocido los derechos de propiedad del titular registral”, afirmó el abogado de la comunidad.

“Por otra parte, en la sentencia de primera instancia se sostiene que una vez que los particulares adquirieron la propiedad de modo perfecto de acuerdo a las leyes que regían en esa oportunidad, no pueden normas posteriores revocar ese derecho sin afectar su garantía constitucional de propiedad”, recordó Sánchez.

“El argumento de que la posesión comunitaria no resultaba “tradicional” puesto que a partir del año 1946 el lote originario de propiedad de las familias Paisil y Antriao fue subdividido y vendido a terceros, no resiste un análisis serio a la luz de los principios de derechos humanos de los pueblos indígenas”, aseguró el abogado.

“En primer término la cadena de escrituras traslativas de dominio no afectó en los hechos la ocupación real de la comunidad sobre el predio”, manifestó en el recurso.

Ahora, el TSJ definirá si habilita la vía para que el recurso vaya hasta la Corte Suprema o si lo rechaza. En ese caso, la comunidad podrá ir en queja hasta el máximo tribunal del país.

 

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