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Tue, Oct

Piden a la Corte Suprema que rechace un recurso de la comunidad mapuche Paichil Antriao

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Se trata de la propiedad de Carlos Popik, en la demanda contra los ocupantes del lote lindero a Puerto Elma. El abogado de los mapuches presentó un recurso para que el máximo tribunal del país revoque una sentencia del TSJ de Neuquén.

 

El abogado y exconcejal del MPN Guillermo Hensel, que representa a Carlos Popik en la demanda contra la comunidad mapuche Paichil Antriao y los ocupantes del lote lindero a Puerto Elma, pidió a la Corte Suprema que rechace el recurso extraordinario que presentó a principios de este mes el abogado de los demandados.

Así lo solicitó Hensel en la contestación que presentó la semana pasada, tras tomar conocimiento del recurso que Sánchez había presentado para llevar su reclamo ante la Corte Suprema.

Hensel solicitó que ese recurso sea rechazado, con costas para la comunidad Paichil Antriao y los ocupantes demandados. Y sostuvo que ante la hipótetica posibilidad de que el máximo tribunal de la Nación admita el recurso para analizarlo, peticionó que confirmen la sentencia del TSJ.

Sánchez presentó el recurso extraordinario contra el fallo del TSJ de Neuquén que rechazó el reclamo de los mapuches y dejó en pie el fallo que les había ordenado restituir a Popik el lote lindero a Puerto Elma, en Villa La Angostura.

La pretensión del abogado de la comunidad es que el TSJ habilite la vía para que la Corte Suprema revise la resolución impugnada y la anule.

Sánchez recordó que impugnan la resolución del 27 de julio pasado del TSJ que declaró inadmisible el recurso que habían presentado contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes.

La Cámara de Apelaciones había confirmado en agosto del año pasado el fallo del juez civil de primera instancia Andrés Luchino, que a mediados de febrero de 2019 admitió la demanda que Carlos Popik y TIJE SA (dueña de La Posada) habían presentado para recuperar el lote ocupado por miembros de la comunidad mapuche.

Luchino condenó a Elma Quiroga, José Miranda y la comunidad mapuche Lof Paicil Antriao y demás ocupantes a restituir la posesión del inmueble que ocupaban al propietario, en un plazo de 30 días. Pero como ese fallo fue apelado, el desalojo quedó en suspenso. 

Fundamentos

Hensel sostuvo que el recurso de queja del abogado de los mapuches incumple los requisitos de fondo y forma pertinentes para acceder a la Corte Suprema, que están previstos en la normativa vigente.

Advirtió que Sánchez “no logra fundamentar la cuestión federal, sino que no puede demostrar que la cuestión cumpla con el principio de trascendencia”.

Observó que Sánchez “pretende encuadrar su disconformidad” con el fallo del TSJ “bajo el manto de una supuesta arbitrariedad, pese a tratarse de una sentencia debidamente fundada y que no se aparta del derecho legal vigente”.

“A ello debe adicionarse que de una fugaz mirada a los supuestos agravios planteados se desprende la inexistencia de una crítica razonada de la sentencia en crisis. V.E., la realidad es que el impugnante no ensaya, ni expone en su relato (plagado de falacias) una cuestión de tal naturaleza que amerite el avocamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en mérito de ello, se torna palmariamente inadmisible la apelación extraordinaria incoada”, afirmó Hensel.

No hay arbitrariedad

“En tanto no existe arbitrariedad en la sentencia recurrida, corresponde evidenciar que el presente caso tampoco atañe a cuestión federal alguna, en tanto no se justifica la existencia de crisis en la interpretación de una norma federal (Constitución, tratado internacional, ley federal, reglamento) o de un acto federal (emanado de una autoridad nacional), sino que la alegación primordial de la recurrente se enfoca en puntos de hecho, no revisables por no frustrar derecho federal alguno”, sostuvo.

“En el marco de la normativa vigente debe reiterarse que el hecho de que una parte tenga un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia, no habilita a la apertura de la instancia extraordinaria”, planteó el abogado de Popik.

“El yerro cometido por (el abogado de la comunidad) al no realizar una crítica razonada y concreta de la sentencia del máximo tribunal provincial limitando sus dichos a meras enunciaciones de normas de orden constitucional, ergo soslayando toda directa relación de sus agravios con el derecho federal no puede ni debe ser tenida en consideración en atención al carácter extraordinario del recurso solicitado”, aseguró.

Hensel concluyó que la sentencia atada por Sánchez “no resulta ni siquiera mínimamente arbitraria puesto que resguarda adecuadamente resguarda la defensa en juicio al tiempo que constituye una derivación razonada y fundamentada del derecho vigente”.

Reiteró que el abogado de los demandados “no efectúa una crítica razonada de la sentencia cuestionada limitándose a discrepar con la interpretación realizada en la sentencia”. Por eso, solicitó a la Corte Suprema que rechace el recurso de la comunidad Paichil Antriao y los ocupantes condenados.

Antecedentes

La causa se originó en 2005, cuando Popik inicia la demanda de reivindicación contra Elma Quiroga y José Miranda.

El demandante sostuvo que mediante escritura pública había adquirido el lote en disputa. Afirmó que cuando había intentado tomar posesión del predio no pudo hacerlo porque se hallaba ocupado por los demandados. Por eso, solicitó que se le restituya la propiedad que reclama con todos sus efectos.

Los demandados rechazaron el planteo del particular. Alegaron que como miembros de la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao han ejercido la posesión pacífica del predio durante más de 20 años por lo que, incluso de conformidad con las normas de derecho común, le corresponde la propiedad a la Comunidad en base al instituto de la usucapión del Código Civil. Y recordaron antecedentes históricos.

Después, se presentó la comunidad mapuche y solicitó participar del proceso judicial.

Luego, Tije Inversiones SA pidió intervenir en el litigio judicial. Alegó que era cesionaria de los derechos que Carlos Popik tendría sobre el inmueble, “aceptándose su intervención como tercero voluntario sin desligar a la actora original de su condición de parte”.

Luchino dictó el 14 de febrero de 2019 la sentencia que admitió la demanda contra Quiroga, Miranda y la comunidad mapuche.

 

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