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Piden confirmar el fallo que ordena devolver el camping del lago Correntoso al municipio

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Así lo solicitaron los abogados de la Municipalidad a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, con sede en San Martín de los Andes. Afirmaron que ni la comunidad mapuche Paichil Antriao “ni ninguno de los codemandados produjo ninguna prueba que demuestre su supuesta ocupación ancestral de la tierra de la que despojaron” a la municipalidad.

 

 

Los abogados de la Municipalidad de Villa La Angostura pidieron a los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería del interior de la provincia, con sede en San Martín de los Andes, que desestimen la apelación presentada por la comunidad mapuche Paichil Antriao y confirmen la sentencia del juez civil de Junín de los Andes, Andrés Luchino, que condenó a miembros de la comunidad a restituir el camping del lago Correntoso al municipio.

Los abogados Adolfo Burgenik y Edgar Mario Bertero, que representan al municipio en el litigio, contestaron los fundamentos de la apelación que el abogado de la comunidad Paichil Antriao, Virgilio Sánchez, interpuso en junio pasado, para que la Cámara de San Martín de los Andes revoque el fallo de Luchino.

En declaraciones a LA ANGOSTURA DIGITAL afirmaron que ni la comunidad Paichil Antriao “ni ninguno de los codemandados (algunos de ellos ni siquiera contestaron demanda) produjo ninguna prueba que demuestre su supuesta ocupación ancestral de la tierra de la que despojaron a la municipalidad y al momento de realizar la crítica concreta y razonada del fallo que los agravia, se limitó a mostrar su disconformidad y desagrado, pero sin rebatir ninguno de los fundamentos dados por el el juez Luchino en la sentencia impugnada”.

Por eso, pidieron a los jueces de la Cámara que no admitan la apelación porque observaron que “no resulta una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante entiende equivocadas”.

Manifestaron que la apelación “resulta ser una alegación histórica y política, y no una fundamentación jurídica de los errores de hecho o de derecho en los que, a criterio de la apelante”, incurrió el juez Luchino en su fallo.

Los abogados mencionaron en su contestación que la normativa nacional e internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas citada en la apelación, “no otorga un pasaporte de indemnidad para avasallar, en nombre de ella, todos los derechos –también de raigambre constitucional– de terceros”.

Recordaron que el Tribunal Superior de Justicia provincial dijo tiempo atrás: “La cuestión indígena no puede ser invocada sin más para que un grupo imponga su voluntad sobre el resto de la sociedad cuando estos otros tengan intereses legítimos e importantes en juego”.

Advirtieron que la comunidad Paichil Antriao nunca impulsó la producción de pruebas “al punto que se declaró su negligencia probatoria mediante Resolución Interlocutoria de fecha 07/08/2019”. Por eso, advirtieron que es falso “decir que el juez de la causa (por Luchino) no la consideró”.

Antecedentes del caso

Los abogados plantearon que la apelación presentada por el abogado de la comunidad mapuche Paichil Antriao no cambia lo que se probó en la sentencia de Luchino.

Y mencionó que se demostró en ese fallo que “la Municipalidad de Villa La Angostura posee el inmueble desde por lo menos el año 1951, cuando don José Victoriano Antriao cedió a favor de la Comisión de Fomento el Lote 19, surgido de la subdivisión del Lote Pastoril 9, y que desde ese momento y en adelante el predio fue destinado a balneario y lugar de recreación del incipiente pueble de Villa La Angostura”.

“Que en 1978 uno de los sucesores de Victoriano Antriao, Enrique Antriao, inició juicio de reivindicación del inmueble contra la municipalidad y esta reconvino por posesión adquisitiva, dictándose sentencia de primera y segunda instancia que rechazó la acción de reivindicación de Antriao e hizo lugar a la defensa de prescripción de la Municipalidad”, recordaron los abogados.

Citaron que en el fallo se probó que la Municipalidad de Villa La Angostura “continuó en la posesión y administrando el predio destinado a balneario y camping, por sí u otorgándolo en concesión a varias personas, ninguna de ellas mapuche con excepción de Hugo Montes; y que en 1991 finalmente se inscribió el título de dominio a nombre de la actora, en el Registro de la Propiedad Inmueble”.

Otro aspecto que, según los abogados del municipio se demostró, es que en octubre de 2011 el concesionario del camping -Montes- “incumplió con el deber de restituir el inmueble al finalizar la concesión, y que recién en esa fecha” ingresaron miembros de la comunidad Paichil Antriao “a ocupar la tierra”.


 

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