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Sat, May

Piden llevar a juicio a mapuches imputados por haber usurpado el lote de Ginóbili y Converti

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La fiscalía de Villa La Angostura consideró que existen fundamentos para juzgar a 6 integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao por el delito de usurpación.

 

El fiscal Adrián De Lillo presentó el requerimiento de apertura a juicio contra 6 integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao, que están imputados por el delito de usurpación en lotes ubicados en el faldeo del cerro Belvedere.

De Lillo hizo la presentación a finales de abril pasado porque sostuvo que las investigaciones aportaron fundamentos para someter a juicio a los imputados. Por eso, pidió la audiencia de control de acusación, que es la etapa que una causa debe superar para llevar a los imputados a juicio.

La Oficina Judicial citó al fiscal, los defensores y los querellantes para el 28 de mayo próximo a la audiencia de control de acusación, informaron a LA ANGOSTURA DIGITAL fuentes judiciales.

En una de las causas se les atribuye a los 6 acusados el hecho que ocurrió alrededor de las 13 del 23 de agosto del año pasado, cuando un grupo de más de 10 personas, algunos de ellos con su rostro cubierto, se presentaron como integrantes de la comunidad Paicil Antriao, entre quienes estaban Damián Andrés Olivero, Ángel Saúl Mellado y Andrés Leonardo Hernández, invadieron el predio de y ejercieron amenazas sobre los

8 operarios que trabajaban en el predio ubicado en la calle Traful al 940 de esta localidad. Los trabajadores habían sido contratados por Fabián Atilio Converti.

Los acusados y sus acompañantes les manifestaron a los operarios que debían abandonar la propiedad. Según la acusación fiscal, ejercieron violencia psicológica al infundir mayor temor por el número y la actitud hostil.

Ocupación

La imputación fiscal indica que después al menos cuatro de los integrantes del grupo, identificados como Daniel Esteban Paredes Malpu, Nelson Gustavo Cárdenas, Andrés

Leonardo Hernández y Ángel Saúl Mellado, ocuparon el primer piso de la obra en construcción existente en el terreno, manteniéndose en forma continua.

De esta forma despojaron parcialmente de la posesión del lote a Converti, que sin perjuicio de ello se mantuvo ocupando la planta baja de la edificación en obra, para lo cual procedió al cerramiento de ese espacio mediante la colocación de tabiques de madera en las aberturas.

La acusación fiscal indica que la madrugada del 25 de agosto de 2018, un grupo mayor a cinco integrantes, alguno de ellos con el rostro cubierto, entre los que se encontraban Lucas José Cahuimpan y Ángel Saúl Mellado golpearon y quitaron los tabiques ubicados en las aberturas, ejercieron actos de amenazas al manifestarles a los cuatro operarios contratados por Converti, que ocupaban la planta baja de la obra en construcción ubicada en ese predio, que si no se iban, prenderían fuego el lugar y que tenían fierros.

La acusación de la fiscalía sostiene que el grupo ejerció además violencia psicológica al provocar mayor temor en razón del número y actitud agresiva.

Luego, invadieron ese espacio de la planta baja al ingresar contra la voluntad de los operarios, que se marcharan del lote. Así, los imputados ocuparon el predio y provocaron el despojo total de la posesión de Converti.

 

La segunda causa

En la otra causa, sólo está imputado Paredes Malpu. En ese expediente el cuidador del terreno de Emanuel Ginóbili denunció que integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriaro lo sacaron por la fuerza del lugar.

En esa causa, Ginóbili se constituyó en querellante y es patrocinado por un abogado.

De acuerdo a la imputación de la fiscalía, Paredes Malpu formó parte de un grupo de aproximadamente 20 personas que se constituyeron el 13 de junio del año pasado en la puerta de entrada de la vivienda que ocupaba Guillermo Martínez, cuidador del predio ubicado en la calle Traful 1147 de Villa la Angostura, propiedad de Ginóbili.

Paredes Malpu y las restantes personas se presentaron como integrantes de la comunidad Paicil Antriao y amenazaron a Martínez, “al manifestarle acaloradamente que debía irse de la propiedad, toda vez que de lo contrario lo sacarían utilizando fuerza”.

Para la fiscalía, ejercieron violencia psicológica al infundir mayor temor a Martínez por la cantidad y la actitud de personas.

Mediante dicho accionar, Paredes Malpu y los restantes integrantes del grupo invadieron el inmueble y produjeron en Martínez la alarma de sufrir un daño ilegítimo, futuro, grave y serio, que lo determinó a retirarse de la vivienda contra su voluntad y junto a sus hijas menores de edad.

De ese modo, despojaron totalmente a Ginóbili de la posesión del inmueble para que Paredes Malpu se mantuviera en él.

En las dos causas, el fiscal indicó en el requerimiento de apertura de juicio que la pretensión punitiva de la fiscalía es de lograr en el juicio una condena inferior a los 3 años de prisión.

Aunque en los dos casos, la fiscalía dejó abierta la posibilidad de resolver el conflicto en un acuerdo en un procedimiento abreviado, que es una herramienta que prevé el Código Procesal Penal.

En el requerimiento de apertura a juicio, De Lillo ofreció las pruebas que sustentan la imputación y que pretende exponer en el juicio.

 

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