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Wed, Aug

Rechazan demanda contra el municipio por el canje de tierras porque no hubo irregularidades

Judiciales
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El juez Matías Nicolini, rechazó la demanda que habían presentado años atrás Natalia Antiago y Fabiana Reyes contra la municipalidad para revocar la ordenanza, que habilitó la permuta de las tierras para el loteo social. Para el magistrado no hubo vicios en la sanción de esa norma.

 

El juez Matías Nicolini a cargo de la Oficina Judicial Procesal Administrativo del Interior resolvió rechazar la demanda que Natalia Antiago y Fabiana Reyes habían presentado contra la Municipalidad de Villa La Angostura porque alegaban que la sanción de una ordenanza que permitió avanzar con el canje de tierras no había sido sancionada en cumplimiento de las normativas vigentes.

Además, el juez les impuso a Reyes y Antiago que paguen las costas del proceso judicial, lo que incluye los honorarios delos abogados.

“No encuentro configurado en la misma (por la ordenanza impugnada) ninguno de los vicios alegados por las actoras (Antiago y Reyes) tendientes a la declaración de nulidad parcial de la misma”, concluyó el juez en un extenso fallo.

El juez intervino a partir de la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que dispuso que la causa se resuelva en ese fuero.

Desde el bloque de concejales del oficialismo celebraron el fallo porque aseguraron que el proceso en el fuero provincial está finalizado. A las demandantes solo les queda la instancia de tratar de recurrir a la Corte Suprema. Enfatizaron que la sentencia cierra un conflicto que duró casi 7 años.

Nicolini es el juez de primera instancia con competencia en lo Procesal Administrativo para entender en las causas del interior de la provincia.

El magistrado recordó en el fallo –al que accedió LA ANGOSTURA DIGITAL- que las demandantes reclamaban que se declarara la nulidad parcial de la ordenanza 2830 sancionada en 2014 por entender que fue dictada en violación a lo establecido por el artículo 95, inciso 48 de la Carta Orgánica Municipal (COM).

“Es decir, sin que exista acto de desafectación del lote en cuestión del dominio público municipal, y como consecuencia de ello se excluya al Lote “1Z” Reserva Municipal Matadero NC 16-20-69-6037 del canje (de tierras) autorizado por esa ordenanza”, explicó el magistrado.

Nulidad

Asimismo, solicitaban que se declarara la nulidad de la Resolución 013/15 de la Presidencia del Concejo Deliberante, a cargo en ese momento de Silvana Gordillo, y del decreto 1750/15 del exintendente Roberto Cacault, que rechazaban los reclamos oportunamente interpuestos por Antiago y Reyes.

La Municipalidad demandada planteó que las demandantes no tenían legitimación activa para promover una causa contra el municipio y pidió que se rechazara la demanda.

El apoderado legal del municipio argumentó que los actos atacados fueron dictados bajo un acabado cumplimiento de la COM y demás normativa vigente.

Sostuvo que las ordenanzas 2773/13 y 2830/14 obedecieron “a decisiones de política social y por ende exenta del control de su conveniencia y oportunidad por parte del Poder judicial”.

Por eso, el juez explicó en su sentencia que la cuestión a resolver se limitaba a determinar si la ordenanza en crisis fue dictada conforme a derecho y si ha afectado y/o vulnerado derechos adquiridos de Antiago y Reyes.

El juez desestimó el planteo del municipio que cuestionaba que las demandantes tuvieran legitimidad activa en base a la jurisprudencia del TSJ.

Las pruebas

El juez hizo un extenso análisis de las pruebas incorporadas en el expediente y concluyó que el lote objeto del proceso fue afectado al dominio público municipal mediante la ordenanza 162 sancionada en 1984 a los efectos del establecimiento del Parque de Servicios Industriales de la localidad. Citó declaraciones de testigos y normativas.

Por eso, sostuvo que tras analizar las pruebas no había encontrado “ninguno de los vicios alegados” por Antiago y Reyes en la ordenanza que habilitó el canje de tierras entre el municipio y el grupo empresario Fideicomiso Nuevo Golf de La Angostura y del Fideicomiso Nuevos Campos de La Angostura.

“En efecto, se puede advertir que dicha norma legal ha sido dictada en estricto cumplimiento del procedimiento de sanción de ordenanzas establecido por la COM, respetando los quórums y las mayorías que en la misma se determinan”, afirmó Nicolini.

“En consonancia con ello, tampoco encuentro acreditado que la Ordenanza constituya una vía de hecho en los términos del artículo 27 de la Ordenanza N° 1206/01, conforme fuera alegado por las actoras. Muy por el contrario, considero que la Ordenanza cuestionada configura una decisión de política pública tendiente a la implementación de una planificación de índole social –habitacional- que se encuentra en cabeza de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado”, enfatizó.

Los jueces y las políticas públicas

“No puedo dejar de mencionar, que los jueces no pueden diseñar las políticas públicas en virtud del principio de división de poderes. El poder político, es decir el poder legislativo y ejecutivo, es quien debe planificar y ejecutar las políticas públicas por mandato constitucional, en razón de su legitimidad de carácter democrático”, aseguró el juez.

“Es claro –sin embargo- que el poder judicial en el contexto de un caso particular puede invalidar las decisiones estatales y, según las circunstancias, imponer el mandato de hacer, de no hacer o de dar; más, jamás podrá ingresar al análisis de la oportunidad ni el mérito ni la conveniencia de la decisión política adoptada”, advirtió.

“Por ello, en este caso, verificada la legitimidad del actuar estatal, no podré avanzar sobre el análisis de la medida de canje de tierras en sí misma, ya que se encuentra reservada a la esfera de los referidos poderes políticos municipales”, sostuvo.

“Más aún cuando –de las constancias de la causa- no encuentro configurado perjuicio alguno a los derechos de las actoras, quienes resultan beneficiarias de la política social antes enunciada, en virtud de encontrarse incorporadas en el listado de postulantes del “Loteo Social 400 Soluciones” aprobado por Ordenanza N° 2924/14”, enfatizó el magistrado.

“Como consecuencia de todo lo señalado y de las constancias de la causa, puedo concluir que no se encuentra acreditada actividad irregular o ilegítima alguna por parte del Estado municipal, el que ha desplegado su actividad dentro de las potestades constitucionales y legales que le han sido conferidas”, afirmó.

“Por ende, considerando que ni la Ordenanza N° 2830/14 ni los actos administrativos que son consecuencia de los reclamos interpuestos por las actoras en sede administrativa (Resolución N° 013/15 y Decreto N° 1750/15) contienen vicios que los tornen susceptibles de nulidad, habré de rechazar la demanda interpuesta”, concluyo Nicolini.

 

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