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Sun, Aug

Rechazaron apelación de mapuches y confirman fallo que ordena restituir un lote

Este sector que incluye la propiedad de La Posada está en conflicto hace varios años. Foto: Confederación Mapuche Neuquén.
Judiciales
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La Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil y Comercial desestimó los recursos que había presentado Elma Quiroga y la comunidad mapuche Paicil Antriao y ratificó la sentencia admitió la demanda de privados.

 

Los jueces de la Sala 2 de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Dardo Troncoso y Gabriela Calaccio, declararon desiertos los recursos de apelación que interpusieron los apoderados legales de Elma Quiroga y de la comunidad mapuche Lof Paicil Antriao. En consecuencia, confirmaron el fallo del juez civil de primera instancia de Junín de los Andes que los condenó a restituir un lote al propietario, Carlos Popik y a la firma Tije, que compró el inmueble.

TIJE SA es dueña de la hostería La Posada, lindante con Puerto Elma.

Los jueces de la Cámara Provincial de Apelaciones les impusieron además las costas del proceso judicial a los apelantes.

La sentencia, a la que tuvo acceso LA ANGOSTURA DIGITAL, se dictó ayer martes. El apoderado legal de Elma Quiroga alegó en la apelación la falta de posesión del demandante.

Sostuvo que el dominio perfecto de un inmueble se adquiere con el título y el corpus del mismo, siendo imprescindible la tradición para tener el dominio perfecto, y por tanto para la procedencia de la acción de reivindicación el demandante debió haber tenido la posesión del inmueble en algún momento, o haberla tenido quien le vendió el inmueble.

Quiroga sostuvo en la apelación que “Popik jamás tuvo la posesión del inmueble ni tampoco sus antecesores (Dotras, Lanús, Ayerza y Rigoni) y mucho menos el actual adquirente Tije Inversiones, que recién vino a comprar el inmueble durante la sustanciación de este proceso”.

Criticó que el juez Luchino considere que el acuerdo celebrado en el expediente en que tramitó la reivindicación del Sr. Lanús en contra de Rosenda Antriao (1267/88) constituya una prueba fundamental de que el actor haya tenido la posesión del inmueble.

Dijo que ese acuerdo nunca se cumplió y que la aquí recurrente continuó teniendo la posesión del inmueble que jamás dejó de ocupar, comportándose como dueña, y tampoco hubieron hechos posesorios del actor o renuncia a la posesión por parte de la aquí apelante.

Posesión

Quiroga sostuvo en la apelación que “la comunidad Paichil Antriao hace más de 100 años ha tenido la posesión del inmueble, ocupando el inmueble la familia de la apelante”.

Agregó que las diversas ventas del inmueble “se han hecho sin tener el contacto mínimo sobre el inmueble, limitándose las mismas a simples trámites administrativos de compraventa sin la tradición correspondiente”.

Advirtió que ninguno de los titulares registrales “ocupó el inmueble y muchos compradores especularon con su compra a precio irrisorio porque estaba ocupado y luego de sacar a los ocupantes venderlos al valor real de mercado”. Por eso, solicitó que se revoque el fallo de Luchino.

Los jueces de la Cámara señalaron en el fallo que el apoderado legal de la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao, Luis Virgilio Sánchez, sostuvo en la apelación que la comunidad “nunca perdió la posesión de las tierras”.

Afirmó que, según el artículo 3 de la ley 26.160 de comunidades indígenas, “el juez debió suspender la resolución de ese caso hasta tanto se encuentre concluido el relevamiento territorial”.

Señaló que Luchino parte de un prejuicio que considera que el demandante “adquirió la titularidad del dominio en forma anterior a que sus mandantes poseyeran el lote objeto del juicio, lo que es totalmente falso porque no está acreditado en la causa”.

Sánchez sostuvo que el demandante “jamás tuvo la posesión del lote, sólo suscribió una escritura traslativa de dominio en alguna escribanía, mientras que los apelantes y sus ascendientes siempre estuvieron ejerciendo la posesión”. Por eso, pidió que se revoque el fallo de Luchino. Y formuló reserva del caso federal.

Rechazo

El apoderado legal de Popik pidió que se declare la deserción del recurso de apelación presentado por Quiroga y el abogado de la comunidad por no contener una crítica razonada y concreta del fallo de Luchino.

Advirtió que el relevamiento territorial “es una falacia que lleva más de 13 años planteándose con el único fin dilatorio, consolidando intrusiones inexistentes”.

“De la prueba arrimada a la causa no se ha acreditado una ocupación de la comunidad, sino que se ha verificado la intrusión de los hijos de Elma Quiroga, que han forzado los límites de su lote intruseando los lotes linderos para ambos lados con el velo de la comunidad, lo que no han podido probar porque no existe”, sostuvo el apoderado legal de Popik en la contestación a las apelaciones.

También el abogado Héctor Vénica, como apoderado de Tije Inversiones, solicitó que se confirme el fallo de Luchino.

Fundamentos

“Las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación”, sostuvieron los jueces de la Cámara Provincial de Apelaciones en la sentencia.

“Desde ese punto de partida habré de coincidir con la actora (por Popik) en punto que los recursos de apelación interpuestos con tal fundamento lejos están de constituir una crítica razonada y concreta del fallo”, afirmaron los jueces.

“Es que ninguna de las recurrentes refuta ni se hace cargo del argumento expuesto por el sentenciante (por Luchino) en el sentido de que la posesión por parte del actor del inmueble que pretende reivindicar resulta irrelevante, por cuanto en virtud de la cesibilidad de la acción se la considera tácitamente cedida en el acto de la enajenación, sin que sea necesario la tradición del inmueble”, señalaron.

Recordaron que en un expediente anterior se presentó un convenio extrajudicial suscripto por los demandados y luego ratificado y homologado judicialmente mediante el cual los demandados en su carácter de ocupantes del lote pastoril 10, en la cláusula primera se comprometieron a desalojarlo y entregarlo libre de personas y efectos antes del 30 de marzo de 1989.

Y en contraprestación, la actora (por Popik) entregó a los demandados el lote 10b2, cuyas demás circunstancias de individualización se hicieron constar en la cláusula segunda del referido convenio.

“La consecuencia jurídica que se sigue del convenio homologado judicialmente con el que se puso fin ese pleito de reivindicación es que los accionados, al reconocer los derechos de posesión de los actores sobre el inmueble, mutaron a la calidad de simples tenedores del mismo y no de poseedores como se pretende hacer aparecer en los agravios que sostienen la apelación”, destacaron los jueces Troncoso y Calaccio.

“De tal forma, dejan de tener consistencia los planteos relativos a la aplicación al caso de la ley 26.160 con base en la ocupación ancestral del inmueble objeto de autos, pues por la razón expuesta la misma no se verifica”, concluyeron.

 

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