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Thu, Dec

Sigue la causa que quiere anular el actual servicio de micro urbano

Judiciales
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Ahora los abogados de la municipalidad contestaron y argumentaron que el demandante no tiene legitimación porque nunca participó del proceso licitatorio. Advirtieron que un vecino no puede perjudicar a 15 mil usuarios de un servicio de transporte público.

 

Los apoderados legales del municipio solicitaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia que rechace la demanda que promovió Marcos Abel Herrera, con el patrocinio de los abogados locales Sebastián Leguizamón Charif y Héctor Vénica, para dejar sin efecto las ordenanzas que autorizaron el llamado a licitación pública del servicio de transporte público de pasajeros en Villa La Angostura.

El abogado del municipio, Julio Saravi Casco, con el patrocinio de la abogada María Marcela Sosa, respondió la demanda en representación de la municipalidad.

Pidió el rechazo de la demanda, que se inició el año pasado, por falta de legitimación activa de Herrera. Y que el TSJ desestime la medida cautelar peticionada por Herrera para que se suspendan las ordenanzas y, en consecuencia, la prestación del servicio de colectivos.

Indicó que en este caso “estamos frente a una evidente falta de legitimación activa en los términos del artículo 347 inciso 3 del Código Ritual, puesto que el demandante no es titular de la relación jurídica sustancial en la que se funda la pretensión”.

Planteó que Herrera pretende “suspender un servicio público que se encuentra al servicio de la comunidad, sumado a intentar suspender tres ordenanzas emanadas del Concejo Deliberante, una licitación y un contrato de servicio público…”

Los abogados del municipio afirmaron que Herrera no fue parte del proceso licitatorio. Por eso no está legitimado para demandar al municipio.

Advirtieron que Herrera en la demanda “no acredita perjuicio a la comunidad, no acredita perjuicio a su persona, no acredita verosimilitud del derecho, no acredita peligro en la demora”.

Tampoco, añadieron, “acredita arbitrariedad, nulidad de los actos administrativos del Concejo Deliberante ni del Poder Ejecutivo Municipal en el proceso licitatorio”.

Los abogados del municipio advirtieron que Herrera “pretende infundadamente que su legitimación surja de la nota de 4 renglones en el cual solicita prorroga de 7 días para presentarse  a la licitación”. El pedido lo hizo a finales de mayo del año pasado.

“Extrañamente este pedido se enfrenta con la realidad, por que existió un presentante. Ello demuestra que si tenía las condiciones para licitar se podría haber presentado, y no dilatar un proceso legal administrativo y público para un servicio esencial como es el transporte urbano de pasajeros de Villa La Angostura”, indicaron los abogados en la respuesta de la demanda.

Causa complicada

Herrera promovió el año pasado una acción de inconstitucionalidad contra las ordenanzas sancionadas a mediados del año pasado por el Concejo Deliberante, que autorizaron el llamado a licitación pública del transporte público de pasajeros en Villa La Angostura y convalidaron ese procedimiento, que finalizó con la adjudicación de la concesión del servicio a la empresa Amancay.

Con la demanda pretende que el TSJ declare la inconstitucionalidad de las ordenanzas 3227, 3228 y 3239.

El objetivo es que se declare la nulidad absoluta de la licitación pública 3/2017 para el transporte público de pasajeros.

La empresa Amancay, del grupo Semisa de San Juan, resultó adjudicada con la concesión del servicio de transporte público de pasajeros por los próximos 10 años. Fue la única oferta que los concejales tomaron como válida.

El Concejo Deliberante ni la comisión evaluadora tomaron en cuenta la propuesta que Herrera, había pedido prórroga para participar del proceso de la licitación pública.

Argumentos del rechazo

Los abogados de la municipalidad advirtieron que Herrera “pretende suspender/invalidar/impedir actos del Poder Legislativo (sin imperio y fundamentos) y consecuentemente anular los del Poder Ejecutivo fundando sus derechos en una potencial intención de presentarse en una proceso licitatorio, al cual en definitiva no se presentó nunca”.

“Las ordenanzas goza de total legalidad, legitimidad y argumentación, y no causa daño alguno los presentantes al proceso ya que el mismo sólo hubo una oferta”, respondieron los abogados.

“Si cualquier presentante de un pedido de prórroga en una licitación, puede suspender el proceso, se crearía no sólo una proliferación de juicios innecesario, sino una invasión judicial de esferas del Ejecutivo y el Legislativo (sin justificativo valido), sino que también una evidente inseguridad jurídica para todos los administrados y en contra del Estado de derecho y orden”, advirtieron.

“No puede soslayarse que la medida cautelar es solicitada por 1 Vecino que no se puede siquiera legitimar por sobre los 15 mil habitantes de Villa La Angostura que son usuarios del servicio público de pasajeros, responsabilidad del Estado Municipal,  implicando ello, que el actor no reparan en los perjuicios que su infundado pedido podría causar a la localidad, quienes de concederse la medida se verían impedidas de acceder al transporte urbano de pasajeros”, añadieron los abogados del municipio.

Por eso, en la respuesta de la demanda, los apoderados legales del municipio negaron cada uno de los agravios planteados por Herrera.

Por eso, los abogados del municipio pidieron al TSJ que tenga por contestada en tiempo y forma el traslado conferido de la demanda, se rechace la medida cautelar solicitada de suspensión de las ordenanzas. Y solicitaron el rechazo total y definitivo de la demanda, con expresa imposición de costas.

 

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