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Mon, Oct

TSJ rechazó planteo de la comunidad mapuche y sigue en pie el fallo que ordena restituir el lote lindero a Puerto Elma

Judiciales
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El máximo tribunal de la provincia declaró inadmisible el recurso que había presentado Elma Quiroga y la comunidad Paichil Antriao. El juez civil de Junín de los Andes Andrés Luchino ordenó en febrero de 2019 restituir el terreno a la firma TIJE dueña de Hostería La Posada.

 

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) Roberto Busamia y Evaldo Moya declararon inadmisible el recurso de nulidad extraordinario que Elma Quiroga y la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao habían presentado contra el fallo de la Cámara Provincial de Apelaciones, con competencia en el Interior.

En consecuencia, quedó firme el fallo de la Cámara Provincial de Apelaciones que declaró en agosto de 2019 desiertos los recursos de apelación que Quiroga y la comunidad habían presentado contra el fallo del juez civil de Junín de los Andes Andrés Luchino.

Al declarar desiertos los recursos de apelación, los jueces de la Cámara Provincial de Apelaciones confirmaron el fallo de Luchino que a mediados de febrero de 2019 admitió la demanda que promovió Carlos Popik y condenó a Elma Quiroga, Arsenio Miranda y la comunidad mapuche Lof Paicil Antriao y demás ocupantes a restituir la posesión del inmueble que ocupan al propietario, en un plazo de 30 días.

Popik le vendió el lote a TIJE SA, dueña de la hostería La Posada, lindante con Puerto Elma. Por eso, TIJE SA también intervino en la demanda.

Ahora, los jueces del STJ concluyeron que el recurso que Qiroga y la comunidad mapuche habían promovido para anular el fallo de la Cámara provincial no reunía los requisitos técnicos y jurídicos necesarios.

Plantearon que el recurso de nulidad extraordinario “no se ocupa de demostrar, en concreto y como era debido, el modo en que se configurarían las tachas que alega”. “Además, las denuncias de las quejosas (por Quiroga y la comunidad) aparecen como una mera expresión de agravios -ajena a esta etapa- y no se encuentran entrelazadas con de las causales casatorias invocadas”.

El fallo del TSJ se dictó ayer. Los jueces del máximo tribunal de la provincia le impusieron las costas del proceso judicial a Quiroga y la comunidad mapuche, que tiene la última opción de tratar de recurrir a la Corte Suprema.

Busamia y Moya recordaron en el fallo que en el recurso extraordinario presentado por el abogado de Quiroga y la comunidad se planteaba que los jueces de la Cámara Provincial de Apelaciones confundieron la legitimación que pueda tener Popik, con la procedencia de la misma, frente a un planteo de prescripción adquisitiva por parte de Quiroga y la comunidad “de luego de mantener la posesión” del lote “y con ánimo de dueño por más de veinte años”.

Volvieron a argumentar que como la propiedad sería comunitaria –con la cualidad de inajenable e intransferible- no le serían oponibles los acuerdos transaccionales que algún miembro de la Comunidad haya realizado a título personal en un juicio de reivindicación para interrumpir la prescripción.

Sostuvieron que Quiroga y la comunidad habrían cumplido todos y cada uno de los requisitos necesarios para que se tenga por operada la usucapión a su favor. Y se consideraron perjudicados de que la Cámara de Apelaciones “no abordara el caso desde la perspectiva del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional y 53 de la Constitución de la Provincia de Neuquén, que reconocen la propiedad comunitaria de las tierras mapuches”.

Tije Inversiones SA solicita la inadmisibilidad del recurso de

nulidad extraordinario, mientras que la Fiscalía Genera propició que se declare la inadmisibilidad del recurso casatorio presentado por Quiroga y la comunidad.

Los jueces del STJ advirtieron que “las meras y genéricas invocaciones de cercenamiento de garantías constitucionales no constituyen, por sí solas, razones suficientes para lograr” anular un fallo y citaron jurisprudencia.

Qué dice el fallo de Luchino

El juez civil sostuvo en su fallo que dictó el 14 de febrero de 2019 que se probó “que a partir de la división de condominio efectuada por los herederos de las sucesiones de Ignacio Antriao y José María Paisil) el lote fue enajenado en numerosas oportunidades hasta llegar al actor mediante un tracto perfecto”, sostuvo el juez.

“Puntualmente se acreditó que desde el día 25 de mayo del año 1951 (fecha de la primera compraventa a particulares conforme surge de fojas 189 del Expediente N° 1267/88) la posesión del lote se encuentra en manos de los sucesivos adquirentes”, recordó el magistrado.

“Que en el mes de septiembre del año 1984 los aquí demandados desapoderaron a sus por entonces titulares Adolfo G. Lanús, Juan J. Dotras y Máximo Ayerza, que luego el día 25 de agosto de 1988 al suscribir el acuerdo transaccional que concluyó aquel pleito los accionados reconocieron la propiedad y posesión en un tercero y que finalmente en el año 2005 volvieron a ocupar el lote dándose inicio a una segunda acción de reivindicación ese mismo año”, detalló Luchino en el fallo.

Luchino consideró que Popik “adquirió el lote en compraventa de su legítimo propietario y el mismo está inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble a su nombre en un ciento por ciento (100%), por lo que en consecuencia está legitimado para el inicio de esta acción reivindicatoria”.

“Ha quedado evidenciado en autos que los herederos de José Ignacio Antriao (que alegan una posesión tradicional indígena) soslayan que sus antecesores en carácter de legítimos propietarios se desprendieron de los lotes que ocupaban y de los cuales obtuvieron títulos de parte del Estado Nacional, por lo que tales actos jurídicos devienen firmes y no es posible retrotraerlos en el tiempo…”

Luchino observó que las pericias concluyeron que las dos construcciones que se hallaron en el lote en litigio no tenían una antigüedad mayor a 5 y 3 años.

“Si bien puede aseverarse que los antepasados de los demandados o de la Comunidad Mapuche Lof Paichil Antriao se asentaron en la zona de Villa La Angostura al llegar de Chile y luego se nacionalizaron argentinos, con lo cual podría interpretarse que el lote en litigio se trata de tierras ancestrales, cabe aclarar que por los hechos posteriores aquí dilucidados es obvio que no se trata de tierras que tradicionalmente ocupa la Comunidad, sino de tierras que alguna vez ocuparon sus miembros (cuya propiedad les fue reconocida por el Estado Nacional) pero que luego fueron vendidas legítimamente por sus sucesores, estando tales actos jurídicos firmes y hallándose entonces sus consecuencias bajo el amparo de la garantía de inviolabilidad prevista en el artículo 17 de la Constitución Nacional”, destacó el juez.

 

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