La causa comenzó a finales de 2012 cuando un funcionario del CPE presentó una denuncia por la usurpación del predio por parte de un vecino de Villa la Angostura. El juez Jorge Videla procesó al imputado y dispuso el desalojo, pero la defensa apeló y logró frenarlo. El predio está valuado en varios millones de dólares. 

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