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Wed, Oct

Anulan visado de una mensura de terrenos que había presentado un privado por graves irregularidades

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Así lo dispuso el intendente Caruso que por decreto dejó sin efecto una resolución, que había otorgado en 2018 el visado de mensura de desafectación del dominio público de valiosas tierras pertenecientes a Vialidad, que pasaban a manos de un privado. El auditor municipal advirtió las inconsistencias.

 

El intendente Guillermo Caruso declaró inexistente la Resolución 426/18 que la secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Medio Ambiente del municipio, Beatriz Beatriz Tyczynski, había emitido el 23 de abril del 2018 con el visado del plano de mensura particular de desafectación del dominio público de valiosos lotes, que pertenecen a Vialidad Nacional, y que están ubicados en el barrio Tres Cerros.

Caruso resolvió anular todas las actuaciones administrativas que había iniciado un privado para tomar posesión de esos valiosos lotes a partir de las “graves inconsistencias” que el auditor municipal, Pablo Requejo, detectó en el procedimiento y que, después, constató la Asesoría Legal de la municipalidad al cual tuvo acceso LA ANGOSTURA DIGITAL.

“Que a primera lectura de los actuados, surgen una serie de vicios muy graves e inconsistencias, tales como la ausencia de personería del presentante, la calidad de dominio público del Estado Nacional del inmueble, la ausencia de antecedentes -ley del Congreso Nacional- o licitación pública fundada la ley anterior para adjudicar un bien de dominio”, sostuvo Caruso en los considerandos del decreto que dictó el 25 de septiembre pasado.

Afirma en el decreto que existe “una muy grave inconsistencia que presenta la actuación en cuanto a la personería del agrimensor Miguel Raemdonck van Megrode, quién firma el plano de mensura y no acredita personería alguna”.

“En efecto, el mencionado agrimensor no dice ni acredita a quién representa en calidad de titular de dominio del inmueble del cual pretende el visado de una mensura que ha confeccionado y suscribe”, advierte en los considerandos el decreto.

Indica que el segundo vicio “muy grave” de acuerdo al Código de Procedimiento Administrativo Municipal y coincidente con el artículo 66 de la ley 1284 de Procedimiento Administrativo de la provincia es que lo actuado “trasgrede una prohibición expresa de normas constitucionales legales o sentencias judiciales firmes”.

Irregularidad

“Y es que efectivamente la actuación reposa en una resolución administrativa emitida por un ente nacional que dispone transferir un inmueble de dominio público a una sociedad anónima de capital privado, hecho que sólo puede provenir de una ley del Congreso de la Nación”, advierte el decreto.

“En consecuencia, el acto administrativo del municipio que contiene el visado de planos -Resolución 426/18- está contaminado también de esta irregularidad de origen”, afirma.

“Asimismo constituye un vicio muy grave el hecho de que el acto administrativo en análisis -Resolución 426/18- “resulta clara y terminantemente absurdo o imposible de hecho”, en los términos del artículo 51, inciso a) del Código de Procedimiento Administrativo Municipal puesto que se pretende -y se visa- llevar a cabo la operación de mensura presentada que procura subdividir un espacio del dominio público nacional (perteneciente al Estado Nacional a través de Vialidad Nacional), afectado a ruta complementaria, para entregárselo a un tercero que no es el Estado”, dice el decreto.

Caruso consigna en ese documento que al visar el municipio el plano presentado, sin que el oponente haya acompañado constancia suficientes de la regularidad de los actos antecedentes que dan fundamento al pedido (adviértase que sólo existe agregado una resolución dictada por Vialidad Nacional sin certificar y sin que se acompañen todos los antecedentes que en ellas se mencionan) se dan por cierto y válidos estos antecedentes, claramente insuficientes, con lo cual se está en presencia de un acto administrativo irregular…”

Caruso plantea que si bien corresponde a otro estamento del Estado, la resolución 1265/14 que firma el entonces administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad puede aceptarse como manifestación de voluntad de la administración y como inicio de un proyecto futuro de la ley de la Nación que finalmente disponga la desafectación de dominio público.

No hay documentación legal

Pero advierte que, como se expuso, “ninguno de los antecedentes que menciona la precipitada resolución de Vialidad Nacional han sido acompañados y, por sobre todo, no consta la efectiva adquisición en términos legales del inmueble por parte de la empresa peticionante, lo que equivale a decir, sin legitimación para peticionar como lo hace”.

“Por todo lo expuesto, se habrá de decretar la inexistencia del acto administrativo plasmado en la resolución 426/18 que firmó la secretaría Tyczynski toda vez que los vicios que contiene el acto administrativo de la municipalidad (la aludida Resolución 426/18) son de una gravedad de magnitud tal que convierte en dicho acto en irregular y por ende en inexistente…”, concluye Caruso en el decreto.

Por eso, declara “inexistente como acto administrativo a la Resolución 426/2018 de fecha 23 de abril del 2018” emitida por la secretaría de Planeamiento, Infraestructura y Medio Ambiente.

En consecuencia, la Resolución indicada “no tiene ningún efecto jurídico y administrativo desde el día de su dictado y queda revocada de pleno derecho”.

El artículo segundo del decreto deja sin efecto el pago de derechos por 17.183 pesos con 57 centavos y dispone el reintegro a La Margarita Arquitectura SRL, que aparece indicado en el recibo del 13 de junio de 2018.

En el decreto se dispone además notificar personalmente o por cédula al agrimensor Raemdonck van Megrode “quién suscribió el plano de mensura”.

Caruso ordena en el decreto notificar por cedula a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que en mérito a la Resolución 265/14 de la Dirección Nacional de Vialidad, de la que se agregará copia, tome razón de esa actuación y disponga lo que estime corresponder para la mejor protección del bien del dominio público nacional afectado por ese acto administrativo”.

También, resuelve que se notifique por cedula al ministro nacional a cargo del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios “y/o ministerio que lo haya reemplazado y a Vialidad Nacional, con copia del decreto y de la Resolución 1265/14”. Y dispone que se notifique además Tyczynski.

 

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