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Cuáles fueron los fundamentos de las sanciones contra los 8 empleados municipales

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En un extenso decreto, el intendente Guillermo Caruso consignó los motivos por los cuales se aplicaron las sanciones a los agentes municipales involucrados en las irregularidades con la carga de combustible en perjuicio del municipio.

 

En el decreto que el intendente Guillermo Caruso firmó el 22 de febrero pasado con las sanciones para los 8 empleados municipales sumariados se consignaron numerosas irregularidades con la carga de combustible durante el período que va desde julio hasta septiembre de 2017, en la estación YPF Norte.

En varios párrafos del decreto al que accedió LA ANGOSTURA DIGITAL se indicaron cargas de combustible que superaron el límite autorizado, otras cargas en vehículos particulares de agentes municipales sumariados y diferencias entre los remitos presentados y el combustible cargado.

Por eso, el intendente resolvió la exoneración del agente legajo 1013 “a partir de la fecha de la firma del presente decreto en función de los argumentos desarrollados en los considerandos precedentes y las constancias obrantes en los expedientes administrativos”. En el decreto no se indicó la identidad del agente, aunque en el caso de la expulsión de la municipalidad se trata de un empleado que cumplía funciones de director, revelaron fuentes oficiales.

En el caso del empleado que fue exonerado, en el decreto se indicó que las pruebas del sumario arrojaron numerosas cargas de combustible para su auto particular en perjuicio del erario municipal.

Caruso dispuso 30 días de suspensión, sin goce de haberes, para tres agentes municipales. Se trata de los empleados de legajos 676, 925 y 918.

Sancionó con 20 días se suspensión, sin goce de haberes, a los agentes del legajo 967 y 957. Impuso 10 días de suspensión, sin goce de haberes, al agente legajo 1158 y aplicó 5 días de suspensión al empleado del legajo 746.

El destape

En el decreto que el intendente suscribió se recordó que el dueño de la YPF Norte presentó una nota en la mesa de entradas del municipio el 12 de septiembre 2017, donde solicitó información sobre las personas y vehículos municipales autorizados para carga de combustible.

En esa nota denunció que había detectado irregularidades en sistema de remitos tanto para la carga de vehículos oficiales como particulares de personal municipal.

Después, el dueño de la estación de servicio amplió la denuncia formulada donde informó de las irregularidades detectadas en los meses de julio, agosto y septiembre de 2017.

En el decreto se consignó que a raíz de la denuncia recibida y en atención al carácter de faltas graves que tendría los hechos denunciados, Caruso dispuso mediante decreto 2314 /17 la apertura del sumario a los agentes municipales por presuntas irregularidades en la carga de combustible que perjudicarían el erario municipal.

Que a ese efecto designó al instructor sumariante y se notificó al entonces auditor municipal Gerardo Minnaard en función de lo previsto en el artículo 282 de la Carta Orgánica Municipal tramitándose el sumario administrativo.

En el decreto se indicó que al mismo tiempo “se radicó ante el Ministerio Público Fiscal de la provincia la correspondiente denuncia penal por la presunta comisión de delitos contra la administración pública por parte de los agentes sumariados”.

Se destacó en el decreto que conforme dispone la Carta Orgánica Municipal la facultad de superintendencia sobre el personal municipal está en cabeza del intendente como así también la de designar, promover y remover personal dependiente del Ejecutivo.

“Que en función de las pruebas obrantes en autos encuentro acreditados que se han producido una serie de acciones por parte del personal sumariado que contrarían disposiciones de la Carta Orgánica y del Estatuto del empleado municipal y que por ser contrario a los deberes exigibles al trabajador municipal merece la aplicación de sanciones disciplinarias según los dictámenes emitidos por la Jacad, el auditor municipal y el instructor sumariante…”, sostuvo Caruso.

“Es de tener en consideración los antecedentes personales de los sumariados, la entidad de las faltas cometidas así como el perjuicio causado al erario municipal en propio beneficio de los agentes involucrados en el sumario…”, indicó en el decreto.

 

La investigación administrativa

“No es posible soslayar que la investigación que arrojó el hallazgo de una gran cantidad de irregularidades se limita solamente al lapso temporal comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2017 lo cual eleva la sospecha de que se trataría de un accionario regular afianzado en una larga práctica…”, advirtió el intendente.

En el decreto se aseguró que clausurado el período probatorio y colocado el expediente a disposición para presentar alegatos “ninguno de los sumariados ha hecho uso de tal derecho”.

Se indicó un predictamen del auditor municipal propiciando la aplicación de sanción de cesantía a los sumariados, asimismo se efectúa una reseña de las probanzas recabada y los hechos que se han tenido por acreditado respecto de cada uno de los sumariados.

También se consignó el dictamen del nuevo auditor municipal Pablo Requejo que estimó que “eran benevolentes las sanciones propiciadas por la Jacad” y planteó la aplicación de sanciones más severas.

Y se indicó la resolución dictada por el instructor sumariante “quién propicia que se apliquen sanciones al personal sumariado por cuánto tiene por cierto la comisión de acciones que resultan contrarias a las exigencias legales previstas en la Carta Orgánica Municipal”.

“Los sumariados han tomado conocimiento de los hechos que se les imputan y han podido ejercer adecuada y libremente su derecho de defensa presentando los descargos que consideraron pertinentes”, señaló Caruso.

Aseguró que las pruebas y los descargos que presentaron “no han conmovido la sólida prueba de los hechos que se les imputaron”.

“Es evidente que el personal involucrado ha obrado en contra de lo legalmente exigido en el comportamiento del empleado público, actuando claramente en perjuicio del municipio de Villa La Angostura”, sostuvo.

Aún falta que la fiscalía resuelva sobre la investigación penal por los hechos denunciados.

 

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