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Sat, Dec

Fallo condena a la comunidad Paichil Antriao a restituir un lote a sus propietarios

Judiciales
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El juez civil de Junín de los Andes Andrés Luchino resolvió admitir la demanda que habían presentado los dueños del terreno y ordenó el desalojo de los ocupantes, que son miembros de la comunidad Paichil Antriao. Se ubica en cercanías de la hostería la Posada, en el barrio Epulafquen. La sentencia todavía no está firme porque los demandados pueden apelar.

 

El juez civil de primera instancia de Junín de los Andes Andrés Luchino admitió la demanda por reivindicación que habían presentado los titulares de un lote, ubicado en cercanías de la traza de la avenida de Circunvalación, y condenó a la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao, junto con Saúl Quiroga, Susana Sepúlveda y demás ocupantes a restituir el terreno en 10 días a los propietarios, bajo apercibimiento de ordenarse el desalojo y una multa en caso de incumplimiento.

Según los documentos a los que tuvo acceso LA ANGOSTURA DIGITAL los abogados de las personas demandadas habían invocado la ley 26160 de comunidades indígenas, que ordena la suspensión de los desalojos de las tierras que ocupan las comunidades, pero el juez desestimó el planteo.

Además, les impuso las costas del proceso judicial a las personas y la comunidad demandadas. Luchino sostuvo en la sentencia que oportunamente se libre oficio dirigido a la

Secretaría de Acción social de la Municipalidad de Villa La Angostura y a la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente para que tomen intervención y brinden asistencia a los demandados en caso de ser necesario debido a la orden de desalojo dispuesta.

De todos modos, el fallo de Luchino no está firme aún y los demandados lo pueden impugnar.

En la sentencia, que se dictó el 22 de octubre pasado, el juez recordó que Ana María Bianchedi de Terzolo y Mattana Besozzi Andrés Luis Ángel habían presentado la demanda por intermedio de un abogado contra Quiroga y toda persona que ocupara o pretenda tener derechos sobre el inmueble de su propiedad, ubicado cerca del puente sobre el río Correntoso.

En la demanda reivindicaron su derecho de propiedad sobre el lote y pidieron que se condene a los demandados a restituir el inmueble. Alegaron que son titulares del derecho de propiedad respecto del lote en cuestión y que fueron ilegítimamente desposeídos del inmueble. Después, ampliaron la demanda contra Susana Sepúlveda.

Rechazo

Como el juez civil de Villa La Angostura, Jorge Videla se excusó de intervenir tras haber sido recusado, la causa se envió al juzgado civil de Junín de los Andes, a cargo de Luchino.

La comunidad Paichil Antriao y las personas demandadas habían pedido rechazar la demanda. Relataron que Bianchedi de Terzolo, Besozzi y Ángel no eran propietarios ni poseedores del inmueble por lo que carecían de legitimación sustancial para reclamar.

Aseveraron que el lote era de propiedad de la comunidad por aplicación directa y operativa de las normas de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, Convención Americana de Derechos Humanos y otros Tratados Internacionales, así como el artículo 53 de la Constitución Provincial.

Los abogados de los demandados alegaban que la ocupación tradicional indígena “es regulada por principios propios diferentes a los de la posesión civil y que prevalece sobre ésta”.

Afirmaron que el agrupamiento mapuche que hoy es Lof Paichil Antriao tiene presencia ancestral en la zona de Villa La Angostura anterior a todo asentamiento “blanco” en esa región y a la ocupación del mismo Estado Argentino.

Recordaron que en 1902 el gobierno argentino creó la “Colonia Pastoril Agrícola Ganadera Nahuel Huapi” y concedió el lote 9 (actualmente toda Villa La Angostura) a Don José María Paisil y Don Ignacio Antriau -jefes de sus respectivas familias- y que dicho lote siguió ocupado por los Paichil Antriao mediante modos tradicionales de relación con el territorio que no entrañan la permanente presencia física.

Pruebas

Luchino afirmó en la sentencia que quedó “plenamente acreditado” que los demandantes poseyeron el lote desde el 29 de diciembre de 1970, que son copropietarios en partes iguales, que su justo título está debidamente publicitado a terceros en el Registro de la Propiedad Inmueble desde el 18 de junio de 1973 (Escritura N° 258) y el 7 de noviembre de 1974 (Escritura N° 85).

El juez sostuvo que los demandantes continuaron ininterrumpidamente en la posesión hasta que fueron despojados por Roberto Cainzos, Alicia Antriao y Lucía Lorena Calo el 9 de febrero de 2011. Pero recuperaron la posesión el 19 de mayo de 2011. Luego, la volvieron a perder tras ser despojados por Quiroga y Sepúlveda, que habían alegado que actuaban como integrantes de la comunidad mapuche.

Dijo en el fallo que la comunidad Lof Paichil Antriao “había mencionado que el inmueble se encontraba bajo su posesión ancestral y que era de propiedad comunitaria en los términos del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, pero no produjo ninguna prueba para acreditar tal circunstancia”.  

No aplica la ley 26.160

“Sin perjuicio de que los demandados no han producido prueba alguna, es evidente (dada la demás prueba ofrecida en la causa a instancias de la parte actora) que respecto del lote objeto de autos no resulta de aplicación el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional y la normativa nacional e internacional que garantiza los derechos de los pueblos indígenas al acceso y posesión de sus tierras”, enfatizó el magistrado en la sentencia.

“Por la sencilla razón de que ha quedado ampliamente demostrado que el inmueble pertenece a los actores (quienes detentan título y modo anteriores al despojo), es decir, que no es una tierra que “tradicionalmente ocupa” la Comunidad demandada en el sentido que prevé la Constitución Nacional y el artículo 2 de la ley 26.160, sino que ha adquirido la posesión ilegítimamente el 24 de noviembre de 2011 despojando a terceros”, concluyó el juez.

“En lo que aquí interesa es claro que el título de la actora es anterior a la ocupación ilegal de los demandados”, advirtió Luchino.

“En consecuencia la acción habrá de prosperar, desestimándose la petición fundada en la ley 26.160 de suspensión de la ejecución de la sentencia toda vez que no se encuentran reunidos los requisitos exigidos en la norma para su aplicación”, aseveró el juez.

Y citó el artículo de esa norma que prevé que la posesión “debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”.

“Por lo expuesto en este caso el lote debe ser restituido a sus legítimos propietarios que adquirieron de buena fe conforme el ordenamiento legal vigente a esa fecha

(3 de abril de 1973 y 7 de mayo de 1974) estando por ende su derecho protegido por la manda del artículo 17 de la Constitución Nacional”, destacó.

“Sin perjuicio de que el Estado –federal o local- decida compensar a la Comunidad indígena, ya sea expropiando el lote a sus legítimos propietarios –conforme la cláusula antedicha- o bien entregando otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano en caso de resultar necesario”, planteó Luchino.

 

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