El padre de Robinson Gatica pide ser querellante en la causa

Fotos: Manke en Movimiento

Así lo solicitó por intermedio de un abogado en un escrito que presentó. Será la fiscalía la que resolverá si lo admite como querellante. Hasta el momento la madre de la víctima cumple esa función con el patrocinio de dos abogados que ya plantearon que intentarán probar otra hipótesis para explicar la muerte del trabajador municipal.

 

Leonardo Gatica, el padre de Robinson Gatica, pidió constituirse en querellante en la causa en la que hay cinco empleados policiales imputados de haber causado supuestamente la muerte de su hijo.

Fuentes con acceso a la causa informaron que Gatica se presentó con el patrocinio del abogado David Milstein. Su intención es incorporarse para intervenir en la investigación que busca establecer quienes fueron los responsables de la muerte del trabajador municipal.

De todos modos, será la fiscalía la que resolverá si le abre la puerta al padre de Gatica para intervenir en la causa.

Hasta el momento, la madre de Gatica, Lidia Quintriqueo, está constituida como querellante con el patrocinio de la abogada Lorena Miani y su colega Virgilio Sánchez.

De hecho, Miani y Sánchez trabajan sobre la hipótesis de que Gatica posiblemente murió como consecuencia de una asfixia por estrangulamiento, aunque eso lo deberá demostrar con pruebas en la etapa de investigación que está en curso.

Hasta el momento la única conclusión en pie es la del Cuerpo Médico Forense de Neuquén que estableció a partir de los informes de los peritos que Gatica sufrió una “muerte súbita de una persona con delito agitado por consumo de cocaína en el contexto de una restricción policial”.

La tragedia

El hecho que se investiga ocurrió la madrugada del 20 de julio pasado en un domicilio del barrio Las Piedritas de Villa La Angostura. Familiares de Gatica llamaron a la comisaría 28 porque el joven se encontraba fuera de control por haber consumido cocaína (los peritos hallaron restos del estupefaciente en el cuerpo de la víctima).

Policías fueron hasta el lugar y trataron de reducirlo. Pero Gatica estaba armado con un cuchillo con el que intentó agredir a los policías. Dos sufrieron lesiones leves.

Uno de los policías efectuó un disparo con su arma reglamentaria. El proyectil no impactó a Gatica. También recibió varias postas de goma y lo golpearon.

Los policías tuvieron que retirarse de la vivienda y la esposa logró persuadirlo a Gatica para que el diera el cuchillo. La mujer salió de la casa y los policías entraron con el joven ya desarmado, lo golpearon y lo aprehendieron.

Los peritos establecieron que ni los golpes ni las postas de goma causaron la muerte de Gatica.

Por eso, la hipótesis preliminar del fiscal Adrián De Lillo se debilitó con el informe de los forenses. El fiscal acusó el 21 de julio pasado los policías Víctor Hugo Muñoz, Darío Luis González, Alejandro Bravo, Erwin Alejandro Mora y David Ezequiel Cuevas como coautores del homicidio agravado de Gatica, porque lo cometieron en abuso de sus funciones como integrantes de la Policía.

El juez de garantías admitió la formulación de cargos contra los policías y les impuso prisión preventiva, que cumplieron de manera domiciliaria.

El 17 de noviembre último, la jueza Mirta Bibiana Ojeda dejó sin efecto la prisión preventiva que cumplían desde finales de julio pasado de manera domiciliaria y los cinco acusados quedaron en libertad con varias pautas de conducta que deben cumplir. Además, extendió por 4 meses el plazo de la investigación que declaró como “asunto complejo”.

De Lillo no se opuso al pedido de los defensores Cristian Pettorosso y Alejandro Casas de concederles la libertad, pero recordó que en su momento había pedido la prisión preventiva porque había evidencias de que los acusados habían tratado de entorpecer la investigación.

Los abogados por la querella, Lorena Miani y Virgilio Sánchez expresaron su desacuerdo con otorgarles la libertad a los imputados porque plantearon que todavía están vigentes los riesgos procesales.

Las pautas que deben cumplir los policías

La magistrada admitió morigerar la medida cautelar según lo propuesto por el fiscal del caso. Autorizó al policía Alejandro Bravo a trasladarse a Chos Malal, dispuso que su colega Víctor Hugo Muñoz mantenga su domicilio en San Martín de los Andes y ordenó que David Ezequiel Cuevas hago lo mismo en la ciudad de Neuquén.

Ojeda les impuso a los tres policías la prohibición de ingresar a Villa La Angostura y de mantener cualquier tipo de contacto con todos los testigos del expediente “por cualquier medio telefónico, digital, de forma personal o por interpósita persona”, según el acta de la audiencia.

La jueza impuso a los policías Darío Luis González y Erwin Alejandro Mora la prohibición de acercarse al barrio Las Piedritas, donde viven los familiares de la víctima.

También, les prohibió acercarse y mantener cualquier tipo de contacto con la totalidad de los testigos por cualquier medio. Las medidas estarán vigentes hasta el 21 de marzo del 2023”, sostuvo la jueza.

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