Así lo aseguró un grupo de vecinos, que se identificó como “Comunidad Angostura”, que constató una serie de presuntas irregularidades por parte del municipio que omite controlar y exigir el pago de tasas por servicios que brinda a mapuches.
Un grupo de vecinos, que se identifica como “Comunidad Angostura”, denunció varias presuntas irregularidades por parte de la Municipalidad de Villa La Angostura en cuanto a la falta de controles y permisividad en acciones que desarrolla la comunidad mapuche Paicil Antrio en esta localidad. Según ese grupo de vecinos, se trata de hechos ilegales.
Dijeron en un comunicado que el grupo de vecinos “nucleados como Comunidad Angostura, en ejercicio del derecho al acceso a la información pública, se presentó el viernes último en oficinas de la Municipalidad, acompañado de un escribano público que realizó un acta de constatación de ilícitos de los que la Municipalidad es parte o cómplice”.
Pablo González fue el escribano que intervino en las constataciones solicitadas por el grupo de vecinos. Explicaron que la agrupación requirió a los funcionarios responsables de las áreas correspondientes, “información sobre las acciones del Estado municipal en relación con la ocupación ilegal de tierras públicas y privadas por parte de la autodenominada “Comunidad Mapuche Paisil Antriao”.
En la Secretaría de Obras Públicas consultaron “por los servicios que brinda la Municipalidad en las usurpaciones y si son abonados”. En esa área les informaron, según indicaron en el comunicado, que el municipio “brinda mantenimiento de calles, recolección de residuos, servicio de agua potable en camión cisterna (3 veces por semana), en invierno, apertura de calle con pala municipal”. Destacaron que el “municipio no percibe ningún tipo de tasa por estos servicios”.
En Medio Ambiente preguntaron si desde ese organismo “¿inspeccionaron los daños ambientales en el acceso al Cerro Belvedere, donde fueron talados árboles centenarios para abrir un estacionamiento clandestino, en el que se constató que se cobra una tarifa por estacionamiento?”
Afirmaron que “la directora del área respondió que Bosques y Fauna de la provincia ha labrado actas por infracciones que fueron elevadas a la delegación de San Martín de los Andes, donde les indicaron que “no meterse con la comunidad”.
En el área de Comercio preguntaron si “¿los servicios y actividades económicas del Camping Correntoso, de Puerto Elma y del acceso al Mirador del Cerro Belvedere, están habilitados comercialmente?”
“No hay otorgada habilitación comercial ni se realizan controles bromatológicos o de otro tipo sobre las prestaciones por una supuesta orden judicial que no pudo ser constatada en ninguna dependencia municipal”, advirtieron en el comunicado.
En el Tribunal Municipal de Faltas pidieron saber si “¿se han labrado actas por infracciones cometidas o se han iniciado actuaciones? Se comprometieron a recopilar los expedientes y suministrar la información en un plazo de 10 días”, aseveró el grupo de vecinos.
Intimación
Comentaron que los vecinos y el escribano actuante “se constituyeron en el denominado retén de la Ruta de Circunvalación, cuya finalización de obra está interrumpida por miembros de la auto proclamada “Comunidad Paisil Antriao”.
“Las personas presentes, que se identificaron como miembros de dicha comunidad, fueron intimadas por la familia de Paulo Antriao, en tanto legítimos herederos de los dueños originales de esas tierras, para que cesen en el uso de su apellido (Antriao) y para que retiren una casilla instalada en su propiedad”, señalaron.
Destacaron que los Antriao “son antiguos pobladores de Villa la Angostura cuyo apellido es usado por la comunidad Paisil Antriao para alegar “derechos ancestrales” que no se corresponden con la verdad histórica”.
Informaron que por último “el grupo se constituyó en el Camping Correntoso, donde solicitó la habilitación comercial, a lo que las personas presentes en la proveeduría respondieron que no tenían e increparon a los vecinos a que abandonaran el lugar ya que estaban retrasando la reunión planificada con una comitiva del INAI”. Ese encuentro se hizo el viernes entre la comunidad Paicil Antriao y funcionarios provinciales, del INAI y técnicos de la mesa que trabaja en el relevamiento territorial.
Críticas al municipio
El grupo de vecinos sostuvo en el comunicado que el resultado de esta constatación que hicieron “es elocuente”.
“Mientras los locales y comercios de Villa la Angostura cumplen con las normativas vigentes en cuanto a habilitación comercial, control bromatológico e inspecciones y pagan las tasas correspondientes, la autodenominada comunidad Paisil Antriao recibe un trato preferencial, no cumple con las normas ni paga tasas contributivas”, denunciaron.
“Las autoridades municipales alegan estar atados de manos por una orden judicial que no pueden citar ni mostrar. Las imágenes y los hechos demuestran que el Gobierno, en todos sus niveles, es funcional a los intereses de grupos minoritarios que se apropian de lo público y de lo ajeno y están totalmente al margen de la ley”, afirmaron en el comunicado.
