La Ley 27.551 fue convertida en ley en junio de 2020, en el Senado, y entró en vigencia un mes después. Desde el sector inmobiliario ven con buenos ojos un cambio, aunque piden que no se haga “de cualquier manera”. Qué pasa con los contratos vigentes.
El presidente Alberto Fernández quiere avanzar con una nueva norma que regule el precio de los alquileres y brinde mayor seguridad para los propietarios y los inquilinos.
Desde la Casa Rosada le pondrán punto final a la Ley de Alquileres. Al menos, esa es la determinación que por estas horas circula en los pasillos de las oficinas tanto del presidente Fernández como del ministro de Economía, Sergio Massa.
En ese marco, tratarán de ver cómo lograr un proyecto superador a esta ley, que generó un perjuicio (y fastidio) tanto a propietarios como inquilinos en todo el país. Esto surgió de la jornada de reuniones que encabezó ayer el Presidente en Casa Rosada con una agenda dominada por temas económicos y por las nuevas metas que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina.
De este modo, según trascendió el lunes, luego de la reunión entre el Presidente y el ministro de Economía, hubo varias definiciones. Una de ellas, dejar sin efecto la Ley de Alquileres que entró en vigencia en julio de 2020.
En este sentido, durante la charla Fernández y Massa coincidieron en que la controvertida ley que regula los alquileres se debe cambiar. Aunque aún no se conoce cómo y cuáles serán los lineamientos que definirán la nueva norma para regular los contratos de locación y vivienda en todo el país.
Asimismo, se supo que la decisión estaría definida, algo que desde hace varios meses viene circulando en los pasillos de los despachos tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo. A pesar de varios intentos de cambios y reformulación de la actual ley 27.551, el dato es contundente: desde su puesta en vigencia del 1° de julio de 2020, el aumento de los alquileres alcanzó el 245% en casi tres años.
Cabe remarcar que la inflación galopante, las paritarias que no superan la pauta de aumentos y el casi nulo acceso al crédito hipotecario, fueron las variables que potenciaron aún más el explosivo panorama que enfrentan tanto propietarios como inquilinos, a la hora de definir los valores de los alquileres en un contrato.
Según la información que trascendió desde la Casa Rosada, se acordó dar de baja la ley de alquileres, que fija nuevas reglas como tres años de contrato y ajuste por inflación y variación salarial, en un contexto inflacionario que generó por igual quejas de inquilinos y propietarios.
Actualmente, el mercado de los alquileres tiene muy poca oferta, con una demanda que se mantiene alta y con precios por las nubes. Por ejemplo, un alquiler que en julio de 2020 pagaba 50 mil pesos mensuales, hoy tiene un valor de 122.500 pesos.
¿Qué pasará con los contratos vigentes o los nuevos contratos?
Según indicó Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), en la suspensión debería detallarse el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida.
El presidente de Keymex Argentina, abogado, escribano y corredor inmobiliario explicó a ámbito.com que una de las posibilidades será que en los “contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley”.
En tanto, estimó que en relación a los contratos que se firmen de aquí en adelante, “mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres. En este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes”.
