Áspero cruce en Villa La Angostura entre De Lillo y un defensor. Ocurrió en el contexto de una investigación con cinco policías imputados por la muerte de Robinson Gatica.
Un delicado conflicto explotó en Villa La Angostura, en el contexto de la investigación por la muerte de Robinson Gatica durante un operativo policial. El abogado defensor de uno de los imputados recusó al fiscal por «amistad manifiesta» con una de las querellantes, de lo cual se enteró porque una mujer policía se lo contó sin que se entiendan las razones.
El episodio involucra al fiscal del caso Adrián De Lillo, al defensor particular de un policía imputado, Cristian Hugo Pettorosso, a la abogada particular Lorena Miani que representa a la viuda de Robinson y a una policía llamada María José Ontiveros.
Por ahora De Lillo aceptó la recusación que le planteó Pettorosso, pero la última palabra la tendrá el fiscal jefe Fernando Fuentes, quien podría ratificar a De Lillo al frente de la investigación que está muy cerca de concluir y ser elevada a juicio oral.
La trama tiene algunos condimentos propios de pago chico. De Lillo, Pettorosso y Miani se vienen cruzando en la causa Robinson y en otras. No es la primera vez que el abogado recusa al fiscal, hasta ahora sin lograr apartarlo.
Al ser consultado por este medio, el abogado penalista Cristian Hugo Pettorosso sostuvo “no hay ninguna intromisión ni vigilancia de la vida privada del fiscal Adrián De Lillo, la cual no reviste interés publico. Lo que importa aquí, como basamento para recusarlo, es que se trata de un funcionario público, pues resulta ser un magistrado que presta servicios en la Justicia, y debe mantener debido respeto a las reglas éticas que impone tan elevada tarea que la sociedad le confía”; agregando Pettorosso que “las normas del Código Iberoamericano de Ética Judicial impiden al magistrado fiscal desenvolverse en público de la forma que lo hizo aquel 16 de abril pasado, mostrándose a la vista de todos en un supermercado de nuestra localidad, haciendo compras de noche junto a la abogada de la parte querellante, y eso no está bien, porque esa conducta muestra -de mínima- una amistad manifiesta que pone seria dubitabilidad la necesaria objetividad que tiene que tener un fiscal a cargo de una investigación criminal. El fiscal debe ser consciente de que el ejercicio de la función ministerial supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos”.
Finalmente, dijo el profesional que “personal policial estaba apostado en el lugar cumpliendo sus tareas laborales, y apareciera en escena el fiscal con quien patrocina a la querella, haciendo compras juntos similar a lo que haría cualquier pareja, y esa observación pública la podría haber hecho cualquier ciudadano que viera esa situación tan irregular, dando aviso a este defensor. Considero que existe un encono disfuncional entre el señor fiscal y la numeraria que cumpliera su labor de avisar como lo hubiera hecho cualquier vecino, destacándose que no es la primera vez que el magistrado ejerce violencia institucional contra dicha agente policial, y eso no lo voy a permitir en el marco de este caso”, aseguró Pettorosso.
En el legajo y en el super
Se cruzan en los legajos y también en el mundo real. Tan es así que el 16 de abril, De Lillo y Miani fueron de compras a un supermercado de la localidad y los vio juntos la policía Ontiveros, quien cumplía servicios adicionales.
Vaya a saber por qué razón, Ontiveros consideró importante contar que los vio juntos. La cuestión es que Pettorosso dijo en su recusación que tuvo «explícito conocimiento, con evidencia objetiva» de ese encuentro en el supermercado.
Invocó un artículo del Código Procesal que autoriza a la defensa a realizar investigaciones, y bajo ese paraguas «interrogó» a la mujer policía, quien le describió «la vestimenta de la pareja». Pettorosso pidió al supermercado el registro de las cámaras, y acompañó su recusación con capturas de video.
Argumentó que la «amistad manifiesta» entre De Lillo y Miani pone dudas sobre la objetividad del fiscal, y lo recusó.
Cuestionamiento a la policía
De Lillo respondió a la recusación, y lo primero que hizo notar fue que la policía de la provincia de Neuquén, a la que pertenece Ontiveros, está apartada de la investigación de la muerte de Robinson Gatica justamente porque hay policías de esa fuerza imputados.
«La información prestada por Ontiveros deja entrever que existió una vigilancia de mi vida privada (no estaba en el ámbito de mi práctica como funcionario público) y ello llevó sin justificativo a un avasallamiento de mi privacidad y a ser objeto indebido de control por personal policial», señaló De Lillo.
Añadió que la policía «fue entrevistada personalmente por un abogado (por Pettorosso) no en el marco de una investigación penal (esto es, no se daba la comisión de un delito que habilitara una investigación) sino por actos de mi vida privada».
El rol del fiscal
A continuación, De Lillo brindó una serie de argumentaciones sobre la objetividad del fiscal, que no es asimilable a la imparcialidad del juez, defendió su actuación en la causa Robinson, y finalmente aceptó apartarse de la investigación aunque dejó la decisión final en manos de su superior inmediato, el fiscal jefe Fernando Fuentes. (La jefatura de la fiscalía de la región sur está vacante, quien ganó ese cargo es Manuel Islas, pero está esperando que la Legislatura le dé tratamiento a su pliego).
Por último, De Lillo dejó abierta la puerta para remitir informes de lo sucedido a la Jefatura de Policía y al Colegio de Abogados. La abogada Lorena Miani prefirió no formular declaraciones.
Fuente: Río Negro.
