Tal como había anticipado Patricia Bullrich en la conferencia de prensa en Villa la Angostura, el gobierno derogó la Ley 26.160 y de esta manera se podrán ejecutar los desalojos pendientes, para aquellos casos donde las comunidades no fueron reconocidas como de posesión ancestral.
El Gobierno decretó este martes la finalización de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas originarias del país. Así, quedó sin efecto la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de esas tierras.
Son esos los puntos principales de Decreto 1083/2024, publicado en la última edición del Boletín Oficial con la firma de Javier Milei y todo su Gabinete.
La normativa, que entrará en vigencia este miércoles 11 de diciembre, derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 805/21 del 17 de noviembre de 2021, que había prorrogado por última vez la ley 26.160 sancionada y promulgada en noviembre de 2006, que declaró inicialmente la emergencia territorial indígena.
- Noticia vinculada
Según manifestó el Gobierno en los considerandos, ese DNU, que había extendido la emergencia hasta el 23 de noviembre de 2025, generó “inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores, en contradicción con el artículo 17 de la Constitución Nacional, así como al derecho de dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias, reconocido en el artículo 124” de la Carta Magna.
Además, expresó que “la prórroga excesiva” dejó espacio para “una larga serie de acciones que, en connivencia con grupos amparados circunstancialmente bajo normativa aplicable a pueblos indígenas, avasallaron los derechos de la ciudadanía y agraviaron las prerrogativas soberanas del Estado”.
De acuerdo con lo manifestado por el Ejecutivo, la situación inicial no solo no mejoró, sino que “se ha agravado debido al incremento de inscripciones de comunidades indígenas en los respectivos registros, sin cumplir las mínimas condiciones para que los peticionantes sean reconocidos como comunidades indígenas autóctonas”.
