Virgilio Sánchez busca detener el desalojo. Denuncias cruzadas entre el magistrado, quien amenaza con denunciarlo al Colegio Público, y el letrado, quien afirma que el juez no cumple con los procedimientos tutelares de los derechos de los niños afectados por la medida.
Las comunidades mapuche del Lof Xinkikew y Lof Melo se encuentran al borde del desalojo y por eso el abogado Luis Virgilio Sánchez presentó recientemente un recurso de reposición y apelación subsidiaria buscando frenar la orden judicial que amenaza con desarraigar a familias enteras, argumentando la omisión de un paso legal fundamental: la intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño.
La resolución, instruye la coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia del Neuquén y Desarrollo Social de Villa La Angostura ”a coordinar acciones atento a la conveniencia de concertar entre ámbitos de autoridad, para el caso de encontrarse menores de edad en el inmueble y a fin de que intervengan en el traslado de niños o adolescentes, en caso de que no estén presentes sus progenitores y presten colaboración a las personas que serán desalojadas…”
Según el letrado “el juez civil Francisco Astoul Bonorino habría incurrido en una grave irregularidad al no garantizar la participación previa y obligatoria del defensor de los menores, tal como lo establece la normativa vigente y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Argentina. Virgilio Sánchez advierte que esta omisión podría acarrear la nulidad de todo el proceso, poniendo en riesgo la estabilidad y el bienestar de los niños y adolescentes que habitan el territorio ancestral”.
La resolución de este recurso podría sentar un precedente sobre cómo el sistema judicial argentino debe abordar casos que involucran los derechos de las comunidades indígenas y, de manera particular, los derechos de los niños y adolescentes en consonancia con los estándares internacionales. Sin embargo, la urgencia del caso se ve incrementada por las denuncias del abogado Virgilio Sánchez, quien acusa al juez civil Francisco Astoul Bonorino de intentar concretar el desalojo antes de que la Cámara se pronuncie sobre su apelación.
La controversia escaló aún más con las amenazas del juez Bonorino de denunciar al abogado Sánchez ante el Colegio de Abogados por supuestas violaciones éticas en su defensa de la comunidad mapuche. El juez argumenta que los recursos presentados por el abogado son reiterativos.
Ante estas acusaciones, el abogado Sánchez fue contundente: “Este juez que me amenaza a mí por presentar escritos, mientras él lleva adelante procedimientos que van contra la ley, porque un juez no puede ordenar un desalojo sin darle intervención al Ministerio Público, que es el defensor de los derechos del niño. Es precisamente el juez quien tiene la obligación de garantizar esos derechos cuando están afectados. Lo que pasa es que, evidentemente, como tienen tanto apuro por ejecutar y desalojar a la comunidad antes de que la Cámara se expida sobre mi queja, entonces se olvidan de todos los procedimientos, se pasan por alto absolutamente todo”.
