El 29 de abril último se hizo la audiencia en la que se admitieron las pruebas y testigos ofrecidos por la fiscalía, las querellas y la defensa del imputado Ramiro Fernández, que ya fue declarado culpable de haber cometido 36 estafas y 3 desbaratamiento de derechos acordados. Los acusadores pretenden que se le imponga prisión efectiva.
En los próximos días se hará la audiencia de cesura, donde se determinará la pena para el agente inmobiliario Ramiro Fernández, que fue declarado culpable tras haber reconocido que cometió 36 hechos de estafas y 3 de desbaratamiento de derechos acordados.
La expectativa de los acusadores público y privados es lograr una condena de prisión efectiva, indicaron fuentes con acceso a la causa.
Fernández admitió su culpabilidad a partir de un acuerdo parcial con la fiscalía de Villa La Angostura, que tuvo el aval de las querellas y de su defensor particular.
El juez Ignacio Pombo lo homologó y declaró a Fernández autor penalmente responsable de 36 hechos de estafas con operaciones inmobiliarias y 3 hechos de desbaratamiento, todo en concurso real.
El 29 de abril último se hizo la audiencia de admisibilidad de las pruebas ofrecidas por la fiscalía, representada por el Federico Gayos, los abogados por las querellas Guillermo Hensel y Lorena Miani y el defensor particular Martín Rodríguez, que asiste al imputado, que también participó de la audiencia.
Es más, Fernández dice ser agente inmobiliario de la firma Lepore, según las actas judiciales a las que accedió LA ANGOSTURA DIGITAL.
El juez Juan Pablo Balderrama dirigió esa audiencia, donde resolvió aceptar los casi 40 testigos ofrecidos por la fiscalía y las querellas. La amplia mayoría son víctimas de las estafas perpetradas por el imputado.
Balderrama aceptó además a los testigos ofrecidos por la defensa.
La fecha de la audiencia de cesura aún no fue comunicada por la Oficina Judicial, pero todo indica que se hará este mes, comentaron fuentes judiciales.
La audiencia de cesura será con un tribunal colegiado, es decir, integrado por tres jueces o juezas, porque el monto de la pena que pedirán la fiscalía y las querellas superará los 3 años de prisión.
El perjuicio económico estimado
Fuentes judiciales estimaron que las estafas representaron un monto de alrededor de 1 millón de dólares.
Según la acusación fiscal, a la que las querellas adhirieron, Fernández hizo las maniobras entre agosto de 2017 y diciembre de 2023. Las estafas sucedieron bajo tres modalidades distintas: La primera fue en el ofrecimiento para la venta de unidades funcionales de un loteo, para luego al momento de suscribir los respectivos boletos de compraventa, colocar nomenclaturas catastrales correspondientes a otros lotes que ya habían sido vendidos, llegando a revender un mismo lote en más de oportunidad.
La segunda modalidad adoptada consistió, según la fiscalía, en plasmar en un boleto de compraventa nomenclaturas catastrales de una unidad funcional inexistente dentro del mismo loteo.
Mientras que la tercera modalidad fue vender unidades funcionales respecto de las cuales el acusado no era propietario, ni tenía poder conferido a su favor que le permitiese llevar a cabo las operaciones de venta concretadas.
La investigación comenzó a finales del 2023 a partir de varias denuncias que se recibieron en la fiscalía de Villa La Angostura. Pero cuando quisieron ubicar al sospechoso en la localidad no lo hallaron.
Recién el 1 de marzo de 2024, Fernández se presentó en una comisaría de la ciudad de Neuquén para ponerse a disposición de la justicia después de que la fiscalía solicitara una orden de captura.
El 8 de marzo del año pasado, la fiscalía de Villa La Angostura lo imputó. El acusado llegó a juicio en libertad.
