Así lo dispuso en un decreto que dictó el 21 de marzo pasado. Por el trabajo encomendado se desembolsarán 5,1 millones de pesos, en tres cuotas. El abogado dijo que está trabajando en el tema requerido, pero que todavía el municipio no hizo los pagos.
El intendente Javier Murer aprobó la contratación de un abogado de Villa La Angostura para que brinde asesoramiento para la creación de una ordenanza que regule los Alojamientos Turísticos Temporarios (ATT´s).
A cambio de ese asesoramiento, Murer dispuso el pago de una retribución de 5.109.311 pesos, con 75 centavos a pagar en tres cuotas.
Se trata del decreto 819/2025 que el Gobierno municipal no difundió, pero tuvo acceso LA ANGOSTURA DIGITAL.
“Apruebése el contrato de locación de servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa la Angostura y el Dr. Sebastián Ignacio Leguizamon Charif con vigencia a partir del 21 de Marzo de 2025 hasta el 5 de Mayo de 2025 en concepto de brindar asesoramiento legal para la creación de la nueva ordenanza que regule las ATT”, dice el decreto que Murer dictó el 21 de marzo pasado.
El decreto establece que por el trabajo encargado el abogado percibirá “como retribución la suma total de 5.109.311,75 pagaderos de la siguiente forma: anticipo del 30 por ciento contra la firma del contrato por un monto de 1.532.793 pesos con 53 centavos, una cuota de 1.788.259 pesos con 11 centavos a los 30 días y una cuota de 1.788.259 pesos con 11 centavos al finalizar el mismo, con un margen de pago de 15 días, contra la presentación de la correspondiente factura y certificación de la Secretaría responsable que suscribe el presente”.
LA ANGOSTURA DIGITAL se comunicó con Leguizamón Charif que informó que el decreto está vigente, que comenzó a trabajar en el tema que le solicitaron desde la Secretaría de Turismo municipal, pero aseguró que todavía el municipio no ha hecho ningún pago.
Dijo que aún no percibió el anticipo que estipula el decreto “sin perjuicio de que ya estamos trabajando en el tema”.
Que dijo el abogado contratado
El abogado explicó que semanas atrás lo consultaron desde la Secretaría de Turismo municipal sobre la posibilidad de que hiciera un estudio de la normativa actual relacionada con el funcionamiento de los alojamientos turísticos.
La idea es hacer un estudio de derecho comparado, para analizar cómo tienen resuelto en otras ciudades el problema de los ATT´s o como algunos definen modalidades disruptivas de alojamientos.
Leguizamón Charif aseguró que todo ese trabajo de estudio de normativas sobre el tema y el informe serán enviados al Concejo Deliberante, para la elaboración de un proyecto de ordenanza que apunte a resolver esa problemática en Villa La Angostura.
La regulación de la oferta informal de alojamientos turísticos es un problema que no han podido resolver los sucesivos gobiernos municipales.
En los considerandos del decreto de Murer indicaron que “desde la Secretaria de Turismo se busca la mejora constante de la oferta hotelera de la localidad”.
Plantearon que “es necesario dar un marco formal actual que regule la actividad”. También, que “es necesario lograr que cada establecimiento se encuentre debidamente habilitado”.
Afirmaron que en la localidad “hay cada vez mas oferta de ATT no habilitadas”. Y destacaron que “es necesario controlar en la localidad la oferta informal específicamente haciendo foco en las ATT”.
Murer argumentó en el decreto que “se trabajará en un proyecto de ordenanza que permita controlar las ATT” y señaló que “existen fondos disponibles dentro del presupuesto vigente, para atender la erogación de que se trata”.
Fuentes que conocen el funcionamiento interno del municipio recordaron que la Municipalidad cuenta con una Asesoría Letrada.
Y observaron que Murer contrata un abogado para hacer el trabajo que deben hacer los concejales, como es elaborar una ordenanza.
Además, indicaron que el municipio tiene un estudio jurídico contratado, y abogadas en Desarrollo Social y la viceintendenta Tamara Martínez es abogada.
Mencionaron que días atrás se conoció que el Concejo Deliberante contrató un contador local para una auditoría externa por 5,5 millones de pesos, para que haga el trabajo que tiene que hacer supuestamente el contador de la municipalidad.
