El caso del operario del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), acusado de múltiples estafas en la localidad de Villa La Angostura, generó un fuerte impacto dentro del organismo provincial, que ya inició acciones administrativas y judiciales para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
El trabajador, que se desempeña como operario y además es delegado sindical, habría exigido importantes sumas de dinero a vecinas de la localidad bajo amenazas de corte del suministro eléctrico, con el pretexto de que era necesario reemplazar el medidor. Según las denuncias, el propio acusado se encargaba de realizar —supuestamente— dichas tareas, cobrando por un servicio que no correspondía ni estaba autorizado por el EPEN.
Mario Moya, presidente del directorio del ente, se refirió públicamente al escándalo y ofreció precisiones sobre el avance de las investigaciones. Aclaró que la institución tomó conocimiento de las denuncias desde un primer momento y que se actuó en consecuencia. “Las denuncias fueron presentadas formalmente en el EPEN”, señaló.
En este contexto, se iniciaron dos procedimientos paralelos: por un lado, un sumario administrativo interno, y por otro, una denuncia penal presentada ante la Justicia provincial. “El día lunes se emitió una resolución que instruye el sumario del operario involucrado”, explicó Moya. Esta instancia administrativa contempla la recopilación de denuncias, el análisis de antecedentes, la citación de testigos y la producción de pruebas, con el objetivo de determinar si el acusado incurrió en una conducta incompatible con su función pública.
En paralelo, el jefe de servicio del EPEN en la zona presentó una denuncia penal en representación del organismo. Moya subrayó que las acciones del trabajador no representan los valores ni el accionar del ente. “Queremos dejar en claro que estos hechos no reflejan el espíritu ni el compromiso del personal del EPEN, que día a día trabaja con responsabilidad y vocación de servicio”, expresó. Y agregó: “Aquí hubo un abuso de la confianza que la comunidad deposita en nuestra institución”.
Un elemento relevante en este caso es la condición de delegado sindical del operario. Esta condición otorga una protección laboral especial que impide aplicar sanciones disciplinarias directas sin una resolución judicial previa. “Se está gestionando la solicitud de levantamiento de la tutela sindical”, indicó Moya. Este procedimiento ya fue iniciado ante la Justicia, dado que solo un juez puede autorizar la suspensión o sanción de un trabajador con fueros gremiales. “Esto también afecta la imagen del EPEN, y por eso es necesario actuar con firmeza pero respetando los marcos legales”, puntualizó.
Posibles sanciones y consecuencias
Según explicó Moya, existen indicios de que el operario podría haber incurrido en maniobras similares en meses anteriores, lo que amplía la gravedad del caso y refuerza la necesidad de una investigación minuciosa. “Todo está bajo análisis, y si se confirma la culpabilidad, se aplicarán las sanciones correspondientes”, aseguró.
En el marco del sumario administrativo, se contempla una amplia gama de sanciones que pueden aplicarse a los agentes públicos, de acuerdo con el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén. Estas medidas van desde una suspensión por hasta 30 días hasta la exoneración del cargo, lo que implica la desvinculación definitiva y la prohibición de reincorporarse a la administración pública por un tiempo determinado.
Particularmente, el caso encuadra en lo que la normativa provincial califica como una “falta grave que perjudique material o moralmente a la Administración Pública”. Si se comprueba esta figura, la sanción más severa —la exoneración— podría ser aplicada, conforme a lo dispuesto en el artículo 111° del Estatuto.
Mientras tanto, el EPEN continúa recabando pruebas y testimonios, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y ajustado a derecho. La comunidad de Villa La Angostura, en tanto, espera que se haga justicia y que se proteja el prestigio de una institución clave en el servicio público de la región.
