El ministro Tobares fue quien envió una nota solicitando no se ejecute la orden de desalojo y convocó a una mesa de diálogo.
El conflicto territorial que involucra a las comunidades mapuches Quintriqueo y Melo en Villa La Angostura experimentó un giro significativo en los últimos días. La orden de desalojo dictada por el juez subrogante Diego Bonorino quedó en suspenso luego de la intervención directa del Ministerio de Gobierno de la provincia de Neuquén, que propuso la apertura de una mesa de diálogo para descomprimir la tensión.
La medida judicial había generado una fuerte polémica a nivel local, en una ciudad que celebró su aniversario el pasado 15 de mayo en medio de un clima de creciente preocupación por el conflicto. Las comunidades, al cumplirse el plazo de cinco días hábiles establecido por el fallo judicial, se organizaron para resistir, bloqueando una tranquera en el ingreso al territorio en disputa.
El freno del desalojo se produjo tras el envío de una nota formal por parte del ministro de Gobierno, Jorge Tobares, quien argumentó que la ejecución de la orden vulnera derechos fundamentales. Según expuso, el procedimiento afecta a niños, niñas, adolescentes y personas mayores en situación de vulnerabilidad, lo que, de llevarse a cabo sin medidas previas de contención, contravendría la Ley Provincial 2302 y diversos tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por Argentina.
Además de la nota escrita, hubo una comunicación telefónica entre miembros de la comunidad y el subsecretario de Gobierno provincial, Juan Grandi, quien reiteró la voluntad del Ejecutivo de evitar una escalada del conflicto y propiciar una solución pacífica. “Nadie quiere ver policías ni violencia en un contexto político tan sensible como el actual”, señalaron fuentes cercanas a la negociación.
La posición de la provincia también se sustenta en documentación oficial. El Lof Kinxikew (Quintriqueo) cuenta con personería jurídica reconocida y con un relevamiento territorial finalizado y validado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), conforme la Resolución 332/23 emitida en 2023. Este reconocimiento implica que el Estado argentino ya ha acreditado que esas tierras son ocupadas de manera tradicional, pública y actual por la comunidad mapuche.
El rol de mediador del ministro Tobares
El ministro Tobares había enviado ya el 13 de mayo una primera comunicación ofreciendo la intervención de la Subsecretaría de Gobierno como instancia de facilitación en el marco del expediente judicial iniciado por el apoderado Guillermo Hensel en contra de la comunidad. Ante la falta de respuesta formal por parte del juzgado y los abogados de ambas partes, Tobares insistió con una nueva nota el pasado 16 de mayo, reiterando la disposición del Gobierno a mediar.
“Habiendo transcurrido un tiempo prudencial sin haber sido notificados de las resultas de ese ofrecimiento, se reitera por esta vía la disposición para llevar adelante y sostener un espacio de diálogo que permita abordar la situación y bregar por su composición en forma pacífica”, expresa el documento.
Este cambio en la actitud institucional se produjo pocos días después de una serie de hechos que profundizaron el conflicto, como el polémico fallo del juez Bonorino del 14 de abril. En ese dictamen no solo se ordenaba el desalojo, sino que también se acusaba al abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, de actuar con falta de ética y de “confundir al juzgado”, incluso amenazando con denunciarlo ante el Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén.
La resolución judicial desató una reacción inmediata del Lof Quintriqueo, que se manifestó frente a la Casa de Gobierno provincial, presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y elevó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia que aún no se ha pronunciado sobre el fondo del caso.
El nuevo elemento que cambió el escenario
El abogado Sánchez aportó un hecho nuevo que contribuyó a detener momentáneamente el operativo de desalojo: denunció que el juzgado había ignorado las recomendaciones del propio Gobierno provincial, que instaban a realizar diagnósticos sociales y activar protocolos de protección antes de avanzar con cualquier medida compulsiva, en cumplimiento de la Ley 2302. La presentación judicial incluyó como prueba la nota oficial enviada por el Ministerio, solicitando la suspensión del procedimiento hasta tanto se cumplieran estas condiciones básicas.
“El juez no solo avanzó sin cumplir los protocolos establecidos, sino que además no convocó a ninguna instancia de diálogo. Ahora que la Provincia lo está pidiendo, esperamos que la Justicia escuche”, expresó Sánchez.
Por ahora, la ejecución de la orden de desalojo quedó congelada, aunque técnicamente sigue vigente. Las comunidades mapuches aguardan que la iniciativa de diálogo impulsada por el Ejecutivo provincial sirva como canal para resolver el conflicto sin violencia ni desplazamientos forzados.
Lo que está en juego: derechos indígenas y reconocimiento territorial
Más allá del episodio puntual, lo que se debate de fondo es el reconocimiento efectivo de los derechos indígenas en la Patagonia. La posible resolución del conflicto marcará un precedente sobre cómo se gestionan las disputas territoriales con pueblos originarios, en un contexto donde muchas comunidades reclaman que sus derechos ancestrales sean respetados por todos los poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial.
La intervención del Ministerio de Gobierno abre, al menos temporalmente, un camino institucional diferente: alejado de la represión, orientado a la negociación y al reconocimiento de derechos preexistentes. Desde el Lof Quintriqueo expresaron su voluntad de encontrar una salida dialogada: “El diálogo es el único camino. Y el reconocimiento de nuestras comunidades no puede ser ignorado por ningún juez”.
Todo indica que las próximas semanas serán claves. La Corte Suprema deberá resolver el recurso de queja, y el futuro del conflicto dependerá en gran parte de si se logra consolidar una mesa de diálogo efectiva o si la justicia insiste en avanzar con una medida que hoy aparece políticamente inviable y jurídicamente cuestionada.
