Si bien se pensaba que la sentencia y los detalles de la misma se conocerían hoy jueves, será el próximo lunes cuando se conocerá el veredicto y los detalles del mismo. La familia insiste en un fallo ejemplar donde el camionero brasileño no haga servicios sociales, sino que tenga que cumplir su condena en prisión.
El 1 de junio de 2024, un trágico accidente conmocionó a la región andina de la Patagonia argentina. Ocurrió cerca del cruce entre la Ruta Nacional 237 y la Ruta 40, en el trayecto que une Villa La Angostura con Bariloche, cuando un camión Mercedes Benz con semirremolque, conducido por el ciudadano brasileño Da Silva, colisionó frontalmente con una camioneta Fiat Strada. En este vehículo viajaban los hermanos Ezequiel Linares (29) y Lisandro Linares (31), junto a sus hijos, Taiel (13) y Martina (6). Todos ellos fallecieron en el acto.
- La acusación: negligencia profesional en condiciones extremas
El Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de entre 5 y 6 años de prisión efectiva para Da Silva, además de una inhabilitación especial para conducir por diez años y 500 horas de trabajo comunitario a favor de una institución de bien público. La fiscalía presentó una batería de agravantes que, según su criterio, configuran un caso claro de responsabilidad penal agravada por la calidad de conductor profesional del imputado.
Uno de los ejes principales de la acusación es que Da Silva, con más de 25 años de experiencia como chofer profesional, debía poseer un conocimiento técnico y una conciencia del riesgo vial superior a la media. “Su formación y trayectoria lo obligaban a extremar precauciones, sobre todo en condiciones adversas como las del momento del siniestro”, argumentaron desde la fiscalía.
Las circunstancias climáticas y geográficas del día del accidente fueron especialmente complejas: nevada intensa, visibilidad reducida, hielo en la calzada y poca luz natural al tratarse de las 18:30 horas de un día invernal. A ello se suma que era la primera vez que Da Silva transitaba por el Paso Cardenal Samoré, una ruta de alta montaña conocida por su complejidad técnica. Según se sostuvo en el juicio, “estas condiciones fueron debidamente acreditadas mediante peritajes, filmaciones y testimonios, y exigían una conducta aún más diligente por parte del conductor”.
La fiscalía también destacó que, pese a haber desinflado parcialmente los neumáticos para mejorar la tracción, la única acción preventiva que consideran acertada por parte del imputado, Da Silva cruzó la doble línea amarilla en una maniobra prohibida y fatal.
Otro elemento agravante señalado fue el tipo de vehículo involucrado: un camión articulado de unos 20 metros de longitud, con gran poder lesivo, cuya maniobrabilidad y frenado se ven notablemente reducidos en condiciones climáticas adversas. El hecho de conducirlo a una velocidad que, si bien no superaba los límites legales, resultaba inapropiada para las condiciones del camino fue también considerado un factor relevante.
Asimismo, la fiscalía criticó la actitud posterior al accidente: Da Silva no habría intentado socorrer a las víctimas, lo que interpretaron como una conducta de “desprecio y desaprensión por la vida humana”.
- La defensa: contexto personal, emocional y dudas razonables
Por su parte, la defensa de Da Silva cuestionó la severidad del pedido de pena e instó a considerar las circunstancias personales del imputado, su estado emocional, y los elementos atenuantes del caso. Alegaron que el conductor no tuvo intención de provocar el accidente y que este ocurrió en un contexto extraordinario de presión y dificultad.
Uno de los principales argumentos fue la necesidad de preservar el derecho a la resocialización del imputado. Se presentó un informe psicológico que dio cuenta del grave estado anímico de Da Silva, quien atraviesa un cuadro depresivo, vive en aislamiento en un pequeño monoambiente de 4×5 metros, y experimenta dificultades para comunicarse debido a que no domina el idioma español. Además, aseguraron que desde que ocurrió el hecho, ha sido blanco de agresiones verbales en Bariloche, lo que ha derivado en un “juicio paralelo” en su contra.
La defensa también sostuvo que la salud física de Da Silva se ha deteriorado, especialmente su capacidad de controlar la diabetes por la imposibilidad de acceder a tratamiento adecuado y por la inestabilidad emocional que vive.
En cuanto a la conducta del conductor tras el siniestro, los abogados defensores afirmaron que no se le puede reprochar no haber asistido a las víctimas, ya que todos los ocupantes del vehículo fallecieron en el acto, lo que hace inviable cualquier acción de auxilio.
Otro punto de tensión en el debate fue la mención al estado del vehículo en el que viajaban los Linares. La defensa planteó que la Fiat Strada era un vehículo de dos plazas que no estaba siendo utilizado correctamente, ya que los cinturones de seguridad estaban intactos y no fue necesario cortarlos para extraer los cuerpos. “Esa es una circunstancia imprevisible para el conductor del camión, por lo que no puede atribuírsele responsabilidad sobre ello”, aseguraron.
Por último, refutaron el argumento de la fiscalía sobre el desconocimiento del Paso Samoré, indicando que Da Silva ya había transitado rutas de montaña más exigentes, como el Paso Cristo Redentor, lo que demostraría su capacidad para manejar en contextos similares.
- Conclusiones abiertas y expectativa de sentencia
El caso Linares ha generado una fuerte repercusión pública en la región, no solo por la magnitud de la tragedia y la pérdida de cuatro vidas, sino por el complejo debate jurídico que plantea sobre la responsabilidad profesional, la conducta posterior al hecho, y las implicancias humanas y sociales de una condena.
Mientras la fiscalía insiste en una pena ejemplar por la gravedad de los hechos y la conducta del imputado, la defensa aboga por una mirada más comprensiva, que contemple el contexto personal, la salud mental y los derechos fundamentales de su defendido.
La sentencia aún está pendiente, pero el caso ya se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre la demanda social de justicia y el enfoque garantista del derecho penal moderno.
