En el marco de dos sumarios administrativos iniciados tras hechos de gravedad ocurridos en enero pasado —que motivaron la renuncia de la entonces Secretaria de Desarrollo Social, Graciela Lobos— dos funcionarias municipales denunciaron ante la Justicia y la Junta de Admisión, Calificación, Ascensos y Disciplina (J.A.C.A.D.) presuntas maniobras de corrupción encabezadas por el presidente de dicho organismo, Juan Pablo Naretti, tendientes a expulsarlas de sus cargos.
Los hechos se originaron cuando una adolescente, bajo tutela judicial y alojada en el Refugio de Mujeres dependiente de la Municipalidad de Villa La Angostura, fue agredida físicamente por Graciela Elizabeth Lobos. Ante la gravedad del suceso, dos funcionarias —la Directora de Capital Humano, Rosa Orellana, y la Directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Jesica Maldonado— decidieron realizar la denuncia correspondiente. Para obtener pruebas, revisaron los registros de las cámaras de seguridad del lugar, con autorización del Director de Sistemas, y constataron que la agresión había quedado registrada en video.
Como consecuencia del acceso a las imágenes, el intendente Javier Murer dictó un decreto ordenando la apertura de sumarios administrativos internos contra Orellana y Maldonado, al considerar que podrían haber incurrido en una conducta irregular al visualizar ese material.
En paralelo, la ex secretaria Lobos quedó sujeta a una investigación penal por posible incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, debido a la agresión a la menor.
Investigación sumarial y denuncia penal por tráfico de influencias
El abogado defensor de las funcionarias sumariadas, Cristian Hugo Pettorosso, informó que para llevar adelante la investigación interna, el Ejecutivo contrató a una abogada externa (M.A.F.) como instructora sumariante. Finalizada la investigación, la profesional recomendó a la J.A.C.A.D. sancionar con exoneración y cesantía a ambas funcionarias.
A raíz de esta situación, Rosa Orellana se presentó en la comisaría local y denunció penalmente a la instructora sumariante por presunto tráfico de influencias. En su denuncia, Orellana asegura haber escuchado un audio en el que la instructora afirma: “se expresaron re claro eh, que me dijeron que querían echar a Rosa Orellana… los querían fuera, los querían echar y que necesitaban un dictamen de un instructor sumariante, y yo para eso no me puedo prestar porque es dejar sin trabajo a dos personas, sin tener las pruebas suficientes…”.
Además, la denuncia apunta al presidente de la J.A.C.A.D., Juan Pablo Naretti, como presunto autor intelectual de la maniobra, ya que se sospecha que habría influido para obtener un dictamen desfavorable contra las funcionarias.
Pedido de nulidad de todo lo actuado
El abogado Pettorosso calificó los hechos como de “extrema gravedad institucional” y solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado en los sumarios, así como la inexistencia de los actos administrativos, argumentando que el proceso se encuentra “viciado de origen” por la comisión de presuntos delitos orientados a perjudicar deliberadamente a las agentes municipales.
