Señor director:
Hay hechos que marcan un antes y un después. Hechos que interpelan no solo a las instituciones, sino a nuestra conciencia colectiva. Cuando un hecho de extrema gravedad, como es el caso de un menor vulnerado que está bajo custodia del Estado sufre violencia en manos de quienes debían protegerla, no estamos solo ante un caso aislado, sino frente a una herida profunda en el tejido moral de nuestra comunidad. Lo que se hace —o se deja de hacer— en esos momentos, define el verdadero rostro de una sociedad. Lo quisieron cubrir, quisieron desviar el foco de lo sucedido y eso habla de la clase de dirigentes políticos.
Por ello hoy nos dirigimos a los vecinos y a sus representantes institucionales en un momento de extrema gravedad. Venimos a contarles que el pasado 21 de enero, una joven menor bajo custodia del Estado fue víctima de violencia física durante una intervención oficial, en presencia de funcionarios públicos y autoridades responsables de su cuidado. Desde el día 12/2/25, el Concejo Deliberante tuvo conocimiento de lo sucedido, y, sin embargo, hemos llegado a esta instancia límite, donde no solo no se garantizó una investigación seria y transparente, sino que se optó por el silencio institucional.
Frente a esta realidad inadmisible, hemos presentado un pedido de juicio político contra las máximas autoridades municipales responsables de la omisión, el encubrimiento y la persecución institucional contra quienes, como funcionarias públicas, actuamos en estricto cumplimiento de nuestras obligaciones legales. Tal accionar se encuentra amparado por el artículo 2 de la Ley Nacional 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece el deber de “velar en todo momento por el interés público por encima del interés particular”, y por el artículo 22 de la Ley Provincial 2302, que impone a todo agente estatal la obligación de “comunicar de inmediato a la autoridad competente cualquier situación de amenaza o violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Con profundo pesar nos preguntamos si han sido capaces de encubrir y desviar la atención sobre un hecho de tal gravedad, ¿de qué otras cosas podrían ser capaces?
Este episodio no solo constituye una gravísima vulneración a los derechos de la infancia, sino también un claro incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de poder y quiebre del orden jurídico. En lugar de proteger a los más vulnerables, se ha castigado a quienes cumplieron su deber con valor, ética y legalidad.
No estamos utilizando este hecho aberrante como una herramienta de oportunismo ni como una búsqueda de rédito personal. Muy por el contrario, lo que hoy se visibiliza es una realidad que desde el primer momento se intentó ocultar, desviar y encubrir. No se trata de individualismos, como algunos pretenden instalar, sino del cumplimiento del deber que nos corresponde como funcionarias públicas, conforme lo establece la Ley de Ética Pública y la normativa vigente en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Denunciar una golpiza a una menor bajo tutela estatal no es una elección, es una obligación legal y moral. Callar ante semejante vulneración —como decidieron hacer algunos funcionarios y empleados— sí habría sido una falta gravísima. Hacer lo correcto no debería avergonzar a nadie.
Nos duele profundamente ver cómo las estructuras del poder intentan silenciar a quienes actuamos con responsabilidad. Pero hoy decimos basta. La impunidad no puede ser la respuesta del Estado. El silencio ante la injusticia también es una forma de violencia.
Exhortamos al Honorable Concejo Deliberante a asumir el rol que los vecinos de Villa La Angostura le hemos confiado: controlar, investigar, fiscalizar y garantizar el cumplimiento de la ley. Este es el momento de demostrar que el bien común está por encima de toda conveniencia política. Tienen la oportunidad de hacer historia, de devolverle dignidad a la política y de actuar con la responsabilidad que exige el momento. Para eso fueron elegidos.
Confiamos en que este cuerpo deliberante sabrá estar a la altura de las circunstancias y tomará las decisiones que la ética, la ley y el pueblo esperan.
El bien común, la justicia y el respeto por los derechos humanos deben prevalecer por encima de todo beneficio político.
Hoy está en juego la confianza política y la protección de los más vulnerables, el silencio, la demora y la indiferencia frente a estos hechos no hacen más que fortalecer la impunidad, instalar el miedo a denunciar y debilitar la legitimidad y transparencia de nuestras instituciones.
La ética, la responsabilidad pública y la protección de la infancia es una responsabilidad colectiva que no admite excusas. Lo que está en juego es la credibilidad del Estado, la justicia, y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y representantes.
Por ello, le pedimos a la comunidad que nos acompañe en este reclamo con conciencia, firmeza y memoria. Porque una democracia verdadera se construye con verdad, justicia, ética y responsabilidad institucional.
Atentamente,
Rosa Orellana
DNI 26.504.394
Jesica Maldonado
DNI 31.614.645
