Rosa Orellana, directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa La Angostura, junto a otra directora municipal también afectada, presentaron formalmente ante el Concejo Deliberante un pedido de juicio político contra las máximas autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal.
De acuerdo a un comunicado “la solicitud se fundamenta en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, el encubrimiento de hechos de violencia institucional y el hostigamiento laboral hacia quienes actuaron conforme a la ley”.
El mismo comunicado expresa “el pedido tiene como antecedente un grave episodio ocurrido el 21 de enero de 2025, durante una intervención oficial en un dispositivo de protección estatal. En esa ocasión, una funcionaria política agredió físicamente a una adolescente bajo custodia estatal. A pesar de que la situación fue comunicada internamente en tiempo y forma, el Ejecutivo no solo omitió investigar o sancionar a la responsable, sino que adoptó medidas arbitrarias y persecutorias contra quienes intentaron visibilizar el hecho. Entre ellas, aceptó la renuncia de la funcionaria implicada —quien debió haber sido destituida y sometida a juicio político— y avanzó con sanciones contra las empleadas denunciantes”.
Aclara que “las medidas tomadas contra las directoras municipales incluyeron la suspensión de funciones, sumarios irregulares, incumplimiento de los procedimientos administrativos, eliminación del acceso a sistemas institucionales, aislamiento laboral, y episodios de violencia simbólica y psicológica”.
La presentación se apoya en la Ley Provincial 2302 de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Ética Pública y la Carta Orgánica Municipal, que obliga a los funcionarios públicos a actuar ante el conocimiento de hechos que impliquen vulneración de derechos.
“Se espera que el Concejo Deliberante actúe con responsabilidad institucional, considere las pruebas presentadas y avance con el pedido, cumpliendo así su función de control y resguardo de la legalidad. La decisión que adopte será crucial para determinar si primará la defensa del bienestar de los sectores más vulnerables y la transparencia en el ejercicio del poder, o si se naturalizarán prácticas que atentan contra los derechos y garantías fundamentales”, finaliza el comunicado.
