En los últimos días trascendió que el empleado del EPEN en Villa la Angostura y acusado de cometer varias estafas contra vecinos de esta localidad, presentó un pedido formal ante el juez civil interviniente para que se le permita seguir percibiendo su salario, a pesar de encontrarse suspendido y bajo investigación penal.
La solicitud fue elevada en el marco de la demanda impulsada por el EPEN con el propósito de retirarle la tutela sindical que ampara su cargo, a raíz de los presuntos delitos que investiga la justicia penal, relacionados con maniobras fraudulentas que habrían perjudicado a usuarios del servicio eléctrico provincial.
Semanas atrás, el juez Francisco Astoul Bonorino resolvió hacer lugar a la medida cautelar requerida por el EPEN, disponiendo la suspensión de la prestación laboral de este empleado sin goce de haberes, al considerar que se encontraban acreditados los presupuestos legales para esa decisión preventiva.
No obstante, tras la suspensión, el empleado compareció nuevamente ante el juzgado y, amparándose en la tutela sindical que aún conserva, solicitó que mientras dure el proceso, se le autorice a continuar cobrando su salario completo, incluidos los haberes correspondientes al aguinaldo. En su presentación, argumentó que “si bien resulta plausible dictar una medida cautelar de suspensión, la misma, teniendo en cuenta los principios de especial protección del salario, la protección a la actividad sindical, el principio de inocencia y la circunstancia de que la medida fue promovida por el empleador de manera preventiva, sin que exista un pronunciamiento de responsabilidad ni ejercicio pleno del derecho de defensa, debe necesariamente ser concedida con goce de haberes”.
El imputado niega conocer a las supuestas víctimas
En paralelo, se conoció que el empleado presentó descargos negando terminantemente conocer a los vecinos que lo denunciaron por estafa. Según su versión, se trata de “personas que desconozco absolutamente y con las que no mantengo ningún tipo de relación personal ni laboral”.
Además, refutó los argumentos del EPEN al sostener que, hasta el momento, “no existen elementos probatorios debidamente producidos que demuestren la existencia real de un peligro concreto para los bienes o la seguridad de la empresa”.
La investigación penal avanza
Mientras tanto, en sede penal, las actuaciones continúan su curso. El abogado Cristian Hugo Pettorosso, representante de varias vecinas damnificadas, ratificó que en la causa penal existen elementos de convicción suficientes para avanzar con la acusación formal. “Estamos esperando que el Ministerio Público Fiscal convoque a las partes a la audiencia de formulación de cargos, que permitirá al imputado conocer detalladamente las imputaciones y ejercer su defensa con las pruebas que considere pertinentes”, precisó el letrado.
Pettorosso señaló además que la intención de las víctimas es “sostener la acusación hasta que se repare de manera integral el daño económico y moral que estas maniobras ocasionaron”, subrayando que la causa continuará con el impulso de la querella mientras se cumplen los plazos procesales.
De este modo, tanto la instancia civil como la penal mantienen abiertas sus respectivas investigaciones, mientras se definen medidas que podrían tener consecuencias significativas sobre la situación laboral, sindical y patrimonial del empleado del EPEN.
