Tras años de decisiones controvertidas y denuncias de irregularidades, el gobierno de Javier Milei resolvió avanzar con un profundo cambio en la estructura del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La medida supone retirarle su carácter de organismo descentralizado y reubicarlo dentro del esquema de la Jefatura de Gabinete, puntualmente bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.
Durante la gestión de Alberto Fernández, el INAI había sido blanco de duras críticas, en particular por su intervención en tomas de tierras privadas y estatales promovidas por grupos que, en numerosos casos, no contaban con reconocimiento formal como comunidades originarias. Este contexto derivó en un creciente cuestionamiento político y social sobre la actuación del instituto.
Mediante el decreto 438/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo fundamentó la decisión en los resultados de una auditoría interna que detectó “importantes debilidades vinculadas al desenvolvimiento” del organismo. Según se detalla en el documento, la auditoría reveló que “la información relativa a los juicios contra el Estado nacional a cargo del referido Instituto no se encuentra cuantificada ni registrada en su totalidad”, además de constatar “apartamientos normativos y omisiones en la tramitación de expedientes administrativos en materia presupuestaria y ejecución de gastos”.
Entre otros puntos críticos, el informe subrayó que el INAI presenta “deficiencias en el registro de su patrimonio”, carece de un sistema estandarizado para inventariar bienes muebles, y que esa situación genera un riesgo sobre el resguardo de su infraestructura y recursos materiales.
El decreto también puntualiza que se verificaron “desvíos e inconsistencias” en la rendición de cuentas de los subsidios entregados a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario. A su vez, el Ejecutivo denunció que los procedimientos de contrataciones “no se ajustan a las normas legales vigentes”, lo que, según el texto oficial, atenta contra la transparencia y el uso eficiente de fondos públicos.
Pese a que el INAI contaba con una estructura administrativa que debería haber facilitado su funcionamiento, el gobierno consideró que esta no derivó en “una gestión más eficiente ni transparente”. En este sentido, el decreto argumenta que “las funciones asignadas al INAI no requieren ser llevadas a cabo por un organismo descentralizado” y que su incorporación a la Jefatura de Gabinete permitirá “fortalecer los mecanismos de control sobre la ejecución presupuestaria, optimizar la asignación de los recursos disponibles y suprimir instancias administrativas innecesarias”.
La transformación se enmarca en las metas de racionalización del gasto público y reestructuración del Estado, contempladas en la Ley N° 27.742. El texto sostiene que estos cambios apuntan a “lograr una gestión pública más transparente, ágil, eficiente y eficaz, reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal y asegurar el efectivo control de las finanzas públicas”.
En otro de sus artículos, el decreto ordena la eliminación del Consejo de Coordinación y Articulación Política de Políticas Indígenas, un órgano asesor creado por ley que, según se remarcó, sólo se reunió una vez en los últimos doce años. Su lugar será ocupado por un nuevo Consejo de Coordinación, que integrarán representantes de distintos ministerios nacionales, de los gobiernos provinciales y de comunidades indígenas, con el objetivo de articular las políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios.
El titular del INAI, Claudio Avruj, respaldó la medida al considerarla una instancia de “transformación, reestructuración y centralización”. Según expresó, estos cambios representan “un paso más en el camino de ordenamiento y optimización” del área, con el fin de que su funcionamiento sea “más eficiente y efectivo”.
Por su parte, el decreto fue rubricado por el presidente Javier Milei y por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quienes subrayaron que esta decisión se enmarca en el compromiso de la administración actual de “ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos se dirijan a quienes más lo necesitan”.
En este contexto, la transformación del INAI no solo implica un cambio formal de dependencia administrativa, sino también un mensaje político que reafirma el rumbo del Gobierno de revisar, redimensionar y recortar la estructura estatal en áreas que, según la gestión actual, no garantizaban un uso eficiente ni transparente de los recursos.
