El Concejo Deliberante convocó a una sesión extraordinaria que se llevará a cabo esta mañana, donde se debatirá un pedido de juicio político dirigido a funcionarios del Ejecutivo municipal, presentado por las trabajadoras municipales Rosa Orellana y Jesica Maldonado. Ambas se encuentran actualmente sumariadas por la gestión de Javier Murer.
La solicitud se origina a partir de un episodio ocurrido el 21 de enero de 2025, cuando una funcionaria política habría agredido físicamente a una adolescente que se encontraba bajo protección estatal durante una intervención oficial. Según el relato de las denunciantes, la menor fue víctima de golpes en un contexto de vulnerabilidad extrema, lo que generó alarma entre el personal interviniente.
Falta de medidas disciplinarias
Las dos empleadas cuestionan que, pese a que la situación fue informada de manera interna y documentada, el Ejecutivo municipal no impulsó acciones disciplinarias ni inició actuaciones formales contra la funcionaria agresora. Por el contrario, la involucrada renunció voluntariamente a su cargo sin recibir sanciones administrativas ni enfrentar responsabilidades legales, evitando así un proceso de remoción o un eventual juicio político.
Acusaciones cruzadas
Desde el Ejecutivo, se defendieron señalando que tanto Orellana como Maldonado no habrían seguido los pasos establecidos por la normativa interna para denunciar el hecho ni habrían notificado de manera inmediata a las autoridades competentes. También cuestionaron que ambas empleadas accedieron y revisaron imágenes de las cámaras de seguridad del edificio municipal sin la autorización correspondiente, hecho que derivó en la apertura de sumarios administrativos.
El pedido de juicio político
De acuerdo a un comunicado firmado por las dos empleadas municipales “la solicitud se fundamenta en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, el encubrimiento de hechos de violencia institucional y el hostigamiento laboral hacia quienes actuaron conforme a la ley”.
El mismo comunicado expresa “el pedido tiene como antecedente un grave episodio ocurrido el 21 de enero de 2025, durante una intervención oficial en un dispositivo de protección estatal. En esa ocasión, una funcionaria política agredió físicamente a una adolescente bajo custodia estatal. A pesar de que la situación fue comunicada internamente en tiempo y forma, el Ejecutivo no solo omitió investigar o sancionar a la responsable, sino que adoptó medidas arbitrarias y persecutorias contra quienes intentaron visibilizar el hecho. Entre ellas, aceptó la renuncia de la funcionaria implicada —quien debió haber sido destituida y sometida a juicio político— y avanzó con sanciones contra las empleadas denunciantes”.
Aclara que “las medidas tomadas contra las directoras municipales incluyeron la suspensión de funciones, sumarios irregulares, incumplimiento de los procedimientos administrativos, eliminación del acceso a sistemas institucionales, aislamiento laboral, y episodios de violencia simbólica y psicológica”.
La presentación se apoya en la Ley Provincial 2302 de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley de Ética Pública y la Carta Orgánica Municipal, que obliga a los funcionarios públicos a actuar ante el conocimiento de hechos que impliquen vulneración de derechos.
“Se espera que el Concejo Deliberante actúe con responsabilidad institucional, considere las pruebas presentadas y avance con el pedido, cumpliendo así su función de control y resguardo de la legalidad. La decisión que adopte será crucial para determinar si primará la defensa del bienestar de los sectores más vulnerables y la transparencia en el ejercicio del poder, o si se naturalizarán prácticas que atentan contra los derechos y garantías fundamentales”, finaliza el comunicado.
