El presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, se pronunció sobre la sesión extraordinaria que tuvo lugar este viernes, en la cual se rechazó —por un margen muy ajustado— el pedido de juicio político presentado por dos empleadas municipales que actualmente se encuentran sumariadas. La denuncia estaba dirigida contra el intendente Javier Murer y otros integrantes de su gabinete.
Raimondo sostuvo que, tras un análisis detallado del expediente, no se hallaron elementos objetivos que permitieran configurar el “mérito” necesario para la apertura del proceso. “No había en el expediente ningún elemento que permita configurar mérito. Si los concejales que votaron a favor del juicio político hubiesen contado con pruebas sólidas, hubieran elaborado la resolución correspondiente”, afirmó con contundencia.
El presidente del cuerpo legislativo explicó que la cuestión fue tratada con celeridad en una sesión especial debido a que se encontraban próximos a vencerse los plazos administrativos. Además, recordó que fueron las mismas concejales que impulsaron el pedido quienes solicitaron en la sesión anterior un pronto tratamiento del tema.
Raimondo, quien tuvo la responsabilidad de emitir el voto de desempate que finalmente inclinó la balanza en favor del rechazo del proceso, subrayó que “todos los pedidos de información que este Concejo realizó al Ejecutivo fueron respondidos en tiempo y forma”. Y agregó: “Quedó absolutamente claro —y consta en el propio expediente— que la justicia tomó intervención a partir de una instrucción directa del intendente, lo que desmiente cualquier intención de encubrimiento”.
Por otra parte, cuestionó con firmeza los argumentos esgrimidos por los ediles que promovieron el juicio político. “A simple vista, hay un profundo desconocimiento de la Carta Orgánica Municipal y de la Ordenanza que regula el procedimiento de juicio político”, señaló. En ese sentido, remarcó que no es cierto que la declaración de mérito implique sólo el inicio de una investigación preliminar: “El mérito también conlleva la suspensión inmediata en el ejercicio de funciones de los funcionarios implicados, en este caso de las máximas autoridades del Ejecutivo municipal. Es un acto de extrema gravedad institucional que no puede tomarse a la ligera”.
Finalmente, Raimondo advirtió que detrás de la iniciativa existieron motivaciones ajenas a una preocupación genuina por la administración pública. “Se trató de un accionar irresponsable, sin un análisis serio de las implicancias legales y políticas, guiado más por la presión mediática y una agenda política de confrontación que por un verdadero interés en esclarecer los hechos”, concluyó.
