Sr. Director:
El tema de las armas de fuego siempre ha generado discusiones en distintos ámbitos, con voces a favor y en contra, con posiciones raras veces conciliables, sobre la conveniencia de su tenencia por parte de personas que las eligen con fines de seguridad.
La utilización de armas de fuego para la consolidación derechos, nos remonta a tiempos históricos en nuestro país, más de dos siglos atrás, cuando la civilización patriótica era incipiente, y todavía no había orden constitucional.
Las armas son parte de la cultura de la sociedad moderna, injustamente adjetivadas por narrativas demonizantes de sectores interesados que pretenden abolirlas, en un claro fomento de la indefensión ciudadana, alentando el desorden y la confusión con prédicas ciegas; disimulando que son tan imprescindibles para el mantenimiento de la paz, que nadie imagina la seguridad pública sin el uso de ellas, porque las armas de fuego, se acepte o no, pacifican y disuaden cuando sujetos transgreden las normativas que nos regulan y protegen.
En el ámbito privado, el empleo controlado de estas herramientas contribuye a sostener la anhelada pacificación social, ya que una sociedad armada es más segura frente al incesante incremento de delitos graves contra las personas, propiciado, entre otras causales, por la incesante expansión de la criminalidad organizada.
Hechos de homicidios dolosos, abusos sexuales en ocasión de robos, secuestros, bandas de asaltantes y el avance del narco en sus distintas variantes -entre otros- son delitos que suelen aparecer cada vez con más frecuencia en las tapas de los diarios -algunas veces impunes- y resultan muestras incómodas para el gobierno, en una sociedad desprotegida que siente la inseguridad como uno de los principales factores que movilizan a cambios trascendentales en los proyectos de las personas y las familias; siendo no pocos los que huyen de las urbes hacia estas latitudes para encontrar mayor seguridad.
Defenderse de la delincuencia es un derecho constitucional, de tipo operativo, y la doctrina de la legítima defensa ejercida por usuarios autorizados a la tenencia de armas de fuego, en excepcionales determinados casos, autoriza al uso medido de armamento en situaciones límites para repeler agresiones injustas que pueden hacer peligrar la vida y salubridad de los propios dentro de una vivienda, en circunstancias donde no hay tiempo para convocar a la Policía, o, ya efectuado el llamado de emergencia a la fuerza de seguridad, ésta pudiera llegar tarde, o peor aún, no arribar nunca por no encontrar el lugar de los hechos en una zona que puede estar alejada del casco urbano, sin señal de telefonía celular, sin luminarias, oscura, o con dificultades para acceder el móvil patrullero por barro, nieve, caída de árboles u otras contingencias tan comunes en estas zonas cordilleranas.
En determinadas circunstancias, un arma para defensa dentro del hogar puede hacer la diferencia entre salvar los más preciados bienes jurídicos o lamentar una desgracia eterna, cuando los recursos del estado no llegan a tiempo a cumplir su finalidad preventiva y eventualmente, represiva.
En esta mirada, un arma de fuego registrada legalmente, solamente la puede tener una persona que ha cumplido previamente con exámenes psicofísicos especiales y cursos de tiro por instructor habilitado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (antes RENAR); siendo que, aprobadas las distintas evaluaciones técnicas, demostrada la carencia de registros de antecedentes penales y medios lícitos de vida, se otorga la credencial de legítimo usuario (CLU), que autoriza a la compra y tenencia de armamento y municiones con fines deportivos y/o de seguridad personal.
Se puede afirmar, entonces, que la portación de dicha credencial es una certificación de ciudadano de bien, honesto, pues se la obtiene únicamente demostrando aptitudes excluyentes requeridas por la ley y reglamentación en la materia.
Entre tanto, cabe agregar a este ensayo, contrariamente a lo que pudiera suponerse, que la seguridad armada no solo es patrimonio históricamente consolidado por la comunidad varonil, pues muchas mujeres -felizmente cada vez más- obtienen su credencial de legítimas usuarias, convirtiéndose en expertas tiradoras en los polígonos o campos de tiro donde practican regularmente con el uso de las mismas armas de su propiedad con las que defienden sus hogares y a los suyos; porque la seguridad privada de los particulares, no distingue género y resulta ser un complemento necesario al monopolio de un estado que no cuenta -no brinda de momento- con recursos suficientes para hacer frente a las demandas actuales que clama la ciudadanía.
En esta línea, cuando defenderse es un derecho, se impone desarmar a los delincuentes y armar a la población civil, en resguardo de los valores que deseamos mantener para afianzar el bienestar de todos.-
Abog. Cristian Hugo Pettorosso
Mat. 2248, CAPN
