Este martes se inició el juicio de cesura que definirá la pena para el agente inmobiliario Ramiro Fernández, quien ya fue declarado penalmente responsable de 36 estafas y tres hechos de desbaratamiento de derechos acordados. La fiscalía y las querellas particulares solicitarán una condena de prisión efectiva.
Durante la primera jornada del juicio, desarrollada en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura, testificaron varias de las víctimas de Fernández. Cada uno relató el impacto personal y patrimonial que les generaron las maniobras fraudulentas cometidas por el acusado, quien actuaba en representación de la inmobiliaria Lepore. Según fuentes judiciales, los testimonios coincidieron en el daño económico sufrido, pero también en las consecuencias emocionales que dejaron las estafas.
Para muchos de los damnificados, Fernández no solo les causó un perjuicio económico, sino que también les frustró el sueño de acceder a una vivienda en Villa La Angostura, lugar que describieron como un paraíso. Entre los testigos se destacó uno que, además de ser víctima, contó que había sido amigo y socio del acusado. Pese a haber intentado ayudarlo en un momento difícil, también fue engañado y estafado por él.
El tribunal encargado de determinar la pena está conformado por los jueces Maximiliano Bagnat, Federico Sommer y Alina Macedo Font. En esta instancia, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Adrián De Lillo y Federico Gayos, mientras que los querellantes particulares son los abogados Guillermo Hensel y Lorena Miani. La defensa de Fernández está a cargo del abogado Martín Rodríguez.
La audiencia comenzó con los alegatos de apertura por parte de la fiscalía, los querellantes y la defensa. Cada parte expuso su teoría del caso: mientras los acusadores buscan que se imponga una pena de cumplimiento efectivo, la defensa intentará lograr la pena mínima.
Reconocimiento de culpabilidad
En marzo pasado, Fernández reconoció su culpabilidad en el marco de un acuerdo parcial alcanzado con la fiscalía, que fue homologado por el juez Ignacio Pombo con el aval de las querellas y su defensa. Fue declarado autor penalmente responsable de 36 estafas y tres hechos de desbaratamiento de derechos acordados, todos en concurso real.
De acuerdo con la acusación fiscal, las maniobras fraudulentas se realizaron entre agosto de 2017 y diciembre de 2023, bajo tres modalidades diferentes:
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Reventa de lotes ya vendidos: Ofrecía unidades funcionales de un loteo y, al momento de la firma del boleto de compraventa, asignaba nomenclaturas catastrales que correspondían a lotes previamente vendidos, llegando incluso a revender un mismo lote más de una vez.
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Venta de unidades inexistentes: Firmaba boletos de compraventa incluyendo datos catastrales de unidades funcionales que en realidad no existían dentro del loteo ofrecido.
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Venta sin propiedad ni poder: Comercializaba unidades sobre las que no tenía ni el dominio ni un poder legal que le permitiera efectuar dichas transacciones.
Las primeras denuncias se presentaron hacia fines de 2023 en la fiscalía de Villa La Angostura. Según estimaciones de fuentes judiciales, el monto total de las estafas rondaría el millón de dólares.
El juicio continuará este miércoles con la declaración de más testigos.
