Así lo advirtió el concejal y abogado Héctor Vénica, quien recordó que el Gobierno tiene que redefinir un nuevo acuerdo con los beneficiarios que tienen derechos adquiridos para recibir una vivienda social, y no un lote con servicios. El Concejo debe aprobar una nueva ordenanza y los beneficiarios deben renunciar a esos derechos y aceptar una nueva propuesta.
Después de más de una década marcada por idas y vueltas, y a pesar del paso de distintos gobiernos municipales, el conflicto relacionado con los beneficiarios de los macrolotes 5 y 6 continúa sin una resolución definitiva. Estas familias siguen a la espera de una respuesta concreta respecto al acceso a los lotes que les fueron adjudicados, mientras observan cómo otros macrolotes avanzaron con obras y viviendas.
En este contexto, el abogado y concejal del bloque Juntos por el Cambio, Héctor Vénica, expresó su preocupación en el noticiero de Angostura Televisión Digital. Según su análisis, el actual gobierno local, encabezado por el intendente Javier Murer, debe encarar con urgencia un nuevo acuerdo con los beneficiarios de los macrolotes 5 y 6, como única vía para resolver el conflicto de fondo.
“Estamos rompiendo las promesas que hicimos como municipio”, sostuvo con firmeza Vénica, quien advirtió que estos vecinos tienen todo el derecho a cuestionar por qué se desarrollaron cuatro macrolotes con infraestructura, viviendas y servicios, mientras sus propios lotes siguen postergados. “¿Qué son, los hijos no reconocidos del municipio?”, ironizó al referirse a los adjudicatarios de los macrolotes 5 y 6.
El concejal remarcó que estos beneficiarios deberían recibir el mismo trato que quienes fueron adjudicados en el macrolote 1 y señaló que la situación actual podría desembocar en un importante conflicto judicial. “Si no se alcanza un nuevo acuerdo, existe el riesgo real de que el municipio enfrente una demanda legal por incumplimiento”, advirtió, y agregó: “En ese caso, el juicio sería contra el municipio, que es quien asumió el compromiso. Eso es lo que me enerva”.
Para Vénica, la solución pasa por una renegociación transparente con los beneficiarios: “Tiene que haber un acuerdo y una redefinición entre el municipio y los adjudicatarios. Si yo fuera parte del Ejecutivo, me sentaría con todos ellos, evaluaría lo que tenemos disponible y les propondría una solución acorde a sus derechos adquiridos”.
El concejal reconoció que no todos los beneficiarios aceptarían un nuevo esquema. “Es probable que algunos rechacen el acuerdo y decidan iniciar acciones legales. Pero si eso ocurre, será una demanda varias veces millonaria que puede perder la municipalidad, porque es deudora desde que cerró ese paquete de adjudicaciones”, explicó.
Recordó además que el sorteo realizado en su momento para adjudicar los macrolotes generó derechos subjetivos y, al mezclar a los beneficiarios, terminó afectando el principio de prioridad. “Un beneficiario con alta prioridad puede haber salido sorteado en el macrolote 5, mientras otro, que estaba en el lugar 200 del listado, resultó adjudicado en el macrolote 1. Esa mecánica terminó por desordenar todo”, enfatizó.
Vénica también se mostró tajante respecto al rol del Concejo Deliberante en esta cuestión: “Cada vez que nos traen un expediente para aprobar una ordenanza que le diga a la gente que le vamos a dar lotes con servicios, yo me niego a firmarlo porque eso es ilegal. Estaría cometiendo una falta grave. Estamos todos locos si hacemos eso”, advirtió, en su rol de abogado.
Subrayó que es momento de sincerar la situación. “Hay que sentarse con los acreedores —que en este caso son los beneficiarios— y decirles la verdad: esto es lo que hay, ¿cómo lo solucionamos?”, planteó. Y señaló que, si algunos aceptan una nueva propuesta, deberán firmar un acuerdo individual con el Ejecutivo, dejando constancia de su conformidad.
“Si lográs acuerdos con 200 personas y quedan algunas sin firmar, esas personas podrán iniciar un juicio contra la Municipalidad. Es un escenario similar a un default”, comparó Vénica, aludiendo a las crisis financieras. “Eso es lo que nadie quiere decirle a la gente. Yo siempre mantuve mi postura: les hablo de frente”, remarcó.
Finalmente, aclaró que la solución no está en manos del Concejo Deliberante, ya que se trata de un expediente cerrado con adjudicaciones y compromisos formalizados: “Si intentamos intervenir desde el Legislativo, estaríamos violando derechos adquiridos, lo cual constituye una ilegalidad. Solo el Ejecutivo puede sentarse a negociar. Luego, si se alcanza un acuerdo —ya sea colectivo o individual—, recién ahí puede intervenir el Concejo para ratificarlo”, concluyó.
