Así lo anunció anoche el presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, en una entrevista con el noticiero de Angostura Digital Televisión. Destacó que, en un amplio dictamen, la auditora municipal resolvió que la norma sancionada, que amplió el uso del predio del CEF 7 para poder construir la EPET 28 y la Escuela 361, no vulneró la Carta Orgánica Municipal y es válida. Crónica y video con la entrevista.
El dictamen emitido por la auditora municipal, Roxana Díez, confirmó la validez de la Ordenanza 2475, sancionada por el Concejo Deliberante de Villa La Angostura el pasado 31 de julio, y promulgada ese mismo día por el intendente Javier Murer. La resolución trajo alivio y respaldo político a la gestión municipal, que enfrentaba fuertes cuestionamientos legales y políticos en torno al proyecto.
La auditora determinó que la norma no vulnera la Carta Orgánica Municipal (COM), contrariamente a lo sostenido por los exconvencionales y exconcejales del MPN, Silvana Gordillo y Guillermo Hensel, quienes habían solicitado la revisión y planteado la nulidad del proceso mediante una presentación judiciales presentada en el Juzgado de Zapala.
En una entrevista realizada anoche en el Noticiero de Angostura Digital Televisión, el presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, destacó que el informe de la Auditora “es categórico, extenso, minucioso y concluye que no existe motivo para declarar nula la ordenanza, ya que cuenta con toda la validación legal necesaria”.
“El informe ratifica que la norma no va en contra de la Constitución Nacional, ni de la Constitución Provincial, ni de la Carta Orgánica Municipal”, enfatizó Raimondo.
Los antecedentes históricos del predio
El debate sobre la legalidad del uso del predio del CEF 7 tiene raíces históricas. Raimondo recordó que el terreno fue originalmente cedido como espacio verde por Grovermann a la Municipalidad, pero que desde fines de la década de 1970 comenzó a tener intervenciones destinadas a fines deportivos.
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1978/1979: durante la intendencia de Eduardo Hensel, se solicitó financiamiento a Nación para construir un gimnasio municipal en ese espacio, alegando la necesidad de instalaciones cerradas para actividades en un clima lluvioso.
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1979: se sancionó un Código de Zonificación que incluyó modificaciones en el uso del predio.
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1984: con la vuelta de la democracia, los concejales sancionaron la Ordenanza 167/84, que cambió formalmente la clasificación del lote de “espacio verde” a “área recreativa y deportiva”, ordenando además la transferencia de la escritura a nombre de la Municipalidad.
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Décadas posteriores: se sucedieron nuevas intervenciones, incluida una ordenanza de 2016 que declaró de obra pública la modificación del albergue y el quincho municipal para el funcionamiento de la Escuela 361.
Con estos antecedentes, Raimondo argumentó que desde 1984 el predio ya no es espacio verde, y que las objeciones planteadas por Gordillo y Hensel omiten esta normativa fundamental.
Lo aprobado por el Concejo Deliberante
La Ordenanza 2475 habilitó la ampliación del uso del área recreativa y deportiva para fines educativos, delimitando polígonos específicos para la construcción de la Escuela Primaria 361 y la EPET N°28.
Las ubicaciones ya están georreferenciadas:
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La Escuela 361 en la esquina de Cerro Bayo y Michay.
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La EPET 28 en la intersección de Michay y Millaqueo.
Entre ambas instituciones se proyecta un espacio destinado a estacionamiento.
Raimondo explicó que la ordenanza obliga al Municipio a realizar la mensura correspondiente para luego ceder los lotes a la Provincia, que será la encargada de licitar las obras.
La causa judicial pendiente
Pese al aval de la Auditoría, la controversia aún tiene una instancia judicial. Hensel y Gordillo promovieron una demanda en el juzgado contencioso administrativo de Zapala, solicitando la nulidad de la ordenanza y una medida cautelar para suspender sus efectos.
Para Raimondo, el pedido carece de sustento: “Es llamativo que en su presentación no mencionen la ordenanza 167/84, que fue la que cambió el destino del predio. Claramente, buscan retrasar el proceso. El juez debería expedirse rápido, porque no hay fundamentos para una cautelar”.
El debate se da en un contexto de emergencia edilicia en el sistema educativo local. La Escuela 361 funciona desde hace más de 10 años en condiciones precarias, con instalaciones inadecuadas para docentes y estudiantes. La EPET 28, por su parte, debió dictar clases en contenedores, con alumnos expuestos al frío y realizando recreos en espacios improvisados.
“Este Concejo tomó una decisión pensando en las necesidades inmediatas. No se trata solo de una cuestión legal, sino de dignidad para nuestros estudiantes y docentes”, sostuvo Raimondo.
Futuro de las instalaciones deportivas
Una de las preocupaciones planteadas por la comunidad es el destino de la cancha de fútbol y la pista de atletismo actualmente emplazadas en el CEF 7. La ordenanza sancionada obliga al Ejecutivo a buscar espacios adecuados para su traslado.
La secretaria de Planeamiento, Andrea Aldea, trabaja en esa reubicación dentro del plan de ordenamiento territorial. Raimondo remarcó que “no se busca dividir educación y deporte, sino avanzar en paralelo: las escuelas sumarán dos gimnasios cerrados que también beneficiarán la actividad deportiva local”.
Consulta popular descartada
El presidente del Concejo también rechazó la posibilidad de convocar a una consulta popular, al considerar que el planteo carece de sentido: “No es real que se construyan escuelas sobre un espacio verde. Desde 1984 el predio tiene otra clasificación. Nuestro rol es ampliar el uso permitido para resolver una necesidad urgente de la comunidad”.
En conclusión, el dictamen de la Auditoría refuerza la posición del Gobierno municipal y del Concejo Deliberante, aunque el futuro inmediato de la iniciativa aún dependerá de la resolución judicial. Mientras tanto, la comunidad educativa espera con expectativa que se destraben los procesos y se concrete, finalmente, la construcción de los nuevos edificios escolares.
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