El Juzgado Municipal de Faltas de Villa La Angostura informó que se dictó resolución con una multa de 1.655.000 pesos en el marco de una causa contravencional vinculada con el transporte de pasajeros sin habilitación comercial.
El Juzgado Municipal de Faltas de Villa La Angostura informó que durante un procedimiento realizado por personal de la Dirección de Tránsito, se constató que un vehículo circulaba trasladando pasajeros sin contar con la licencia municipal correspondiente. Al momento del control, el rodado intentó darse a la fuga, lo que agravó la infracción y configuró también la falta prevista en la Ordenanza N.º 4143/24, referida a la obstrucción de controles municipales.
Tras el análisis de las constancias del expediente, el Juzgado resolvió aplicar una sanción total de $ 1.655.000, conforme lo dispuesto en la normativa vigente.
Desde el organismo judicial se recordó que las infracciones vinculadas al transporte de pasajeros sin habilitación no son un fenómeno reciente. Desde hace años se detectan y sancionan prácticas de traslado clandestino en la localidad. Sin embargo, lo novedoso radica en la incorporación de aplicaciones digitales, como Uber, que representan nuevas formas de la misma modalidad ilegal.
Asimismo, se subrayó que las actas de infracción deben labrarse en el mismo momento en que un inspector constata la falta. Este procedimiento garantiza transparencia, objetividad y sustento legal en las actuaciones.
Fundamentos de la decisión
La resolución se fundamenta en que el transporte de pasajeros constituye una actividad de interés público, que requiere habilitación previa otorgada por el Municipio para resguardar la seguridad vial y proteger a los usuarios.
La habilitación no se limita a un trámite administrativo, sino que es el mecanismo de control que permite verificar que los vehículos cuenten con seguro, condiciones mecánicas adecuadas, higiene, y que los conductores dispongan de la licencia correspondiente.
Eludir un control no solo vulnera la normativa vigente, sino que además obstaculiza el ejercicio del poder de policía que la Constitución Nacional y la Carta Orgánica Municipal reconocen a los gobiernos locales para proteger a los consumidores y a la comunidad en general.
Perspectivas hacia adelante
El Juzgado aclaró que los controles no buscan coartar fuentes de trabajo, sino proteger a los pasajeros y garantizar la legalidad de la actividad. La Constitución establece la obligación de las autoridades de velar por los derechos de los consumidores y usuarios, lo que requiere asegurar las condiciones de seguridad previstas por la normativa.
En cuanto a las nuevas tecnologías, se sostuvo que el debate sobre aplicaciones como Uber debe darse en el marco de la ley. En todo caso, las legislaciones nacionales, provinciales y municipales deberán adecuarse progresivamente a esos cambios. Mientras tanto, la actividad carece de habilitación legal, no es controlable y no garantiza al pasajero la cobertura mínima de seguridad.
De igual manera, se reconoció que la sociedad demanda mejoras en el servicio de taxis y remises habilitados. En este sentido, se destacó la importancia de abrir el debate y escuchar a todas las partes involucradas, no desde la confrontación, sino desde una mirada constructiva que apunte a mejorar el sistema de transporte.
Compromiso institucional
Desde el Juzgado Municipal de Faltas se reafirmó que los controles al transporte clandestino se intensificarán, pero también se consideró indispensable generar espacios de diálogo y construcción colectiva que permitan fortalecer el sistema de transporte local, proteger a los pasajeros y acompañar la evolución social y tecnológica de la comunidad.
