Desconexión del Epen a mapuches: “El municipio no avala ninguna conexión irregular”

Así lo aclaró el secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti sobre el recamo de las familias “enganchadas” a una línea provisoria del Epen. Explicó que “sin distinción ideológica, todos aquellos usuarios del servicio deben pagar y cumplir con las obligaciones que establece el EPEN”.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti, aclaró la posición oficial respecto al corte de suministro eléctrico realizado por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) a varias familias de la comunidad mapuche Paicil Antriao, ubicadas en el faldeo del cerro Belvedere. En una entrevista con LA ANGOSTURA DIGITAL el funcionario remarcó que “el Municipio no avala ninguna conexión irregular”, y enfatizó la necesidad de cumplir con las obligaciones establecidas por el organismo provincial.

El conflicto se originó esta semana cuando el EPEN resolvió desconectar a alrededor de 70 familias que se encontraban “enganchadas” a una línea provisoria, lo que derivó en reclamos por parte de los integrantes de esta comunidad, quienes criticaron al Gobierno provincial y además exigieron respuestas al intendente Javier Murer en la sede municipal, solicitando soluciones concretas a demandas vinculadas al acceso a servicios básicos a los cuales no pueden acceder al no tener la documentación básica que se exige como propietarios de los lotes ocupados.

Desde la comunidad, además, recordaron que mantienen un reclamo por el reconocimiento de su identidad como pueblo originario, y es así que pidieron que se concrete la entrega del relevamiento técnico  territorial iniciado durante la gestión nacional anterior de Alberto Fernández, pero que la actual gestión del INAI asegura no reconocer como tal.

La posición del Municipio

En una entrevista con LA ANGOSTURA DIGITAL, el secretario de Gobierno fue contundente al señalar que el debate debe correrse de cualquier matiz ideológico para enfocarse en un aspecto técnico y de equidad:“Sin distinción ideológica, todos aquellos usuarios del servicio deben pagar y cumplir con las obligaciones que establece el EPEN. Sí estaremos a disposición para articular con el organismo provincial toda obra en pos de corregir conexiones puenteadas e irregulares que afectan la seguridad y la calidad del servicio en la comunidad”.

Asimismo, Naretti recordó que existe una denuncia judicial de Paulo Antriao, vecino y descendiente directo de antiguos pobladores, cuyo lote se ve afectado por el paso de líneas eléctricas no autorizadas: “no debemos olvidar que también hay un privado que mostró predisposición durante todo este tiempo, pero que hoy sufre las consecuencias del tendido irregular dentro de su propiedad”.

El funcionario insistió en que el abordaje de la situación debe priorizar la seguridad de las personas, la estabilidad del sistema eléctrico y la justicia con respecto al resto de los vecinos que cumplen con el pago de tarifas y servicios.

Compromisos y limitaciones

Consultado sobre la reunión entre el intendente Murer y los representantes de la comunidad, Naretti explicó que no hubo compromisos formales: “el intendente los recibió, los escuchó y les explicó que se trata de un tema propio del EPEN, donde el Municipio no tiene injerencia directa. Se mencionó la posibilidad de analizar la apertura de una calle para permitir un tendido regular, pero quedó pendiente una nueva reunión para el martes próximo. No hubo compromisos concretos, más allá de la disposición a escucharlos”.

Desde la comunidad Paicil Antriao informaron, por su parte, que funcionarios del EPEN se comprometieron a instalar un medidor general para restituir de manera provisoria la energía, con el compromiso de que la propia comunidad se hará cargo tanto de los costos de instalación como del consumo.

Desde hace años que se tramitan varias causas judiciales donde el punto de mayor tensión radica en la falta de reconocimiento formal de la comunidad por parte del Gobierno provincial y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Según explicaron sus representantes, la falta de esa certificación dificulta el acceso a programas y servicios básicos, motivo por el cual exigen la entrega del relevamiento territorial realizado en gestiones de los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

En este contexto, el Gobierno municipal insiste en que la responsabilidad económica de las conexiones y el consumo eléctrico debe recaer en la propia comunidad, en igualdad de condiciones con cualquier vecino de Villa La Angostura.

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