Nación intimó a los vecinos que tienen una pensión con discapacidad para que concurran a un turno médico, de lo contrario se caía su pensión. Pero más del sesenta por ciento nunca recibió la intimación porque la empresa que tenía a su cargo las intimaciones no tiene oficinas en nuestra localidad. Mirá el video con la entrevista del noticiero de Angostura Digital Televisión.
Un operativo de emergencia se desplegó en Villa La Angostura con el objetivo de resguardar el derecho a la pensión por invalidez de 240 vecinos que habían sido intimados por Nación a someterse a reevaluaciones médicas. La situación se tornó crítica cuando se advirtió que más del 60% nunca recibió la notificación oficial, debido a que la empresa contratada para enviar las citaciones no cuenta con oficinas en la localidad.
El origen del problema
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) inició meses atrás un relevamiento de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Como parte de esa auditoría, los beneficiarios fueron citados a entrevistas y controles médicos. Sin embargo, muchas cartas no llegaron a destino: errores en los domicilios, mudanzas sin actualizar o directamente la falta de servicio postal en la localidad dejaron a cientos de vecinos en riesgo de perder un derecho adquirido.
“Nos enteramos por un usuario del Centro Terapéutico que había recibido la primera citación. Pero la carta daba apenas diez días para presentarse y pedía toda la documentación actualizada”, explicó la secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, Paula Zunino, en diálogo con el noticiero de Angostura Digital Televisión.
La urgencia de actuar
La funcionaria advirtió que no asistir al turno médico o no justificar la ausencia equivalía a la baja inmediata de la pensión. Ante esa situación, el municipio, junto con el intendente Javier Murer, la viceintendenta Tamara Martínez, la Subsecretaría de Discapacidad de la Provincia, el Centro Terapéutico, el Centro de Día Amancay y el Hospital local, organizó un plan de acción “contrarreloj”.
Primero se solicitó a Andis el listado oficial de personas convocadas, que incluyó a 240 vecinos. Luego, comenzó un operativo telefónico y territorial para ubicar a cada uno, explicar la urgencia y garantizar la asistencia a los controles.
“La Secretaría de Ciudadanía se transformó en un call center: tuvimos que comunicarnos uno por uno. Muchos ni siquiera sabían de la citación, otros no comprendían la importancia de asistir. El trabajo fue enorme, pero necesario para defender un derecho básico”, destacó Zunino.
Un operativo en dos etapas
La tarea no se limitó a acompañar a los vecinos a su primera cita. Tras esa instancia, cada beneficiario debía presentar la documentación respaldatoria en ANSES, lo que sumaba una segunda etapa de gestión. “Fue un verdadero trabajo hormiga, pero logramos que la mayoría cumpliera con ambos pasos”, señaló la funcionaria.
Si bien todavía no hay cifras locales de bajas, a nivel nacional ya se registran 88.000 pensiones eliminadas tras estas auditorías. Zunino remarcó la gravedad porque “El 60% de las personas en nuestra localidad nunca se enteró de su citación. Eso es muy grave”.
La funcionaria agregó “La mayoría de nuestros vecinos tienen una pensión por invalidez otorgada justamente. No pueden trabajar y dependen de ese ingreso mínimo para subsistir” y remarcó “que deban ser reevaluados es entendible, pero las formas no fueron las correctas”.
Defender un derecho adquirido
La funcionaria destacó que se trató de defender un derecho básico de los vecinos más vulnerables. “Una pensión por invalidez laboral es un derecho adquirido. Con ese ingreso no se vive, pero es lo mínimo para sostenerse. Es inaceptable que se pierda por un error burocrático o por falta de información”, concluyó Zunino.
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