Un nuevo proyecto de ley ingresado al Congreso de la Nación busca transformar en política permanente al programa Previaje, considerado una de las herramientas más exitosas para reactivar el turismo interno en los últimos años. La propuesta pretende darle rango de ley a esta iniciativa que nació como medida de emergencia en plena pandemia y que, por sus resultados, logró instalarse en la agenda económica y social del país.
La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Gabriela Estévez (Unión por la Patria), acompañada por sus pares Pablo Carro, Gabriela Pedrali, Leila Chaher y Tanya Bertoldi. El texto propone la creación del Programa de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales “Previaje” como política pública estable, destinada a consolidar el crecimiento del sector y garantizar su continuidad más allá de decisiones coyunturales.
El mecanismo consiste en otorgar a los viajeros un crédito estatal de entre 20% y 50% del monto de las compras anticipadas de servicios turísticos —alojamiento, transporte, excursiones, gastronomía y actividades culturales—. Ese reintegro se canalizaría a través de una tarjeta precargada (física o virtual) utilizable exclusivamente en el mercado turístico argentino.
Los beneficiarios serán todos los mayores de 18 años residentes en el país, identificados en la plataforma Mi Argentina, mientras que los prestadores deberán inscribirse en un registro oficial.
Financiamiento y aplicación
El programa se financiará con un presupuesto anual compuesto por el 30% de la recaudación del Derecho Nacional al Turismo (DNT) más partidas del Presupuesto General de la Nación. La autoridad de aplicación, designada por el Poder Ejecutivo, trabajará en conjunto con el Consejo Federal de Turismo para definir montos mínimos y máximos, porcentajes de reintegro y períodos de vigencia.
Además, se contemplan sanciones para prestadores o beneficiarios que incurran en irregularidades, desde la exclusión del programa hasta posibles sanciones administrativas o penales.
Impacto económico demostrado
Los fundamentos del proyecto resaltan que el Previaje, implementado en 2020 y desarrollado en cinco ediciones, benefició a 8 millones de personas, generó un impacto económico superior a $790 mil millones y aportó $550 mil millones en facturación directa a prestadores inscriptos.
El Previaje 2 (2021) fue el más exitoso: alcanzó a 4,5 millones de turistas, movilizó $165 mil millones y recuperó el 79% de su costo inicial vía retorno fiscal. Estas cifras, destacan los legisladores, demuestran que el programa no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión estratégica con efecto multiplicador en el empleo y en las economías regionales.
Un instrumento contracíclico
En un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo, el Previaje busca funcionar como política contracíclica: moviliza el ahorro en pesos, fortaleciendo la economía interna, desincentiva el turismo emisivo, evitando la salida de divisas y genera ingresos fiscales y empleo en destinos de todo el país.
El proyecto también incorpora un criterio inclusivo: los afiliados al PAMI recibirán un reintegro del 50%, con el objetivo de promover el acceso de adultos mayores a la actividad turística.
Con esta ley, los legisladores pretenden que el Previaje deje de depender de decisiones administrativas de corto plazo y se convierta en una política de Estado. Esto otorgaría previsibilidad tanto a prestadores como a consumidores, permitiendo planificar inversiones, campañas de promoción y estrategias de desarrollo a mediano y largo plazo.
Finalmente, la propuesta destaca que priorizar el turismo interno no solo contribuye al crecimiento económico, sino también al fortalecimiento cultural y social. Según datos de la Organización Mundial del Turismo, la actividad representó el 7,6% del PBI mundial en 2022, lo que refuerza su rol estratégico en el desarrollo sostenible.
De aprobarse, la ley representaría —en palabras de Estévez y sus colegas— “una inversión en el futuro económico y cultural de la Argentina”, con beneficios directos para las familias, los prestadores y las comunidades locales.
