Javier Murer tomó esta iniciativa ante el crecimiento exponencial de las unidades destinadas exclusivamente a alquileres turísticos temporales, a través de plataformas digitales (Airbnb, Booking, similares), lo que profundizó la crisis habitacional ante la falta de alquileres permanentes.
El gobierno de Javier Murer decidió suspender de manera temporaria nuevas habitaciones de alquileres de ATT como “medida excepcional, hasta tanto se definan e implementen los instrumentos normativos para su gestión y regularización en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). A tales efectos, se entiende por Plan de Ordenamiento Territorial (POT) al instrumento rector de planificación que orienta el desarrollo urbano mediante lineamientos para el uso, ocupación y subdivisión del suelo, la protección del ambiente natural y paisajístico, y la organización del crecimiento de la ciudad en forma equitativa, sostenible y compatible con el derecho a la vivienda y la preservación de los recursos turísticos”.
En el mismo decreto el intendente implementó “incentivos y beneficios temporales para aquellos propietarios de Alojamientos Turísticos Temporales (ATT) que opten por reconvertir sus inmuebles para alquileres residenciales permanentes, así como también a aquellos locadores que ofrezcan sus inmuebles a alquiler residencial permanente”.
Quedan exceptuados de esta normativa aquellas gestiones de habilitaciones y/o cambio de destino que hayan operado con anterioridad y se encuentren pendiente de resolución al 30 de septiembre de 2025 inclusive.
Los fundamentos
El jefe comunal explicó que “durante los últimos 4 años la ocupación turística anual de la localidad promedió un 51%, dando cuenta de la gran disponibilidad de plazas para su comercialización y que esta dinámica produce detrimento en las dinámicas urbanas tradicionales, proliferando edificios con vocación turística que alteran la fisonomía residencial, debilitando la cohesión comunitaria”.
Recordó que “el auge de los alquileres turísticos ha acelerado un proceso de especulación inmobiliaria, en el que la vivienda deja de concebirse como un derecho social y pasa a ser un activo de inversión, con unidades que permanecen vacías gran parte del año a la espera de la temporada alta o de su valorización futura” y que “esta lógica especulativa ha generado un encarecimiento del suelo y de la vivienda, tanto en el mercado de alquiler como en la compraventa, restringiendo aún más el acceso a la vivienda por parte de la población residente”.
Advirtió que “se ha promovido una producción inmobiliaria orientada al turista, con proliferación de tipologías como monoambientes o apart-hotel encubiertos, desplazando la construcción de viviendas aptas para familias residentes y que la expansión de este fenómeno produce tensiones en los servicios públicos y saturación de la infraestructura urbana, además de configurar situaciones de competencia desleal frente al sector hotelero formalmente habilitado”.
Murer explica en su decreto que “la preservación y fortalecimiento de la oferta hotelera de calidad, debidamente habilitada y regulada, resulta estratégica para el posicionamiento del destino, dado que garantiza estándares de servicio, seguridad y sostenibilidad que contribuyen a mantener la competitividad turística de la ciudad en el mediano y largo plazo” y que “la proliferación de alojamientos turísticos temporarios no habilitados ni regulados genera un escenario de competencia desleal con las plazas hoteleras formales, las cuales cumplen con exigencias legales, fiscales, de seguridad e higiene que implican mayores costos operativos y responsabilidades”.
Otras consideraciones
Murer dijo que “esta competencia desigual produce consecuencias negativas para el destino, al desalentar la inversión en hotelería formal, poner en riesgo la calidad del servicio turístico y debilitar un sector estratégico que garantiza empleo registrado, estándares de atención y estabilidad en la oferta y resulta indispensable resguardar y fortalecer la oferta hotelera regulada como base de la competitividad turística de la ciudad, asegurando que el crecimiento económico no se sostenga sobre la informalidad y la precarización”
“La saturación de áreas sensibles por la afluencia simultánea de gran cantidad de visitantes provoca efectos negativos en ecosistemas, sendas, costas y bosques, generando deterioro ambiental y pérdida de calidad paisajística, lo que a mediano plazo puede incluso comprometer la sustentabilidad del destino y la planificación territorial debe contemplar la protección del paisaje y del ambiente natural como bienes colectivos, equilibrando la explotación turística con la preservación de los recursos que sostienen la identidad y la economía local”.
“Si bien la actividad turística vinculada al alquiler turístico residencial genera beneficios económicos de corto plazo para propietarios e inversores, también ha derivado en una contracción de la oferta de vivienda permanente y en un incremento de los precios de alquiler, afectando directamente el derecho a la vivienda de la población local”, finalizó Javier Murer.
